Monitor de Infraestructuras

Seopan y las grandes cons­truc­toras están par­ti­ci­pando en el desa­rrollo del PIC

El plan de infraestructuras de Fomento sigue anclado y sin ningún proyecto

El Gobierno había anun­ciado que arran­caría en 2017 y to­davía no se co­nocen las obras ni los bancos que par­ti­ci­parán

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El Gobierno aprobó en julio pa­sado el plan de cons­truc­ción y me­jora de ca­rre­teras por valor de 5.000 mi­llones de euros y to­davía no se ha con­fi­gu­rado nin­guna li­ci­ta­ción ni de­ter­mi­nado el nú­mero de bancos que están dis­puestos a fi­nan­ciar parte de los pro­yec­tos. Estaba pre­visto que arran­case a la vuelta del ve­rano y habrá que ver si en lo que resta de año se pone en marcha al­guna obra.

El Ministerio de Fomento está ultimando lo que se conoce como el nuevo Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) pero no acaba de ver la luz definitiva. El equipo de Íñigo de la Serna está discutiéndolo con el sector y con la patronal Seopan que preside Julián Núñez.

El presidente de la patronal de la construcción se ha quejado en los últimos tiempos de que la mejora económica que España vive desde 2014, con crecimientos del 3,1% previsto para este año y del 2,3% para 2018 -corregido del 2,6% previsto para 2018 al 2,3% por el efecto Cataluña-, no ha servido para reavivar la obra pública. “En vez de propiciar una recuperación gradual de nuestra inversión presupuestaria en infraestructuras, está restringiéndola cada vez más, para atender otras prioridades”, ha señalado en más de una ocasión el representante de los constructores.

Según un informe reciente de la OCDE, España es el segundo país desarrollado que más ha recortado su inversión pública desde 2007, solo superado por Irlanda. En 2016, la inversión pública en España cayó al 1,9% del Producto Interior Bruto (PIB), el mínimo histórico desde 1995.

Dentro de la Unión Europea, únicamente Portugal, con una cuota del 1,5%, registra un porcentaje inferior. Hay que decir, que la media de toda la UE es del 2,7% y que España, en 2009, seguía invirtiendo un 5,1% del PIB, un año después del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis que disparó el paro. Después, la inversión pública cayó en picado por los recortes que el Gobierno impuso al gasto en obras presionado también por el fuerte déficit.

Inversión privada

El Plan de Inversión Extraordinaria en Carreteras que el Ejecutivo pondrá en marcha en breve conlleva una inversión de 5.000 de millones financiado en una gran parte con capital privado, para obras de construcción y mantenimiento sobre unos 2.000 kilómetros de autovías. Seopan y la patronal de medianas constructoras Anci han reconocido que el nuevo plan de carreteras “señala el camino a seguir para no perder el tren del desarrollo y la competitividad”. No obstante, lo consideran insuficiente para situar al país al nivel de los grandes de Europa.

Los proyectos no han sido concretados aún pero básicamente se van a centrar en completar trazados de vías transeuropeas, mejora y ampliación de otras vías. El periodo de ejecución será entre 2017 y 2021. El objetivo no es otro que reactivar la obra pública empleando un nuevo sistema de financiación para no afectar al déficit público.

El proyecto supondrá la creación de hasta 189.200 empleos, unos 150.000 puestos de trabajo, entre directos, indirectos e inducidos, y otros 39.200 durante el posterior mantenimiento de las carreteras y autovías. Fuentes del sector consideran que el Gobierno debe ser más ambicioso y abrir la mano a otros proyectos muy necesarios como la sanidad, aguas, medio ambiente y agricultura.

El Ejecutivo pretendía licitar las primeras actuaciones en el cuarto trimestre de 2017, con la idea de que arrancase, aunque fuera de forma testimonial, y dejar el grueso de los proyectos para 2018 y 2019. Sin embargo, todo se está dilatando más de lo previsto. Fuentes consultadas han reconocido que la situación catalana no está ayudando nada a que el Ministerio de Fomento y las empresas hayan avanzado todo lo que se pretendía.

No afectará al déficit

Por otro lado, aunque los Presupuestos Generales del Estado de 2018 no tienen ningún efecto sobre el plan, sí es cierto que la no aprobación en el Congreso de los Diputados y el hecho de que el Ministerio de Hacienda se vea obligado a prorrogar las cuentas de 2017 también lo está dificultado.

Los 5.000 millones de euros en los que está presupuestado el PIC no computarán para nada en el déficit porque se mueven al margen tanto de los Presupuestos Generales del Estado como de las cuentas del propio Ministerio de Fomento. La estructura de financiación del mismo correrá a cargo en un 40% por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), otro 40% se pretende que lo financie la banca y otro 20% lo deberán aportar las constructoras que opten a las licitaciones que salgan a concurso.

El sistema de financiación que se quiere aplicar es el de pago por finalidad. Con esta fórmula, el constructor recupera la inversión realizada en las obras -se prevé un periodo de 30 años-, a través de un canon anual firmado con la Administración en función del tráfico que registre y el estado de conservación de la infraestructura. El Gobierno estima que el presupuesto podría alcanzar los 350 millones de euros al año.

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