Monitor de Infraestructuras

La milla de oro de Castellana se con­ver­tirá en la City de los grandes ne­go­cios

El mercado inmobiliario en Madrid puede dispararse si la deriva catalana no se detiene

Varias em­presas que tras­laden su sede so­cial se verán obli­gadas a buscar ofi­cinas

Barrios con fortuna
Barrios con fortuna

Madrid se ha con­ver­tido en la gran re­cep­tora de em­presas que han de­ci­dido cam­biar su sede so­cial de Barcelona y de otras lo­ca­li­dades ca­ta­lanas ante el riesgo de in­de­pen­dencia uni­la­te­ral. El mer­cado de ofi­ci­nas, ya re­ca­len­tado por el cre­ci­miento eco­nó­mico y la po­sible lle­gada de en­ti­dades eu­ro­peas por el Brexit del Reino Unido, puede dis­pa­rarse si lo de Cataluña no se pa­ra­liza.

Siempre se dice que, a río revuelto, ganancia de pescadores, pero es cierto que Madrid y otras provincias como Alicante, Valencia y Zaragoza, van a resultar beneficiadas por la deriva catalana. El negocio inmobiliario va a ser el primero en notarlo pues cada traslado de sede social conlleva trasvasar gran parte de su línea ejecutiva, lo que obligará a buscar oficinas nuevas.

Algunas de las empresas grandes y bancos han decidido instalar su sede social en edificios de su propiedad. En el caso de Caixabank, la antigua sede de Banco de Valencia acogerá el nuevo domicilio social de la entidad catalana. Similar es el caso que Gas Natural Fenosa que se muda a Madrid mientras dure la inseguridad jurídica a la Avenida San Luis, 77, en el madrileño barrio de Hortaleza, antiguo cuartel general de la eléctrica Fenosa.

La milla de oro madrileña

En cambio, otras empresas no disponen de edificios propios y se verán obligadas a alquilar nuevas oficinas. Edificios madrileños tan emblemáticos como Torre Europa, las cuatro Torres de Castellana incluida la Torre Foster adquirida en su momento por Amancio Ortega a Cepsa, Torre Espacio vendida por Villar Mir a un grupo filipino, el edificio que fuera la seda del BBVA, en Castellana 81, y el nuevo inmueble de Castellana 200, recientemente construido junto a la Plaza Castilla, son algunos de los edificios que tienen oficinas disponibles.

Según reconoce el director del área de oficinas de Aguirre Newman, se estima que, en dos años, Madrid recibirá unos 350.000 metros cuadrados de oficinas nuevas. Un 48% de ese espacio se encuentra ya contratado en régimen de alquiler.

Esta nueva incorporación de inmuebles -unos están en construcción y otros rehabilitándose- permitirá hacer frente a las nuevas necesidades que el mercado inmobiliario empieza a demandar. Otra cuestión bien diferente son los precios que pueden moverse en el alquiler. La capital de España es la más cara con diferencia incluso respecto a Barcelona.

Mientras que en la milla de oro del Paseo de la Castellana los precios medios pueden situarse entre los 30-35 euros el metro cuadrado -dependiendo siempre de la zona-, en la Avenida Diagonal de Barcelona no llegan a los 30 euros. Por ese motivo, el traslado de las sedes sociales de algunas empresas va a suponer tener que pagar un precio más alto en el alquiler, si el enclave elegido es zona prime.

Según un informe publicado por Aguirre Newman en julio pasado, en el primer semestre se han incorporado nuevas superficies de oficinas en zonas cotizadas pero con precios más acordes para empresas con un perfil más económico. En Príncipe de Vergara, se han dispuesto 11.000 metros cuadrados; en Julián Camarillo 29-31, otros 40.000 metros cuadrados; en la Torre Chamartín, 1.400 m2; en Madrid Río, 26.000 m2 y en Discovery Building, 10.000 m2.

Aguirre Newman considera que la demanda de espacios de oficinas seguirá creciendo en el segundo semestre del año y se espera que se superen los 500.000 m2 de contratación brutos. Concretamente, el mercado de oficinas en Madrid y Barcelona ha superado los 270.000 metros cuadrados en el primer semestre.

El informe no señala nada respecto a la situación de Cataluña ni los efectos que podría tener la declaración unilateral de independencia. Tampoco se preveía que fueran a producirse las deslocalizaciones de sedes que se están produciendo tras el 1-O. La consultora sí destaca, en cambio, que los precios seguirán al alza en el distrito de negocios de Madrid, es decir en las zonas prime de Castellana y subidas más suaves en el resto de la capital.

Efecto arrastre para nuevos inversores

Independientemente de lo que decidan esta semana el Govern de Carles Puigdemont y el resto de los partidos secesionistas sobre si seguir o no con su hoja de ruta marcada, lo cierto es que se producirá un efecto arrastre no solo en cuanto a traslados de sedes sociales o domicilios fiscales sino también respecto a creación de nuevas empresas e inversiones por parte de fondos extranjeros.

Desde 2008 hasta agosto de 2017, cerca de 8.000 empresas han abandonado Cataluña frente a las 5.000 que se han instalado. Un informe publicado recientemente por la consultora Axesor señalaba que unas 405 empresas habían abandonado Cataluña en la primera mitad del año, frente a las 337 que se instalaron, lo que genera un saldo negativo de 68 compañías menos que aportan capital y riqueza a la región catalana.

En el lado opuesto, se encuentra Madrid donde, hasta junio, se produjeron 649 deslocalizaciones empresariales pero, en cambio, se incorporaron 789 empresas nuevas, una diferencia positiva de 135.

En los días previos al 1-O, varias organizaciones empresariales han advertido que se está produciendo ya una paralización de inversiones en Cataluña. El presidente de la Cámara de Comercio de España, Juan Bonet, señaló en vísperas del referéndum ilegal que “una situación como la que se vive en Cataluña en este momento hace que las empresas esperen a ver qué pasa” y que no inviertan.

Bonet preside el grupo Freixenet y siempre se ha mostrado contrario a la independencia. En una entrevista en RNE, dijo que en la próxima reunión del consejo de la compañía propondrá el cambio de domicilio social.

Multinacionales como Nike, Bayer, Basf, Volkswagen-Audi o Lidl han anunciado también que dependerá de la situación, pero que si se detecta inseguridad jurídica se verán obligadas a trasladar sus centros de decisión y domicilio social y fiscal a otra comunidad autónoma.

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