El Ejecutivo tiene re­cu­rrida la sen­tencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional

El Gobierno pagará 400 millones más intereses a las eléctricas por el bono social de 2015 y 2016

Iberdrola y Red Eléctrica se sienten "tratadas mal" por JP Morgan al re­bajar sus re­co­men­da­ciones

Bono eléctrico social
Bono eléctrico social

El sector eléc­trico re­ci­birá unos 400 mi­llones más in­tereses por el pago del bono so­cial que las em­presas rea­li­zaron co­rres­pon­dientes a los ejer­ci­cios 2015 y 2016. El Ministerio de Energía ha dado tras­lado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que pro­ceda al pago, tras ser pu­bli­cada la Orden en el BOE. A Iberdrola, en cam­bio, le ha du­rado poco la ale­gría pues JP Morgan ha re­ba­jado su re­co­men­da­ción de "sobreponderar". La eléc­trica se siente "injustificadamente mal tra­tada" con la de­ci­sión.

Una de cal y otra de arena para la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán, pues JP Morgan ha seguido prácticamente los pasos de Goldman Sachs, que recientemente alertaba de los riesgos que entraña para todo el sector el nuevo marco regulatorio previsto para el periodo 2020-2025. El banco de inversión norteamericano advertía en su informe que la rentabilidad de todo el sector podría recortarse hasta un 40%.

JP Morgan se centra concretamente en Iberdrola y en Red Eléctrica y rebaja, en ambos, su recomendación. La firma estadounidense recorta a las dos compañías su perspectiva a neutral desde sobreponderar. En Red Eléctrica, rebaja también el precio objetivo de 19,2 euros por acción frente a los 20 euros anteriores.

La firma norteamericana se basa especialmente en la incertidumbre política que vive España con Cataluña, aunque tiene igualmente en cuenta los riesgos que pueden surgir con el debate regulatorio que podría aplazarse a la espera de que se aclare el conflicto de Cataluña.

El efecto de la libra, el dólar y la sequía

La cuestión del Brexit puede afectar además a Iberdrola por los intereses que la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán tiene en Reino Unido, la debilidad de la propia libra y del dólar, más el descenso de la producción hidráulica por culpa de la fuerte sequía que sufre España.

En la compañía no ha caído nada bien que JP Morgan se centre solo en la eléctrica y pase por alto el resto, cuando Iberdrola no tiene apenas intereses eléctricos en Cataluña, ya que posee un 15% en la central nuclear de Ascó II y un 28% en Vandellós II, pero no tiene mercado. Todo lo contrario de Endesa y de Gas Natural Fenosa.

Fuentes consultadas consideran que la firma estadounidense se ha precipitado a la hora de hacer valoraciones cuando el problema de Cataluña está por resolverse. Fruto de ello, las acciones de Iberdrola cayeron un 1,30% y cerraron a 6,47 euros, mientras que Red Eléctrica retrocedió un 0,91% hasta los 17,43 euros.

Al margen del daño que puede acarrear el informe de JP Morgan, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa han visto cumplido las sentencias del Tribunal Supremo 24 y 25 de octubre y 2 de noviembre de 2016 por las que resolvió estimar parcialmente los recursos contencioso-administrativo interpuestos por las tres eléctricas y EON España sobre el bono social.

Las citadas sentencias declararon inaplicable el régimen de financiación del bono social y declarar el derecho de las empresas a ser indemnizadas por las cantidades que hubieran entregado cada una más los intereses legales correspondientes de ejecución.

400 millones a repartir

Por tanto, las eléctricas deberán recibir en su conjunto unos 200 millones de euros por cada uno de los ejercicios correspondientes a 2015 y 2016. De esa cantidad a Endesa le corresponde recibir un 41%, a Iberdrola un 37,9% y a Gas Natural Fenosa un 17,40%. Esta liquidación se hace en función de la cantidad que cada eléctrica pagó por su cuota de mercado. Por los dos ejercicios, Endesa recibirá unos 164 millones, Iberdrola 151,6 millones y Gas Natural Fenosa 69,6 millones más los intereses correspondientes.

El bono social -actualmente en fase de revisión ante las protestas de las eléctricas- supone un descuento de un 25% sobre la factura eléctrica y el Gobierno lo aplica a los colectivos considerados más vulnerables económicamente y con una potencia instalada inferior a tres kilovatios. Se concede básicamente a todas aquellas familias con todos sus miembros en paro, familias numerosas y jubilados que tengan la pensión mínima.

El pago adeudado a las eléctricas se hará con cargo a los superávits de ingresos del sistema eléctrico. La Secretaría de Estado de Energía ha dado traslado de la presente Orden publicada en el BOE a la CNMC, como órgano encargado de las liquidaciones, a fin de que proceda a realizar los reintegros correspondientes.

Hay que subrayar que el Gobierno presentó el pasado 2 de febrero recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribula Supremo por considerar que el Alto Tribula interpretó una directiva comunitaria sobre política energética, para lo que no tiene potestad, ya que su función se restringe a la valoración de la legislación nacional.

Fuentes consultadas han señalado a Capitalmadrid que el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional sigue su trámite y una vez resuelva habrá que ver qué ocurre, pero podría tener que revertirse el reintegro.

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