El pe­riodo de in­cer­ti­dumbre del te­jido em­pre­sa­rial sigue aler­tado por la si­tua­ción

El siguiente paso en Cataluña: la muda logística de las empresas

El tras­vase de tra­ba­ja­dores sería el se­gundo paso si se man­tiene el desafío ca­talán

Fuga de capitales en
Fuga de capitales de Cataluña.

Después de co­nocer la am­bigua de­cla­ra­ción de in­de­pen­dencia de Cataluña se man­tiene la in­cer­ti­dumbre po­lí­tica que te­níamos hasta este mo­mento y que re­per­cute de facto a las em­presas que operan en la re­gión. Aunque el procés se ha visto pa­ra­li­zado tras los úl­timos acon­te­ci­mien­tos, la con­fu­sión per­dura y si se avanza hacia una se­ce­sión uni­la­teral real las com­pañías se­gui­rían to­mando me­didas adi­cio­nales que re­per­cu­ti­rían di­rec­ta­mente en la ac­ti­vidad eco­nó­mica ca­ta­lana.

La primera avanzadilla ha sido, como ya se ha ido conociendo en los últimos días, el traslado del domicilio social de muchas compañías para garantizarse mayor seguridad en términos jurídicos ante el aumento del desafío independentista. Un paso que lo han dado empresas como CaixaBank, Gas Natural Fenosa, Banco Sabadell, Agbar, Colonial, MRW, Cellnex, Criteria, Lleida.net, Banco Mediolanum, Service Point, GVC Gaesco, Catalana Occidente, Dogi, eDreams, Planeta o Derby Hotels.

El temor ha ido in crescendo y cada vez son más las firmas que buscan el amparo de la legalidad fuera del territorio catalán en aras de proteger a sus clientes e inversores. Todo ello, pese al marco de confusión que se ha abierto una vez que Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, realizara una declaración independentista en diferido que conllevó el requerimiento por parte del gobierno para recibir explicaciones al respecto (paso previo a la aplicación del artículo 155 de la constitución).

Ante este panorama las empresas de Cataluña, también las pequeñas y medianas, siguen valorando la posibilidad de marcharse de la región para instalar sus domicilios sociales en otras áreas. Sin embargo, no es el único paso que están tomando, sino que ya se está valorando la posibilidad del traslado de la logística a esas nuevas sedes.

Desde el govern señalaban que esta muda de domicilios no afectaría a la economía catalana, pese a no tener en cuenta en sus declaraciones las recaudaciones fiscales, pero la realidad es que el próximo episodio puede ser aún mucho más duro si es que estas incertidumbres que se encuentran en el aire en este momento se mantienen.

Un mayor desastre para la economía

Y es que el capítulo a continuación que se está teniendo en consideración es el traslado de la operativa de muchas compañías en Cataluña hacia sus nuevos emplazamientos sociales. Esto, según apuntan fuentes del ámbito jurídico y laboral se traduciría en una fuga también “de trabajadores, equipos y activos hacia los nuevos centros de operaciones”, lo cual se traduciría en un impacto en términos de facturación, productividad y empleo en la comunidad autónoma.

Las mayores empresas catalanas dan trabajo a miles de ciudadanos, por lo que estos movimientos serían palabras mayores en comparación con lo que hemos visto hasta el momento. De hecho, incluso multinacionales como Volkswagen valoraba la posibilidad de traslado de la fábrica que tiene en Martorell en el caso de que se diera un paso más por parte del ejecutivo catalán. El impacto sería realmente espeluznante.

También cambio de sedes fiscales

Otro de los pasos que están siguiendo las empresas catalanas de manera paralela es el de la modificación del domicilio fiscal. El rimo es trepidante y es una manera de blindarse ante la fiscalidad. Caixabank y Sabadell ya lo han realizado como método de protección ante sus depositantes, clientes y accionistas, frente al desafío de que se conformara una nueva Agencia Tributaria catalana.

Quien aún no ha tomado ese mismo camino ha sido Gas Natural Fenosa a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos. Pero, sea como fuere, las últimas balanzas fiscales de la Generalitat, de Cataluña se obtiene el 19,1% de la recaudación de Sociedades del conjunto de España. En conjunto, la cifra aumenta hasta los 4.547 millones de euros. El cambio del domicilio fiscal pretende, así, ser un mecanismo de protección ante la hipótesis de este escenario.

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