POLÍTICA NACIONAL

Puigdemont, Junqueras y Romeva se explicarán en Bruselas

La in­de­pen­dencia uni­la­te­ral, en con­tra­dic­ción con el es­pí­ritu y las leyes de la Unión Europea

Puigdemont y Junqueras
Puigdemont y Junqueras

Tres de los prin­ci­pales pro­mo­tores y ga­rantes del pre­ten­dido re­fe­réndum pro in­de­pen­dencia de Cataluña, Carles Puigdemont, pre­si­dente de la Generalidad, Oriol Junqueras, vi­ce­pre­si­dente del ‘govern’, y el ‘conseller de Exteriors’, Raül Romeva, pre­sen­tarán el pró­ximo día 24 ante un foro del par­la­mento eu­ropeo su pro­yecto de se­pa­ra­ción de España. Así lo anun­ciaron este pa­sado do­mingo, pocos días des­pués de que el Tribunal Constitucional de Alemania sen­ten­ciase que en la República Federal no ha lugar a un re­fe­réndum de se­ce­sión de uno de los es­tados fe­de­rados (en este caso, Baviera), ya que la so­be­ranía re­side en el con­junto del pueblo ale­mán.

Este pronunciamiento sigue al de hace unos meses del Tribunal Constitucional italiano, por el mismo asunto y con sentencia del mismo tenor (sobre la región del Véneto).

Exactamente lo mismo está dicho por el Tribunal Constitucional español sobre la pretendida independencia de Cataluña, como acreditan las sucesivas sentencias que desautorizaron los pasos ya dados por los independentistas catalanes, tanto del ‘govern’ como del ‘parlament’, en esa dirección. Los independentistas catalanes, a quienes la palabra Europa no se les cae de la boca, se resisten a mirarse en el espejo alemán y en el italiano.

Las dos fuerzas políticas que formaron el gobierno de coalición Junts pel Sí (Esquerra Republicana y Convergencia de Cataluña), eran conscientes de que su tarea más dificultosa iba a ser la formulación de un referéndum de independencia que pasase la prueba “europea”, esto es, que fuese una consulta que, siendo decisoria, fuese sobre todo legal.

Europa es una máquina muy compleja, cuyas piezas se mantienen unidas y funcionando gracias a sus soportes legales. Los europeos son conscientes de que cualquier ruptura o fallo de la cadena de legalidad pone en cuestión los fundamentos de los tratados que hacen de ella una Unión. Por lo tanto, una hipotética Cataluña independiente sólo podría ser miembro de la Unión (como algo distinto a ‘seguir siendo miembros de la Unión’, que los tratados no contemplan) como nuevo estado si su aparición en la escena internacional se produjese bajo el principio de legalidad, esto es, mediante la negociación con un gobierno español que consintiese en la separación de una parte de su territorio. Pero nunca mediante la comisión de un supuesto inconstitucional máximo, como sería una declaración unilateral de independencia (secesión).

La CUP impone la declaración de independencia, ‘sí o sí’

Sin mayoría parlamentaria para formar gobierno para, desde él, negociar con el estado la celebración de una consulta basada en el impreciso ‘derecho a decidir’, la coalición JpS tuvo que aceptar, para disponer de esa mayoría, los votos de la CUP, una formación de extrema izquierda nacionalista que le exigía la celebración incondicional de un referéndum, que ya no sería sobre el derecho a decidir, ni sobre el principio de autodeterminación, sino sobre la independencia en el plazo de dieciocho meses. Es decir, el gobierno de la Generalidad de Cataluña se mantiene porque se halla comprometido a la comisión de un acto ilegal, que, por lo que se deduce de la experiencia europea, deslegitimaría a una Cataluña supuestamente independiente para formar parte de la Unión. La aceptación de ese compromiso con la CUP la resume el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, con su conocido slogan: “Referéndum Sí o Sí”.

Es poco probable que ese planteamiento conminatorio llegue a tener recorrido fuera del inestable juego político catalán. De ahí dos hechos significativos. El primero es el anuncio de Puigdemont, de que no seguirá al frente del llamado ‘procés’, con lo que abre la cuestión sucesoria, mostrando así su desconfianza de que el proceso pueda ser culminado sin un choque frontal con el estado, que dejaría a Cataluña en una situación prerrevolucionaria, cosa que sin duda no complacería a él ni a los sectores sociales que apoyaron siempre a su partido.

El segundo consiste en la posibilidad de mantener el llamado ‘derecho a decidir’ como línea de retirada, el cual se ha fortalecido en los últimos meses al haberse adherido a él las fuerzas de izquierda radical reunidas en torno a los llamados ‘comunes’ de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, más las confluencias en la órbita de Podemos, más la formación de izquierdas tradicional Catalunya Sí que es Pot, fuerzas todas ellas que proponen negociar con el estado una consulta.

Aunque bajo una mirada estratégica sobre el medio plazo (es decir, una vez pasado, de una forma o de otra, el episodio del referéndum) esa apertura a la izquierda permitiría recuperar el principio del derecho a decidir, sin embargo, desde una perspectiva a corto plazo la postura de esa izquierda, que en principio no es nacionalista, debilita la constante conminación al referéndum unilateral que vienen realizando JpS y la CUP, y desaconseja acelerar el proceso para cumplir los plazos que los independentistas se impusieron a sí mismos, en orden a formar gobierno. Para esa izquierda, mientras no se defina a sí misma de modo más determinado, lo mejor es explorar la posibilidad de una consulta, ‘consultada’ con el estado.

Presente en Bruselas pero ausente en Madrid

La comparecencia de Puigdemont, Junqueras y Romeva en Bruselas tiene por objeto, según portavoces anónimos del ‘govern’, explicar que, dada la falta de voluntad del gobierno español de pactar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, se ven obligados a explicar ante ese foro las razones de su pretensión, que sonsisten en la relación entre democracia y referéndum, la mayoría social que, según aseguran, les apoyan, y la vocación europeísta de Cataluña, así como su voluntad de continuar formando parte de la Unión Europea, una vez que su nación se independice.

La presencia de Puigdemont en Bruselas, sin embargo, suscitará más de una reflexión de los parlamentarios europeos sobre su voluntad y la de su ‘govern’, de agotar todos los recursos para la pretendida negociación con el estado, y para mejorar las condiciones económico-sociales de los catalanes, puestas a su disposición al amparo de la Constitución y las leyes españolas. El anuncio de que el ‘president’ catalán no asistirá a la próxima conferencia de presidentes de comunidad puede ser visto como dejación de sus responsabilidades, que le obliga a estar presente para defender los derechos e intereses del pueblo que gobierna. Es dudoso que esa actitud encuentre simpatía y comprensión en cualquier parte de Europa.

Como resumen, podríamos decir que el ‘procés’ se da a sí mismo un respiro, el cual, probablemente, pondrá en cuestión la inexorabilidad de los plazos que sus autores se dieron a sí mismos, y entretanto verán el modo de reforzar el apoyo al ’procés’, pero volviendo a una fase que ya creían superada, y que ahora tratan de recuperar, sin perder mucho crédito: el derecho a decidir. Y a Bruselas, a tratar de poner al estado español en un aprieto. O eso esperan.

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