Monitor de Infraestructuras

El sector exige un marco re­gu­la­torio para que el ca­pital pri­vado in­vierta

Inversión pública: poco en 2016 y menos en 2017

De la Serna ad­mite que el di­nero para fe­rro­ca­rriles y ca­rre­teras “será li­mi­tado” por culpa del dé­ficit

Infraestructuras Viarias en España
Infraestructuras Viarias en España

El mi­nistro de Fomento, Íñigo de la Serna, lo tiene claro: el di­nero des­ti­nado a in­ver­sión para este año vía Presupuestos “será li­mi­tado” por la obli­ga­ción de re­ducir el dé­ficit pú­blico del 4,6% al 3,1%. “Partimos de un acuerdo de no dis­po­ni­bi­lidad que afecta prin­ci­pal­mente al Ministerio de Fomento”, ha de­cla­rado. Y ha sido muy con­creto: ca­rre­teras y fe­rro­ca­rriles ten­drán que ajus­tarse a las li­mi­ta­cio­nes”. Si apenas hubo en 2016, habrá menos en 2017.

Con esta afirmación, De la Serna da prácticamente por acabado 2017 en cuanto a inversiones públicas, un ejercicio en el que apenas habrá dinero para licitaciones ferroviarias y carreteras. Un verdadero jarro de agua fría para las constructoras, que volverán a tener un año en blanco en España, peor incluso que el ejercicio 2016.

El ministro admite que poco, o casi nada, podrá hacerse por los ajustes en gastos a los que les someterá el déficit. Por ello, centra toda su ilusión en 2018, cuando, según sus palabras, se espera que la tendencia cambie, con el déficit ya en el 3%.

Mientras tanto, la hoja de ruta del Ministerio de Fomento, y donde el ministro basará todo su esfuerzo, será en alcanzar un gran acuerdo por las infraestructuras y el transporte. “Ha llegado el momento de dialogar y tratar de alcanzar un gran acuerdo nacional por las infraestructuras y el transporte, que garantice la implementación de las políticas de infraestructuras a nivel nacional. Un pacto político, social, económico e institucional que defina nuestra política de infraestructuras”, señalaba en diciembre pasado en la Comisión de Fomento del Congreso.

Compromiso entre todas las partes

De la Serna busca un compromiso entre todas las partes, el político, el institucional integrado por las comunidades autónomas y los propios ayuntamientos, y tercero, el sectorial, donde estarían las empresas y los sindicatos. El pacto cubriría básicamente toda la política de transporte, infraestructuras, inversiones, financiación, legislación y explotación a desarrollar hasta 2024.

“El objetivo es abrir nuevas vías de diálogo en las que se analicen, entre otras cuestiones, las distintas fórmulas de financiación, incluida la público-privada”, declara el ministro. El Ministerio de Fomento y su titular ven que no le queda otra que abrir el melón y tratar de implicar a todas las partes, los partidos políticos, las empresas, la banca y los sindicatos para que se mojen y aporten su grano de arena.

La idea ha sido recibida con un cierto grado crítico por parte de los grupos políticos y de las fuerzas sociales. Y es que, está bien que, ante la falta de presupuesto para invertir en infraestructuras y obra pública, el Gobierno busque el apoyo de todas las fuerzas vivas, pero cabe la sospecha que, con esta idea, el presidente Mariano Rajoy y su equipo, traten de escurrir el bulto en lo que son sus compromisos de inversión y pedir que el resto se comprometa.

Por otro lado, la búsqueda de un pacto nacional de infraestructuras y que se intente la participación privada no es nada nuevo. De hecho, la patronal de la construcción Seopan lo viene reclamando desde hace tiempo sin que en los últimos años el anterior Gobierno de Rajoy haya hecho nada.

Marco regulatorio y seguridad jurídica

El responsable de la patronal de la construcción, Julián Núñez, ha señalado en más de una ocasión que el sector privado podría asumir parte de la inversión que España necesita, “incluso el 100%”, siempre y cuando “se den las condiciones adecuadas para ello”. “Es importante definir un marco regulatorio estable que proteja a usuarios de la naturaleza de monopolio natural de infraestructuras, aporte seguridad a inversores sobre niveles de precio y servicio”, subraya.

En un informe que Seopan y la consultora AT Kearney presentaron hace más de un año, se insiste que España necesita invertir durante diez años entre 38.000 y 54.000 millones de euros anuales para no perder el tren de competitividad y bienestar social respecto a los principales países europeos como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Reino Unido, por ejemplo, tiene en marcha un plan de infraestructuras con una inversión superior a los 500.000 millones de euros hasta 2020. Alemania y Francia han ampliado también sus planes de inversión en proyectos ferroviarios y carreteras como una vía para reactivar sus economías.

Es decir, el Gobierno y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no deben esconderse en los problemas del déficit para justificar la falta de inversión en carreteras y ferrocarriles. El Ejecutivo debe ingeniárselas para buscar financiación en el sector privado y que España comience a invertir de nuevo en infraestructuras para no perder el tren de la competitividad con Europa.

El inmobiliario es uno de los sectores más atractivos para los inversores internacionales y donde sí está habiendo grandes operaciones. ¿Por qué entonces no llega el dinero a la obra pública? Como dice el presidente de Seopan: puede que no se den las circunstancias adecuadas para ello. Definamos por tanto un marco regulatorio estable que aporte seguridad al sistema y que el sector privado invierta. Esa debe ser la tarea de este Gobierno y del ministro de Fomento.

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