La CEOE ad­vierte sobre esta norma y sobre la po­lí­tica fiscal que aplica el Gobierno

El zarpazo del Gobierno a empresas e inversores penaliza el arranque del año bursátil

Golpe a las re­tri­bu­ciones vía am­plia­ciones de ca­pital li­be­radas o a di­vi­dendos a través de de­re­chos de asig­na­ción

Cristóbal Montoro
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

La Bolsa ha em­pe­zado el año con buen pie, des­pués de la buena racha de cierre de 2016 y lo hace pese al doble zar­pazo fiscal del Gobierno, que afecta de pleno a la ca­pa­cidad de ge­nerar be­ne­fi­cios de las grandes em­presas co­ti­zadas y a los in­ver­sores que buscan ren­ta­bi­lizar sus aho­rros en la renta va­ria­ble. Un ha­chazo fiscal que po­si­ble­mente se di­ri­mirá en el Tribunal Constitucional tras ser re­cu­rrido por los afec­ta­dos. La CEOE ya ha di­cho, por ejem­plo, que es­tudia esta vía.

En el frente empresarial, el Gobierno se sacó de la manga en diciembre un decreto para exprimir un poco más al tejido empresarial y cuadrar como sea las cuentas de 2017. Se trata de sacar 4.500 millones de euros y para eso el equipo médico habitual del Ministerio de Hacienda ha parido una normativa que abunda en la inseguridad jurídica que ha caracterizado la labor legislativa de Montoro al frente de este Ministerio.

La nueva norma obliga a las empresas a revertir las deducciones apuntadas antes de 2013 por el deterioro en el valor de participaciones empresariales que ahora se convertirán en bases imponibles positivas en 2016.

Es decir, que si una filial de un grupo fue mal y la matriz se apuntó una pérdida al capital que aportó a ese proyecto que minoró sus bases imponibles en el impuesto de sociedades la empresa deberá devolver a haciendo aquella deducción en un plazo de 5 años. Y el decreto ofrece otra limitación más. Esa mayor carga fiscal generada retroactivamente a favor del impuesto de sociedades sólo podrá ser compensada con otras pérdidas acumuladas hasta un límite del 60%.

La patronal CEOE ha dado la voz de alarma sobre esta norma y sobre la política fiscal que aplica el Gobierno. Considera que la continua adopción de medidas de urgencia en materia tributaria es "incompatible con la mínima seguridad jurídica necesaria" en toda actividad económica, pero especialmente exigible por los inversores nacionales o extranjeros.

Según el informe de la CEOE, la retroactividad de algunas modificaciones realizadas al impuesto "no es admisible", sino que es una técnica legislativa "muy perjudicial, manifiestamente mejorable y deja en muy mal lugar la imagen de España". Además, considera que el uso del real decreto debe ser la "excepción y no la norma" a la hora de elaborar normativa de carácter tributario.

En ese mismo paquete legislativo fiscal de diciembre va oculta otra carga de profundidad, esta vez contra la política de pago de retribuciones vía ampliaciones de capital liberadas o a dividendos a través del sistema conocido como scrip o reparto de derechos de asignación de acciones que se puedan cobrar bien en metálico, bien en especie, es decir, en acciones.

Pues bien, hasta ahora la posibilidad de vender los derechos en el mercado estaba exenta de retención, no así cuando era la propia empresa emisora la que compraba los derechos. A partir de enero Hacienda ha cortado de cuajo la opción de liquidar los derechos libres de retención, la cual dejaba el ajuste de cuentas fiscales sobre esa operación a la declaración de la renta del ejercicio en que se realizaran esos derechos.

En estas operaciones, el accionista recibe derechos de suscripción que puede vender a la empresa (el tradicional cobro en efectivo), colocar en el mercado o intercambiar por nuevos títulos. Desde 2015 la venta de derechos a la empresa está sujeta a retenciones de entre el 19%-23%, al igual que cualquier otro dividendo en metálico. Sin embargo, las otras dos opciones contaban con importantes incentivos fiscales.

Hasta el cierre de 2016, el inversor que vendía sus derechos en el mercado podía hacer caja, obteniendo un importe que podía ser incluso superior al precio de compra fijado por la empresa. Pero a diferencia del cobro en metálico, esta liquidez no estaba sujeta a retención. Asimismo, el accionista podía diferir el pago a Hacienda hasta el momento en el que se vendieran las acciones ligadas a estos derechos.

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