La CEOE advierte sobre esta norma y sobre la política fiscal que aplica el Gobierno

El zarpazo del Gobierno a empresas e inversores penaliza el arranque del año bursátil

Golpe a las retribuciones vía ampliaciones de capital liberadas o a dividendos a través de derechos de asignación

Cristóbal Montoro
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

La Bolsa ha empezado el año con buen pie, después de la buena racha de cierre de 2016 y lo hace pese al doble zarpazo fiscal del Gobierno, que afecta de pleno a la capacidad de generar beneficios de las grandes empresas cotizadas y a los inversores que buscan rentabilizar sus ahorros en la renta variable. Un hachazo fiscal que posiblemente se dirimirá en el Tribunal Constitucional tras ser recurrido por los afectados. La CEOE ya ha dicho, por ejemplo, que estudia esta vía.

En el frente em­pre­sa­rial, el Gobierno se sacó de la manga en di­ciembre un de­creto para ex­primir un poco más al te­jido em­pre­sa­rial y cua­drar como sea las cuentas de 2017. Se trata de sacar 4.500 mi­llones de euros y para eso el equipo mé­dico ha­bi­tual del Ministerio de Hacienda ha pa­rido una nor­ma­tiva que abunda en la in­se­gu­ridad ju­rí­dica que ha ca­rac­te­ri­zado la labor le­gis­la­tiva de Montoro al frente de este Ministerio.

La nueva norma obliga a las em­presas a re­vertir las de­duc­ciones apun­tadas antes de 2013 por el de­te­rioro en el valor de par­ti­ci­pa­ciones em­pre­sa­riales que ahora se con­ver­tirán en bases im­po­ni­bles po­si­tivas en 2016.

Es de­cir, que si una fi­lial de un grupo fue mal y la ma­triz se apuntó una pér­dida al ca­pital que aportó a ese pro­yecto que mi­noró sus bases im­po­ni­bles en el im­puesto de so­cie­dades la em­presa de­berá de­volver a ha­ciendo aquella de­duc­ción en un plazo de 5 años. Y el de­creto ofrece otra li­mi­ta­ción más. Esa mayor carga fiscal ge­ne­rada re­tro­ac­ti­va­mente a favor del im­puesto de so­cie­dades sólo podrá ser com­pen­sada con otras pér­didas acu­mu­ladas hasta un lí­mite del 60%.

La pa­tronal CEOE ha dado la voz de alarma sobre esta norma y sobre la po­lí­tica fiscal que aplica el Gobierno. Considera que la con­tinua adop­ción de me­didas de ur­gencia en ma­teria tri­bu­taria es "incompatible con la mí­nima se­gu­ridad ju­rí­dica ne­ce­sa­ria" en toda ac­ti­vidad eco­nó­mica, pero es­pe­cial­mente exi­gible por los in­ver­sores na­cio­nales o ex­tran­je­ros.

Según el in­forme de la CEOE, la re­tro­ac­ti­vidad de al­gunas mo­di­fi­ca­ciones rea­li­zadas al im­puesto "no es ad­mi­si­ble", sino que es una téc­nica le­gis­la­tiva "muy per­ju­di­cial, ma­ni­fies­ta­mente me­jo­rable y deja en muy mal lugar la imagen de España". Además, con­si­dera que el uso del real de­creto debe ser la "excepción y no la norma" a la hora de ela­borar nor­ma­tiva de ca­rácter tri­bu­ta­rio.

En ese mismo pa­quete le­gis­la­tivo fiscal de di­ciembre va oculta otra carga de pro­fun­di­dad, esta vez contra la po­lí­tica de pago de re­tri­bu­ciones vía am­plia­ciones de ca­pital li­be­radas o a di­vi­dendos a través del sis­tema co­no­cido como scrip o re­parto de de­re­chos de asig­na­ción de ac­ciones que se puedan co­brar bien en me­tá­lico, bien en es­pe­cie, es de­cir, en ac­cio­nes.

Pues bien, hasta ahora la po­si­bi­lidad de vender los de­re­chos en el mer­cado es­taba exenta de re­ten­ción, no así cuando era la propia em­presa emi­sora la que com­praba los de­re­chos. A partir de enero Hacienda ha cor­tado de cuajo la op­ción de li­quidar los de­re­chos li­bres de re­ten­ción, la cual de­jaba el ajuste de cuentas fis­cales sobre esa ope­ra­ción a la de­cla­ra­ción de la renta del ejer­cicio en que se rea­li­zaran esos de­re­chos.

En estas ope­ra­cio­nes, el ac­cio­nista re­cibe de­re­chos de sus­crip­ción que puede vender a la em­presa (el tra­di­cional cobro en efec­ti­vo), co­locar en el mer­cado o in­ter­cam­biar por nuevos tí­tu­los. Desde 2015 la venta de de­re­chos a la em­presa está su­jeta a re­ten­ciones de entre el 19%-23%, al igual que cual­quier otro di­vi­dendo en me­tá­lico. Sin em­bargo, las otras dos op­ciones con­taban con im­por­tantes in­cen­tivos fis­ca­les.

Hasta el cierre de 2016, el in­versor que vendía sus de­re­chos en el mer­cado podía hacer caja, ob­te­niendo un im­porte que podía ser in­cluso su­pe­rior al precio de compra fi­jado por la em­presa. Pero a di­fe­rencia del cobro en me­tá­lico, esta li­quidez no es­taba su­jeta a re­ten­ción. Asimismo, el ac­cio­nista podía di­ferir el pago a Hacienda hasta el mo­mento en el que se ven­dieran las ac­ciones li­gadas a estos de­re­chos.

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