Monitor del Seguro

Los PRIIPS, los KID, los PEPP, las RTS…

Los ‘peros’ de las aseguradoras a la regulación que viene

El sector com­parte los ob­je­tivos aunque alerta de fa­llos graves

Seguro del automovil
Seguro del automóvil, un desastre.

La in­dus­tria ase­gu­ra­dora está su­mer­gida en un mar de si­glas: PRIIPS, KID, PEPP, RTS… Todas ellas co­rres­ponden a nueva re­gu­la­ción que tiene o tendrá que im­ple­mentar el sec­tor. Las ase­gu­ra­doras es­pañolas siempre suelen dar la bien­ve­nida a las nuevas nor­mas, aunque tam­bién es verdad que siempre suele haber un ‘pero’, o unos cuan­tos. Un re­paso a la sopa de le­tras con­funde más que asusta.

Empecemos por los PRIIPS (Packaged Retail and Insurance-Based Investment Productos), o lo que es lo mismo, los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros, instrumentos que forman un mercado en Europa valorado en unos 10 billones de euros. A partir del 31 de diciembre de 2016 entra en vigor el Reglamento europeo 1286/2014 que crea un documento de datos fundamentales para estos productos, el denominado KID (Key Information Document), que debe contener de forma sencilla y concisa información clave para que los clientes la entiendan y puedan fácilmente comparar productos similares. El sector asegurador español comparte el objetivo, aunque tiene bastantes cosas que decir sobre el KID.

De lo primero que se ha quejado la industria es del poco tiempo para adecuarse a las normas. La Comisión Europea (CE) publicó el borrador de propuesta de las Normas Técnicas de Regulación (RTS) sobre el KID el 30 junio y está previsto que a lo largo de este mes se apruebe la versión definitiva. El plazo para implementarlo, por tanto, sería de entorno a unos tres meses, “es un plazo demasiado corto”, según aseguran. Esta opinión incluso la han plasmado en un documento de trabajo (‘Ahorro, Pensiones y Seguro de Vida’, presentado por la Fundación de Estudios Financieros), fruto de un foro de debate con expertos del sector: “En opinión del sector asegurador es preciso llamar la atención sobre el escaso tiempo, apenas 4 meses, con el que contarán las entidades aseguradoras para adaptarse a esta regulación desde que la misma se apruebe, el cual es claramente insuficiente, y por tanto, debería ampliarse, al menos 1 año”. Este es el plazo que se dio, por ejemplo, para incorporar la rentabilidad esperada, según recordó Ramón Jesús Carrasco, director de Riesgos de Mapfre, en la presentación del mencionado documento.

En cualquier caso, no hay nada que hacer en este ámbito. Flavia Rodríguez-Ponga, directora general de Seguros y Fondos de Pensiones, ya contestó al sector en el mismo foro tras escuchar las quejas de las aseguradoras que no es razonable dar más plazo, por lo que no lo va a solicitar. El 1 de enero de 2017, por tanto, las aseguradoras ya tendrán los KID preparados.

Además, consideran que tanto el Reglamento como la normativa de desarrollo (actualmente en tramitación) tiene fallos “importantes”. Por destacar alguno, consideran que el ámbito de aplicación es demasiado amplio y el reto demasiado ambicioso, ya que se pretende que a través del KID se puedan comparar productos que no son homogéneos. Recuerdan que en origen la normativa de los PRIIPS solo se iba a aplicar en lo que respecta a los seguros de Vida a aquellos en los que el tomador asume el riesgo, es decir los unit linked. Pero luego se extendió a otros productos más tradicionales de Vida Ahorro con prestación garantizada a vencimiento. Las aseguradoras españolas consideran que para estos productos más clásicos hay que realizar una adaptación importante del KID para que refleje sus especificidades.

Hay otras muchas quejas en relación al borrador de RTS. Por ejemplo, creen que las definiciones para categorizar los productos no son claras; que la presentación de los beneficios derivados de la contratación de productos de inversión basados en seguros no está suficientemente detallada, sobre todo en el caso de las coberturas adicionales; o que la parte del coste de la prima de riesgo biométrico no debería considerarse como un coste más a efecto del indicador agregado de costes.

También tiene mucho que decir la industria sobre los PEPP (Pan-European Personal Pension Product), una iniciativa de Eiopa (European Insurance and Occupacional Pensions Authority) en el marco de la Unión del Mercado de Capitales para crear un producto paneuropeo de pensiones personales que contribuya a incrementar la previsión social individual. En este caso, el sector también comparte el objetivo, y el ‘pero’ es directamente que consideran que la iniciativa planteada por Eiopa no va a contribuir a lograrlo. ¿Por qué?

La principal razón es que dudan de que se pueda plantear la creación de un instrumento de ahorro privado común para todos los europeos con la diversidad de planteamientos nacionales que existe. Les llama la atención especialmente que no se haya tenido en cuenta que la fiscalidad, la regulación laboral, el acceso a la protección social o los sistemas de salud no están armonizados y son competencia exclusiva de cada uno de los estados. Por eso consideran que en la práctica es muy complicado crear un producto común que, por ejemplo, homogenice los periodos mínimos de permanencia.

Creen, además, que el propio diseño de los PEPP tiene muchas incoherencias. Varias de ellas hacen referencia a los distribuidores. Según la propuesta actual, el sector entiende que “da la impresión de que los distintos agentes que pueden proveer el producto (aseguradoras, gestoras de fondos de pensiones, entidades financieras, IORPs –Institutions for Occupational Retirement Provision-) garantizan el mismo nivel de protección al cliente, cuando ello no es así, porque los estándares de solvencia requeridos a unos operadores y a otros son muy diferentes”, comentan en el documento mencionado anteriormente.

Otras incongruencias serían que se pretende que el producto sea seguro pero el riesgo de la inversión lo asume, por defecto, el cliente; o que también tiene como objetivo que sirva para realizar inversiones a largo plazo, como infraestructuras, pero al mismo tiempo también que sea totalmente líquido y transferible en cualquier momento de un proveedor a otro. También critican que en la propuesta no se tenga en cuenta la fase de desacumulación o cobro pese a tratarse de un instrumento dirigido a generar una pensión.

La legislación ‘made in spain’ no se libra de las reticencias, incluso aquella que se ha elaborado a instancias del propio sector y de la que el supervisor se siente tan orgulloso, como es la creación del indicador de rentabilidad esperada para medir de forma homogénea el coste o rendimiento de los productos, algo similar a la TAE (Tase Anual Equivalente) de los bancos. En este caso la legislación ya está aprobada y el sector apunta que, aunque es un gran avance, no ha de ser solo esta medida la que se use en la comparativa ya que hay otras características del producto y de la compañía que la rentabilidad esperada no recoge. También consideran, entre otras cosas, que en el cálculo se deberían incluir los gastos de la aseguradora, al igual que se incorporan en la TAE.

Estos son solo algunos ejemplos de los ‘peros’ a la ingente regulación a la que se enfrentan las aseguradoras, las cuales tienen por delante una ardua tarea, en esta nueva temporada que se inicia tras el parón veraniego, para intentar eliminarlos, si no todos, sí la mayor parte posible.

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