Monitor del Seguro

Los PRIIPS, los KID, los PEPP, las RTS…

Los ‘peros’ de las aseguradoras a la regulación que viene

El sector comparte los objetivos aunque alerta de fallos graves

Seguro del automovil
Seguro del automóvil, un desastre.

La industria aseguradora está sumergida en un mar de siglas: PRIIPS, KID, PEPP, RTS… Todas ellas corresponden a nueva regulación que tiene o tendrá que implementar el sector. Las aseguradoras españolas siempre suelen dar la bienvenida a las nuevas normas, aunque también es verdad que siempre suele haber un ‘pero’, o unos cuantos. Un repaso a la sopa de letras confunde más que asusta.

Empecemos por los PRIIPS (Packaged Retail and Insurance-Based Investment Productos), o lo que es lo mismo, los pro­ductos de in­ver­sión mi­no­rista vin­cu­lados y los pro­ductos de in­ver­sión ba­sados en se­gu­ros, ins­tru­mentos que forman un mer­cado en Europa va­lo­rado en unos 10 bi­llones de eu­ros. A partir del 31 de di­ciembre de 2016 entra en vigor el Reglamento eu­ropeo 1286/2014 que crea un do­cu­mento de datos fun­da­men­tales para estos pro­duc­tos, el de­no­mi­nado KID (Key Information Document), que debe con­tener de forma sen­cilla y con­cisa in­for­ma­ción clave para que los clientes la en­tiendan y puedan fá­cil­mente com­parar pro­ductos si­mi­la­res. El sector ase­gu­rador es­pañol com­parte el ob­je­tivo, aunque tiene bas­tantes cosas que decir sobre el KID.

De lo pri­mero que se ha que­jado la in­dus­tria es del poco tiempo para ade­cuarse a las nor­mas. La Comisión Europea (CE) pu­blicó el bo­rrador de pro­puesta de las Normas Técnicas de Regulación (RTS) sobre el KID el 30 junio y está pre­visto que a lo largo de este mes se apruebe la ver­sión de­fi­ni­tiva. El plazo para im­ple­men­tarlo, por tanto, sería de en­torno a unos tres me­ses, “es un plazo de­ma­siado cor­to”, según ase­gu­ran. Esta opi­nión in­cluso la han plas­mado en un do­cu­mento de tra­bajo (‘Ahorro, Pensiones y Seguro de Vida’, pre­sen­tado por la Fundación de Estudios Financieros), fruto de un foro de de­bate con ex­pertos del sec­tor: “En opi­nión del sector ase­gu­rador es pre­ciso llamar la aten­ción sobre el es­caso tiempo, apenas 4 me­ses, con el que con­tarán las en­ti­dades ase­gu­ra­doras para adap­tarse a esta re­gu­la­ción desde que la misma se apruebe, el cual es cla­ra­mente in­su­fi­ciente, y por tanto, de­bería am­pliarse, al menos 1 año”. Este es el plazo que se dio, por ejem­plo, para in­cor­porar la ren­ta­bi­lidad es­pe­rada, según re­cordó Ramón Jesús Carrasco, di­rector de Riesgos de Mapfre, en la pre­sen­ta­ción del men­cio­nado do­cu­mento.

En cual­quier caso, no hay nada que hacer en este ám­bito. Flavia Rodríguez-Ponga, di­rec­tora ge­neral de Seguros y Fondos de Pensiones, ya con­testó al sector en el mismo foro tras es­cu­char las quejas de las ase­gu­ra­doras que no es ra­zo­nable dar más plazo, por lo que no lo va a so­li­ci­tar. El 1 de enero de 2017, por tanto, las ase­gu­ra­doras ya ten­drán los KID pre­pa­ra­dos.

Además, con­si­deran que tanto el Reglamento como la nor­ma­tiva de desa­rrollo (actualmente en tra­mi­ta­ción) tiene fa­llos “importantes”. Por des­tacar al­guno, con­si­deran que el ám­bito de apli­ca­ción es de­ma­siado am­plio y el reto de­ma­siado am­bi­cioso, ya que se pre­tende que a través del KID se puedan com­parar pro­ductos que no son ho­mo­gé­neos. Recuerdan que en origen la nor­ma­tiva de los PRIIPS solo se iba a aplicar en lo que res­pecta a los se­guros de Vida a aque­llos en los que el to­mador asume el riesgo, es decir los unit lin­ked. Pero luego se ex­tendió a otros pro­ductos más tra­di­cio­nales de Vida Ahorro con pres­ta­ción ga­ran­ti­zada a ven­ci­miento. Las ase­gu­ra­doras es­pañolas con­si­deran que para estos pro­ductos más clá­sicos hay que rea­lizar una adap­ta­ción im­por­tante del KID para que re­fleje sus es­pe­ci­fi­ci­da­des.

Hay otras mu­chas quejas en re­la­ción al bo­rrador de RTS. Por ejem­plo, creen que las de­fi­ni­ciones para ca­te­go­rizar los pro­ductos no son cla­ras; que la pre­sen­ta­ción de los be­ne­fi­cios de­ri­vados de la con­tra­ta­ción de pro­ductos de in­ver­sión ba­sados en se­guros no está su­fi­cien­te­mente de­ta­llada, sobre todo en el caso de las co­ber­turas adi­cio­na­les; o que la parte del coste de la prima de riesgo bio­mé­trico no de­bería con­si­de­rarse como un coste más a efecto del in­di­cador agre­gado de cos­tes.

También tiene mucho que decir la in­dus­tria sobre los PEPP (Pan-European Personal Pension Product), una ini­cia­tiva de Eiopa (European Insurance and Occupacional Pensions Authority) en el marco de la Unión del Mercado de Capitales para crear un pro­ducto pan­eu­ropeo de pen­siones per­so­nales que con­tri­buya a in­cre­mentar la pre­vi­sión so­cial in­di­vi­dual. En este caso, el sector tam­bién com­parte el ob­je­tivo, y el ‘pero’ es di­rec­ta­mente que con­si­deran que la ini­cia­tiva plan­teada por Eiopa no va a con­tri­buir a lo­grarlo. ¿Por qué?

La prin­cipal razón es que dudan de que se pueda plan­tear la crea­ción de un ins­tru­mento de ahorro pri­vado común para todos los eu­ro­peos con la di­ver­sidad de plan­tea­mientos na­cio­nales que existe. Les llama la aten­ción es­pe­cial­mente que no se haya te­nido en cuenta que la fis­ca­li­dad, la re­gu­la­ción la­bo­ral, el ac­ceso a la pro­tec­ción so­cial o los sis­temas de salud no están ar­mo­ni­zados y son com­pe­tencia ex­clu­siva de cada uno de los es­ta­dos. Por eso con­si­deran que en la prác­tica es muy com­pli­cado crear un pro­ducto común que, por ejem­plo, ho­mo­ge­nice los pe­riodos mí­nimos de per­ma­nen­cia.

Creen, ade­más, que el propio di­seño de los PEPP tiene mu­chas in­cohe­ren­cias. Varias de ellas hacen re­fe­rencia a los dis­tri­bui­do­res. Según la pro­puesta ac­tual, el sector en­tiende que “da la im­pre­sión de que los dis­tintos agentes que pueden pro­veer el pro­ducto (aseguradoras, ges­toras de fondos de pen­sio­nes, en­ti­dades fi­nan­cie­ras, IORPs –Institutions for Occupational Retirement Provision-) ga­ran­tizan el mismo nivel de pro­tec­ción al cliente, cuando ello no es así, porque los es­tán­dares de sol­vencia re­que­ridos a unos ope­ra­dores y a otros son muy di­fe­ren­tes”, co­mentan en el do­cu­mento men­cio­nado an­te­rior­mente.

Otras in­con­gruen­cias se­rían que se pre­tende que el pro­ducto sea se­guro pero el riesgo de la in­ver­sión lo asume, por de­fecto, el cliente; o que tam­bién tiene como ob­je­tivo que sirva para rea­lizar in­ver­siones a largo plazo, como in­fra­es­truc­tu­ras, pero al mismo tiempo tam­bién que sea to­tal­mente lí­quido y trans­fe­rible en cual­quier mo­mento de un pro­veedor a otro. También cri­tican que en la pro­puesta no se tenga en cuenta la fase de desacu­mu­la­ción o cobro pese a tra­tarse de un ins­tru­mento di­ri­gido a ge­nerar una pen­sión.

La le­gis­la­ción ‘made in spain’ no se libra de las re­ti­cen­cias, in­cluso aquella que se ha ela­bo­rado a ins­tan­cias del propio sector y de la que el su­per­visor se siente tan or­gu­lloso, como es la crea­ción del in­di­cador de ren­ta­bi­lidad es­pe­rada para medir de forma ho­mo­génea el coste o ren­di­miento de los pro­duc­tos, algo si­milar a la TAE (Tase Anual Equivalente) de los ban­cos. En este caso la le­gis­la­ción ya está apro­bada y el sector apunta que, aunque es un gran avance, no ha de ser solo esta me­dida la que se use en la com­pa­ra­tiva ya que hay otras ca­rac­te­rís­ticas del pro­ducto y de la com­pañía que la ren­ta­bi­lidad es­pe­rada no re­coge. También con­si­de­ran, entre otras co­sas, que en el cálculo se de­be­rían in­cluir los gastos de la ase­gu­ra­dora, al igual que se in­cor­poran en la TAE.

Estos son solo al­gunos ejem­plos de los ‘peros’ a la in­gente re­gu­la­ción a la que se en­frentan las ase­gu­ra­do­ras, las cuales tienen por de­lante una ardua ta­rea, en esta nueva tem­po­rada que se inicia tras el parón ve­ra­niego, para in­tentar eli­mi­nar­los, si no to­dos, sí la mayor parte po­si­ble.

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