Monitor de Seguro

Un desperdicio: implementar las nuevas normas ha costado 250 millones

Solvencia II: acaba de echar a andar… ¡y ya se está revisando!

Las entidades se han adaptado a más de 4.000 páginas de normativas

Pilar González de Frutos
Pilar González de Frutos

“No, no les quiero gastar ninguna broma, es cierto. Solvencia II acaba de echar a andar y ya se está revisando”. La frase es de la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, extraída de su reciente intervención en el IX Foro de Auditores Internos del Sector Asegurador. Pese a la buena disposición del sector, inevitablemente suena a queja. Hay motivos para el disgusto. Y para más cosas.

A la in­dus­tria ase­gu­ra­dora es­pañola le ha cos­tado 250 mi­llones de euros adap­tarse a la nueva re­gu­la­ción, un ele­vado gasto de­ri­vado de la cons­tante evo­lu­ción de la nor­ma­tiva co­mu­ni­taria desde 2011, y de la carga ad­mi­nis­tra­tiva que con­lleva para las en­ti­da­des, las cuales se han te­nido que adaptar a, nada más y nada me­nos, que 4.000 pá­ginas de normas entre re­gu­la­ción local (Lossear, Rossear, ór­denes mi­nis­te­ria­les, re­so­lu­cio­nes, cir­cu­la­res…) y co­mu­ni­taria (reglamentos de­le­ga­dos, re­gla­mentos de eje­cu­ción, di­rec­trices de Eiopa…).

Y una vez lo­grado con éxito esta adap­ta­ción, re­sulta que no hay tiempo ni para dis­fru­tarlo. Por cierto, un éxito, que no solo se ha li­mi­tado a con­se­guir esa adap­ta­ción en tiempo y forma sino que tam­bién se ha pro­du­cido desde el punto de vista cuan­ti­ta­tivo. Según se ha en­car­gado de re­cordar la pre­si­denta de la pa­tronal del sector ase­gu­ra­dor, con datos de Icea a marzo de 2016, la in­dus­tria ase­gu­ra­dora su­pera en más de 2,25 veces el ca­pital de sol­vencia obli­ga­torio re­que­rido por Solvencia II. Una ‘notaza’.

Una de las es­pe­radas mo­di­fi­ca­ciones afecta al mismo epi­centro de Solvencia II, al cálculo del ca­pi­tal. La fór­mula es­tándar para ha­llarlo, que es la que uti­lizan la ma­yoría de las en­ti­dades es­pañolas (frente a los mo­delos in­ter­nos), se está re­vi­sando, pro­ceso que debe con­cluir antes de 2018. Eiopa de­berá fa­ci­litar a la Comisión Europea (CE) sus re­co­men­da­ciones téc­nicas antes de oc­tubre de 2017, previa con­sulta al sec­tor. “Creo que no hace falta decir que desde Unespa ten­dremos tra­bajo por de­lante. Como en an­te­riores oca­sio­nes, nos ve­remos in­vo­lu­crados en todos los pro­cesos de con­sulta pú­blica que vengan de­ri­vados de esta re­vi­sión de la fór­mula es­tándar de Solvencia II”, afirma Pilar González de Frutos.

Normal que el sector ase­gu­rador quiera opi­nar. Les va mucho en ello. Las en­ti­dades tienen que estar alerta no vaya a ser que entre esos cam­bios haya al­guno que tras­toque es­pe­cial­mente a las ase­gu­ra­doras es­paño­las. La pre­si­denta de Unespa apunta va­rias cosas que re­quieren un se­gui­miento es­pe­cial por parte de la in­dus­tria. Entre ellas, habrá que estar atento, no sea que se eli­mine la exen­ción de con­sumo de ca­pital a la deuda emi­tida por España (y las co­rres­pon­dientes au­to­ri­dades re­gio­nales y lo­ca­les).

Más cosas a re­visar desde Europa, el tra­ta­miento de las in­ver­sio­nes. Los cam­bios ven­drán pro­vo­cados en este caso por los desa­rro­llados nor­ma­tivos de­ri­vados de la Unión de los Mercados de Capital. A raíz de ellos se es­pera que se mo­di­fique el ac­tual tra­ta­miento de las ti­tu­li­za­ciones en el re­gla­mento de­le­gado de Solvencia II. Además, el sector está a la es­pera de que se pu­blique la pro­puesta de mo­di­fi­ca­ción de ese mismo re­gla­mento de­le­gado para dar ca­bida a nuevas ca­te­go­rías de in­ver­siones en in­fra­es­truc­tu­ras. “Desde la in­dus­tria es­pe­ramos que las di­fe­rentes ini­cia­tivas nor­ma­tivas en ma­teria de in­ver­siones en el marco de Solvencia II sean lo más acer­tadas po­sible de cara a in­cen­tivar el po­si­cio­na­miento de las en­ti­dades ase­gu­ra­doras en estas nuevas ca­te­go­rías de in­ver­sio­nes”, ase­guran desde la pa­tronal del sector ase­gu­ra­dor.

Esto en lo que se re­fiere al ám­bito co­mu­ni­ta­rio. Pero tam­bién se es­peran no­ve­dades de ín­dole lo­cal. Entre ellas, las en­ti­dades ten­drán que acom­pañar su ‘Informe sobre la si­tua­ción fi­nan­ciera y de sol­ven­cia’ con otro do­cu­mento con el poco atrac­tivo nombre de ‘Informe es­pe­cial de re­vi­sión del in­forme sobre la si­tua­ción fi­nan­ciera y de sol­ven­cia’. Pues bien, el al­cance, con­te­nido y las per­sonas que po­drán rea­li­zarlo to­davía no están de­fi­ni­dos. Una fu­tura cir­cular de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) se en­car­gará de ha­cerlo. Unespa con­si­dera clave esta re­gu­la­ción. Confía en que ayude a que la ca­lidad de los datos de Solvencia II sea buena, pero tam­bién es­pera que “no in­cre­mente de ma­nera des­pro­por­cio­nada los costes que ten­drán que afrontar las en­ti­dades como con­se­cuencia de este pro­ce­so”.

Dado el in­gente tra­bajo que han hecho las ase­gu­ra­doras con Solvencia II, y el que les queda por de­lante, pa­rece ló­gico que para la DGSFP sea ‘peccata mi­nuta’ el es­fuerzo de adap­ta­ción a otras re­gu­la­ciones que debe hacer el sec­tor, como a la de los pro­ductos de in­ver­sión mi­no­rista vin­cu­lados y los pro­ductos de in­ver­sión ba­sados en se­guros (Priips). Las ase­gu­ra­doras se que­jaron del es­caso tiempo dado para ela­borar el do­cu­mento de datos fun­da­men­tales (KID) re­co­gido en las Normas Técnicas de Regulación (RTS), que de­bería estar listo el 31 de di­ciembre de 2016. Flavia Rodríguez-Ponga, la di­rec­tora ge­neral de Seguros y Fondos de Pensiones, tras es­cu­char en di­recto estas que­jas, ase­guró que el sector lle­gará a tiempo sin pro­blemas y que, por tanto, no iba a so­li­citar ningún apla­za­miento.

Puede que lle­gara a tiempo, pero es muy pro­bable que no vayan a tener que de­mos­trarlo. El Parlamento eu­ropeo acaba de aprobar una pro­puesta de Resolución por la que se re­chazó la pro­puesta de RTS de los Priips pre­sen­tada por la CE. Tras este re­chazo, el Ejecutivo co­mu­ni­tario tendrá que so­li­citar a las au­to­ri­dades su­per­vi­soras eu­ro­peas (EBA, ESMA y Eiopa) que le re­mitan una nueva pro­puesta de RTS, y una vez re­ci­bida, el Parlamento y el Consejo dis­pon­drán de un nuevo pe­riodo de tiempo para ana­li­zarla. Si se agotan los nuevos pla­zos, la en­trada en vigor de la nor­ma­tiva de los Priips se re­tra­sará.

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