Este acuerdo afronta un problema que, dado el mar de dificultades en que se debate la vida en Libia, no es de los prioritarios para la atribulada población. El país está aquejado de un desgobierno con raíces socio-políticas profundas, es víctima de divisiones tribales e intereses internacionales contrapuestos, y se halla a las últimas en recursos financieros. Aparte de que en el país opera una rama del Estado Islámico, con un número de milicianos estimado en 5.000.
Además, el acuerdo Libia-UE está lejos de poder implementarse porque el ejecutivo con el que la UE debía cooperar, formado bajo la autoridad del llamado Consejo Presidencial (CP) de nueve miembros, ha venido sufriendo el boicot de dos de sus miembros, Ali Gatrani y Omar Al-Aswad.
Gatrani se niega a ir a Trípoli, donde se reúne ese órgano patrocinado por las Naciones Unidas, y que debe formar un gobierno de Concordia Nacional (GCN), alegando que la capital está bajo el control de milicias. Situación que nadie en Libia ignora desde hace muchos meses, y menos Gatrani cuando aceptó el encargo. Ahora Gatrani exige que el CP se reúna en Túnez, lo que no encuentra el apoyo de los otros miembros.
De hecho, el CP parece hallarse físicamente seguro, refugiado como está en una base naval en el puerto de Trípoli. Desde allí, su presidente Sayez Sarraj, trata de formar el GCN, para lo que necesita la aprobación de la Cámara de Representantes (CR), con sede en la ciudad oriental de Bengasi. La CR se comporta como un foco de poder rival de Tripoli, y por tanto obra con mucha desconfianza hacia el CP. La CR rechazó la primera propuesta de gobierno designado por el CP, y ahora espera una segunda propuesta, cuya aprobación no está asegurada.
La fuerza de la Cámara de Representantes reside en que hasta ahora ha sido el órgano legislativo reconocido internacionalmente, por lo que la formación del nuevo gobierno por el CP puede restarle poder e influencia.
El segundo ‘boicoteador’, Omar Al-Aswad, anunció el pasado fin de semana que abandonaba su boicot de meses, y que se unía al CP con el fin de intentar formar el GCN. Ahora la suerte del país depende de un solo hombre, Gatrani.
Aswad justificó su cambio en el peligro de que el país se dividiera territorialmente, y con el fin de que “cese la profunda hemorragia económica que sufre”. Aswad evocó con nostalgia los días del pasado diciembre, “cuando los ojos de mundo estaban puestos en el intento de formar un Gobierno de Concordia Nacional “que devuelva la paz y la estabilidad al país y su gente”.
Pero no es nada seguro que el CP reciba el voto favorable de la CR al nuevo gabinete de Concordia Nacional. El pasado día 22, la cámara rechazó la propuesta de gobierno presentada por el CP por 61 votos en contra, 39 abstenciones y uno solo a favor. Muchos partidarios del CP no asistieron a la votación, algunos de ellos alegando que habían sido víctimas de fuerza física por parte de sus adversarios.
El presidente Sarraj mantiene una áspera lucha en pro de alcanzar el gobierno mandatado por el plan de la ONU, logrado a final de 2015 por su enviado especial Martin Kobler.
El no disponer de un gobierno formalmente constituido, ni siquiera el no contar con el respaldo del parlamento de Bengasi, resume las dificultades a que se enfrenta Serraj. En unas recientes declaraciones a la revista Der Spiegel, el presidente del CP aseguraba que su órgano de gobierno disponía de sólo 1.500 millones de dinares, lo que según la cotización de 2009 equivalía a €1.000 millones, aunque el dinar está en caída.
Varios poderes paralelos
Según Serraj, el problema de ingobernabilidad no se da entre Trípoli y Bengasi, sino dentro de la CR, fracturada entre partidos y clanes. Estas fracturas se extienden a las fuerzas armadas. La parte posiblemente más activa de ellas se halla bajo el mando del general Haftar, con el apoyo de Bengasi (y de Egipto). Haftar, que mantiene su cuartel general en Tobruk, no cree en la subordinación de las fuerzas armadas al gobierno, por lo menos a un gobierno que todavía no ha probado sus capacidades.
Mientras Haftar ha dejado sentir su poder militar principalmente contra las milicias yihadistas de diferentes lealtades, otro poder militar merecedor de atención es la Guardia de Instalaciones Petrolíferas (GIP), bajo el mando del poderoso comandante Ibrahim Jadran. La GIP ha mantenido abiertos un cierto número de terminales e instalaciones petrolíferas, asegurando que una parte apreciable de la producción fuese exportada.
Jadran es tan poderoso que en opinión del enviado de la ONU, Kobler, es necesario tratar con él. En efecto, los dos hombres se reunieron el pasado 21 de julio. El encuentro, sin embargo, produjo gran disgusto al presidente de la Corporación Nacional del Petróleo (CNP), Mustafá Sanalla, para quien Jadran “es uno de los individuos más despreciables del país”. Lejos de elogiar la apertura de algunos puertos por Jadran, Sanalla deplora los que ha mantenido cerrados durante tres años, produciendo, según él, pérdidas al tesoro libio por $100.000 millones.
No es Jadran el único obstáculo a la reconstitución de las finanzas libias por medio del control del petróleo. En la región oriental del país, jeques que dicen ser leales a la CR de Bengasi, exigen mantener su propia autoridad sobre la explotación de once yacimientos situados en sus territorios tribales.
El ideal de tener a Libia como socio en el desarrollo y la seguridad del sur de Europa está muy lejos de cumplirse. Lo más que se puede esperar por ahora es que los flujos irregulares de inmigrantes a Europa se contengan o reduzcan. Un problema que, bien mirado, apenas tiene por qué preocupar excesivamente a los descorazonados libios.