POLÍTICA NACIONAL

CATALUÑA

La crisis parlamentaria española, oportunidad para el separatismo

¿Acercamiento entre Puigdemont y la CUP en el asunto del re­fe­réndum de au­to­de­ter­mi­na­ción?

Cataluña y Europa
Cataluña y Europa

Hay signos de que el largo in­te­rregno par­la­men­tario es­pañol va a ser apro­ve­chado por el in­de­pen­den­tismo ca­talán para dar un salto cua­li­ta­tivo en el nivel de desafío al es­tado. Si España se viese abo­cada a ce­le­brar nuevas elec­ciones ge­ne­ra­les, las ter­ceras en el plazo de un año, la pro­ba­bi­lidad de que se pro­du­jera el choque sería al­tí­sima. Sólo la for­ma­ción de un go­bierno cen­tral sin ne­ce­sidad de nuevos co­mi­cios mo­vería a los in­de­pen­den­tistas a re­trasar el cho­que, aunque no a can­celar los pla­nes.

De todas formas, la estrategia de la llamada ‘hoja de ruta’ hacia la independencia está bajo revisión por los mismos nacionalistas. El ‘govern’ se ve obligado a reconsiderar la fórmula porque a ella se opone la CUP, la formación antisistema que con sus diez votos le proporciona la mayoría que la coalición gobernante, Junt pel Si, no asegura con sus sesenta y dos.

El ‘govern’ y JpS están poniendo en práctica un pretendido proceso de ‘desconexión’ de Cataluña con las instituciones del estado, que será seguido por la convocatoria de un parlamento constituyente, un referéndum para aprobar una constitución y por la proclamación de una supuesta República Catalana.

Para la CUP, el proceso constituyente se inició con la consulta del 9 de noviembre de 2014 y se consumó en las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015, a las que las fuerzas nacionalistas acudieron con un programa soberanista. Como la plataforma independentista obtuvo mayoría parlamentaria pero no popular, lo único que hace falta es su confirmación mediante un referéndum de autodeterminación. Sólo a partir de un resultado positivo cabrá plantearse un parlamento constituyente, capaz de resistir la oposición del gobierno. Toda otra vía presenta peligros.

En primer lugar, el mismo proceso constituyente estaría sujeto a divisiones entre las fuerzas políticas independentistas, debido a las cuestiones de tipo socio-político que entraña, lo que no augura un consenso y unidad suficientes para preparar y consensuar la constitución de una república independiente.

En segundo lugar, una declaración unilateral de independencia mediante la aprobación de una ley de ‘Transitoriedad Jurídica’ - para la que el actual parlamento está preparando ‘leyes de desconexión’, rechazadas ya por el Tribunal Constitucional por autos de finales de julio -, presenta el inconveniente de que no existe experiencia previa en ningún país europeo que le sirva de inspiración o modelo, por lo que Cataluña se asomaría a un horizonte incierto, con riesgo de que a medida que se procede a la ‘desconexión’ se produjeran desgobierno y alteraciones públicas, manifestaciones evidentes de un proceso ilegal, denunciable ante cualquier instancia jurídica internacional.

El RUI

La salida de este aparente callejón sin salida está, según piensan en la CUP y en medios del mundo académico soberanista, en la celebración de un referéndum unilateral de independencia, que por su misma naturaleza y por su mismo objeto dejaría en claro si el pueblo catalán apoya o no mayoritariamente la independencia de Cataluña.

Según esta visión, el 50% de los votos más uno servirían de base legal para proclamar desde el ‘parlament’ la independencia, y empezar a organizar Cataluña como nuevo estado constituido en república. Por el momento, las fuerzas que proponen esta vía no reconocen ninguna cualificación en el porcentaje de sufragio favorable que sería necesario para validar el resultado. Es decir, reclaman el modelo de referéndum escocés (50% más uno de los votos emitidos), pero no el de Quebec, que exige un porcentaje muy cualificado de participación.

El profesor de derecho constitucional de la universidad Rovira i Virgili, Jordi Jaria, cree que no hay nada que se oponga a que el actual parlamento llame a un referéndum unilateral de independencia (RUI): “Si el actual parlamento puede aprobar una ley de transitoriedad jurídica, también puede aprobar esta ley, porque quien puede lo más puede lo menos”, declaró este domingo en un cursillo de la Universitat Catalana d’Estiu. Jaria prevé que esta vía autorizará a las autoridades catalanas a ignorar las medidas que el estado pudiese tomar contra esa resolución. Y ello “por la densidad moral de lo que haces, no por su legalidad”.

Puigdemont ante la Diada y el referéndum

La coalición gobernante no se muestra unánime en su rechazo al RUI. Esquerra Republicana ha emitido señales de que puede favorecerla. Se cree que el propio presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, está dispuesto a considerarlo, siquiera como tema de discusión con la CUP, cuyos votos necesita para pasar la cuestión de confianza que se votará el 27 de septiembre, y aprobar los presupuestos.

Puigdemont es consciente de que el gran poder que la CUP ejerce con sus votos sobre el proceso requiere una afirmación de su propia legitimidad que le proteja de las presiones de los antisistema. Uno de sus recursos más inmediatos y potentes puede ser la movilización para la próxima Diada, el 11 de septiembre, promovida por asociaciones afiliadas históricamente con Convergencia Democrática de Cataluña y Esquerra Republicana.

Medios bien informados aseguran que Puigdemont está sopesando acudir a las manifestaciones de la Diada de este año, a diferencia de Artur Mas, que se abstuvo de acudir mientras fue presidente. Puigdemont encontraría una excusa moral para acudir en el hecho de que la presidente del ‘parlament’, Carme Forcadell, se halla bajo un expediente judicial del TC, por su admisión a debate de las dos primeras ‘leyes de desconexión’. Su figura servirá, sin duda, como estandarte para encabezar un nuevo ciclo de enfrentamientos con el estado.

Jordi Sánchez, presidente de la principal organización social de tipo soberanista, la Asamblea Nacional Catalana, reconoció que este año los preparativos de la Diada se están retrasando debido a que el proceso soberanista “genera desorientación y fatiga”, aunque aseguró que a partir de ahora se acelerarán. Es llamativo este retraso en momentos en que precisamente los signos de la confrontación con el estado aumentan. Por lo tanto, su explicación puede tomarse como una finta, destinada a crear una sorpresa de última hora.

Tampoco parece casual que este domingo se diese a conocer una encuesta del oficial Centre d’Estudis d’Opiniò, según la cual seis de cada diez entrevistados se muestran favorables a la independencia de Cataluña, y cuatro en contra. Con la particularidad de que los opuestos a la independencia predominan entre los mayores de edad, los de menor nivel social y cultural, y los nacidos fuera de Cataluña.

La lectura de esta encuesta, sin embargo, debería ser en cualquier caso objeto de interés, si no de preocupación, por parte del gobierno central y los partidos constitucionales. Urge que alguien juzgue la validez de sus datos, y saque las consecuencias en un sentido u otro. Y formar gobierno cuanto antes. Sin él, los independentistas tienen libertad absoluta para preparar sus siguientes pasos.

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