POLITICA NACIONAL

CATALUÑA

Puigdemont no sabe cómo conseguir algo más que la “independencia virtual”

Sus al­ter­na­tivas son: con­vocar el re­fe­rén­dum, re­nun­ciar al cargo o de­jarse llevar por los acon­te­ci­mientos

Puigdemont, ante el Parlament
Puigdemont, ante el Parlament

Las di­ná­micas par­ti­da­rias de las di­versas fuerzas in­de­pen­den­tistas ca­ta­lanas apuntan a una in­ten­si­fi­ca­ción de las señales de desafío al es­tado de de­recho y al Tribunal Constitucional. La coa­li­ción go­ber­nante Junts pel Si (JpS), con ma­yoría in­su­fi­ciente en el par­la­mento ca­ta­lán, ne­ce­sita los diez votos de la ex­tre­mista Candidatura de Unidad Popular (CUP) para su­perar la cues­tión de con­fianza a que se verá so­me­tido el pre­si­dente Puigdemont, el pró­ximo 28 de sep­tiem­bre.

La CUP dará su apoyo al ‘president’ si éste acepta algunas condiciones previas. La principal de ellas es que la ruptura de las instituciones catalanas con el estado español empiece con un referéndum unilateral sobre la independencia, en lugar de seguir un ‘proceso constituyente’ de creación de instituciones propias, desconectadas de las españolas, que serían aprobadas en un referéndum que crearía una República Catalana.

Esta diferencia en los criterios estratégicos fundamentales refleja la tensión entre los imperativos político-sociales de las dos formaciones: JpS, formada por nacionalistas de centro-izquierda, y CUP como fuerza declaradamente anticapitalista y contraria a la Unión Europea.

Los independentistas política y socialmente menos radicales (JpS) temen no estar preparados todavía para el choque con el orden constitucional español, y se cuidan mucho de presentar sus desafíos al TC como propuestas o cuestiones de mero debate político, que un parlamento debería discutir libremente, aunque no tengan consecuencias jurídicas.

Según esa visión, las instituciones catalanas no sólo se mantienen en el plano de la legalidad constitucional del estado, sino que además tienen la obligación de estudiar la perspectiva de la independencia, a modo de “realidad virtual”, ya que deben satisfacer esta demanda de una supuesta mayoría de catalanes. Este juego cubre, según creen, a las autoridades catalanas ante la opinión internacional, de la que tanto esperan para conseguir el apoyo a su causa, no fuera cosa que sus acciones fuesen interpretadas como rebeldía contra un estado democrático de derecho.

Este modo ‘virtual’ de presentar las cosas ha sido repetidamente rechazado por el TC, y aunque sus pronunciamientos no han causado todavía sanciones penales firmes, no han faltado advertencias serias, como las que fueron comunicadas al ‘parlament’ antes del 27 de julio, fecha en que, a pesar de todo, éste aprobó ponencias o proyectos de ley posibilitadores de la “desconexión con España”, provocando así la apertura de un expediente de ejecución de sentencia contra la presidenta del parlamento, Carme Forcadell.

Este incidente ha permitido a la CUP demostrar la inutilidad de la vía virtual, y hasta los mismos líderes del JpS se dan cuenta de que su juego no es más que un visaje que ha agotado su utilidad. A partir de ahora, deben asumir que todo paso que quieran dar en favor del proceso supondrá un choque con el orden constitucional y con el estado. En estos días están tratando de adaptarse a la nueva realidad.

El Partido Demócrata (PDC) (heredero de Convergencia Democrática de Cataluña, CDC) incluyó en sus recientes principios fundacionales la posibilidad de buscar la independencia por vías unilaterales, es decir, sin negociación con el estado y en contra de lo que siempre había propuesto la CDC de Artur Mas.

El bloqueo institucional y la vía de los hechos

El heredero de Mas al frente de la Generalidad, Carles Puigdemont, se enfrenta a una cuestión de confianza parlamentaria, fijada para el próximo 27 de septiembre bajo la intensa presión de la CUP, que le exige incluir la vía unilateral en su programa de gobierno, y asignar una partida de dinero, en los presupuestos de la autonomía, para financiar el proceso y el referéndum. Esta es una condición que hasta ahora Puigdemont no había aceptado, por lo que su anterior proyecto de presupuesto no encontró apoyo parlamentario suficiente, y debió pedir la cuestión de confianza.

El choque abierto entre el ‘parlament’ y el TC es la prueba más convincente que la CUP tiene en su mano, demostrando la inviabilidad de un proceso de ‘desconexión’ mantenido dentro de alguna forma de legalidad, o por la vía de la negociación con el estado Como es impensable que el ‘govern’ no lo vea de la misma forma, se debe colegir que Puigdemont se prepara para una de estas alternativas 1) perder la cuestión de confianza y convocar nuevas elecciones; 2) renunciar al proceso por ahora, con lo que la CUP le haría caer de todas formas, o 3) dejarse llevar por la fuerza de los hechos.

Los hechos son productos, y por lo tanto se fabrican. Son innumerables las veces que los catalanes, a lo largo de su historia, se han enfrentado a dilemas insolubles, precisamente por diferencias de tipo constitucional con el ordenamiento legal de la corona de Aragón, de la Casa de Austria, de la dinastía borbónica y de la II República. Los intentos de salirse de la soberanía española en el siglo XVII causaron una amputación territorial de Cataluña, pero la sumisión definitiva a los Borbones, después de su rebeldía en la Guerra de Sucesión, produjo, a juicio de historiadores solventes, muchos de ellos catalanes, la modernización económica y la de unas instituciones, política y socialmente caducas.

En la Edad Contemporánea (siglos XIX y XX), Cataluña no sólo dio muestras de gran vitalidad social y económica, sino también de un gran potencial para enfrentar sus bloqueos políticos reales o supuestos, de forma voluntarista y sin excluir la violencia. Como, por otra parte, al igual más o menos que en el resto de España… Pero por el momento es sólo Cataluña la que se enfrenta a un bloqueo institucional, que se produce bajo intensa presión en favor de la acción unilateral.

Qué formas adoptará esa acción unilateral es la cuestión del momento en Cataluña. Dada la eficacia de los rituales independentistas del 11 de septiembre anual, que logran reunir en una gran manifestación a un millón de personas o más, la del próximo mes es la oportunidad más obvia. Sin embargo, las posibilidades de que este año las cinco manifestaciones simultáneas que sustituyen a la común de siempre se mantengan dentro de un clima puramente reivindicativo y pacífico, son menores.

Su desarrollo puede señalar el curso de los acontecimientos en el fracturado frente independentista, el cual tiene necesidad de dirimir la cuestión de la hegemonía. Una hegemonía que JpS podría perder si se ve forzado a convocar nuevas elecciones, y que la CUP trataría de conquistar con métodos que no necesariamente repetirían los de las acciones cívicas del pasado y las parlamentarias del presente, inservibles para romper el bloqueo político actual, las cuales no parecen tener más horizonte que el sombrío vivir en “la independencia virtual”.

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