Monitor del Seguro

Propuestas del sector para in­cen­tivar el ahorro a largo plazo

La fiscalidad importa, y mucho

El se­guro busca que parte del sa­lario se des­tine au­to­má­ti­ca­mente a la ju­bi­la­ción

Relevos
Reforma del sistema de pensiones.

Las reivin­di­ca­ciones del sector ase­gu­rador para fo­mentar el ahorro a largo plazo de ca­rácter fi­na­lista no son nue­vas. Sus re­pre­sen­tantes las ponen en­cima de la mesa cada vez que tienen oca­sión. Y ahora es un buen mo­mento para volver a ha­cerlo, en plenas ne­go­cia­ciones para formar un nuevo Gobierno, ya que prác­ti­ca­mente todas sus pro­puestas re­quieren ac­ciones por parte del Ejecutivo, y al­guna de ellas es­pe­cial­mente va­liente.

En este contexto, la Fundación de Estudios Financieros (FEF) ha presentado el documento de trabajo ‘Ahorro, Pensiones y Seguro de Vida’, fruto de un foro de debate con expertos del sector asegurador celebrado el 11 de mayo. Entre esos expertos se encuentran representantes de entidades como Mapfre, Caser, Sabadell Pensiones y BBVA Seguros. Entre todos han debatido y han enumerado una serie de propuestas.

Todos coinciden en que la fiscalidad es importante para fomentar el ahorro, aunque no sea el motor exclusivo para su incentivación. Una de las cosas que piden es estabilidad, una propuesta que parece muy razonable.

Pese a lo lógico de esta petición, a juzgar por los hechos y lo hecho, los diferentes gobiernos de turno no han considerado importante que los productos de Ahorro mantengan en el tiempo el tratamiento tributario para evitar que los ciudadanos piensen que sus decisiones de largo plazo, que afectan a algo tan sensible como el bolsillo, puedan verse perjudicadas por eventuales cambios decididos desde el Ejecutivo que toque: “Regulaciones y normativas cambiantes en materia fiscal en nada contribuyen a incentivar el ahorro finalista”.

Así de claro lo comentan en el informe los expertos. Para evitar esto el sector asegurador propone un acuerdo para que las reformas fiscales no afecten a cuestiones relacionadas con el ahorro para la jubilación.

También piden que se deje de penalizar la rentabilidad obtenida de los sistemas de previsión social, ya que actualmente acaban tributando con el montante íntegro de la pensión una vez se percibe, y por lo tanto no tienen el trato fiscal de los rendimientos financieros del ahorro.

Otro caballo de batalla se encuentra en el ámbito empresarial. Las aseguradoras quieren que se desarrollen instrumentos modernos y acordes con las nuevas generaciones y que se permita a las pymes realizar aportaciones a Planes de Pensiones Individuales o a Planes de Pensiones Asegurados (PPA) a favor de sus empleados, sin necesidad de crear un Plan de Pensiones de Empleo o un Plan de Previsión Social Empresarial, y con el mismo trato fiscal que si se tratara de planes colectivos de empresas.

El sector tiene en mente, además, otra batería de incentivos fiscales que ayudarían a fomentar el ahorro. Entre otros, la exención de tributación en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las prestaciones que se perciban en forma de renta porque, según opinan, “la percepción en forma de renta ha de incentivarse frente a la de capital para que se mantenga el carácter complementario del ahorro”; y eliminar la obligatoriedad de imputar fiscalmente las primas del seguro colectivo para fallecimiento e incapacidad.

Quieren, además, recuperar varias ventajas fiscales que se han ido perdiendo por el camino: el doble límite fiscal, uno para las contribuciones empresariales a los sistemas de previsión social complementaria y otro para las aportaciones directas que hagan los ciudadanos a sus sistemas de previsión social individuales; los límites de aportaciones incrementados por edad a partir de los 50 años a sistemas de previsión social; y restablecer la deducción de la cuota del impuesto de sociedades de las aportaciones realizadas por las empresas a los sistemas de previsión social complementaria.

Además, tienen otras dos propuestas al margen de los incentivos fiscales. Una de ellas requeriría por parte del Gobierno una gran dosis de arrojo porque supone una reforma estructural de calado. Las aseguradoras proponen que se articule un sistema por defecto que permita destinar directamente y de forma automática un porcentaje del salario de los trabajadores a la previsión social y en la que el empleado, si no quiere que parte de su sueldo se destine a ese fin, tenga que expresamente renunciar a ello. Este sistema es el que se emplea en países como Reino Unido. Se trataría de “copiar lo que funciona”, según comentan en la industria.

Y una vez más, el sector insiste en la necesidad de que se informe a los ciudadanos de la pensión futura que pueden esperar del sistema público cuando se jubilen y los instrumentos de carácter privado. Hacen bien en insistir, ya que en este caso el Gobierno de Mariano Rajoy, en el Consejo de Ministros del 8 de abril de 2012, acordó remitir a los ciudadanos de forma periódica y por escrito la información sobre las expectativas de pensión sobre los ciudadanos. Compromiso no cumplido.

En su lugar, el Ejecutivo, en 2015, presentó un simulador de pensiones, mecanismo que no convence a la industria aseguradora, al menos de momento: “Este simulador adolece de algunas limitaciones que se irán mejorando sin duda, y es un primer paso hacia la tendencia de proporcionar información a los cotizantes sobre su pensión futura probable para que de esa forma puedan tomar las decisiones de ahorro o consumo”. Solo eso, un primer paso.

El sector asegurador tiene muchas ideas y muchas propuestas para incentivar el ahorro a largo plazo; ninguna nueva y todas hasta ahora ignoradas. Habrá que esperar para ver si el nuevo Gobierno, cuando lo haya, se anima a lidiar con estos asuntos. El tiempo apremia. Según algunos cálculos, las pensiones en 2060 cubrirán un 40% del salario.

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