ANÁLISIS

La demanda de Iberdrola contra Bankia cuestiona la 'voladura controlada'

Plantea tam­bién si afec­tará a la ac­tua­ción del Banco de España y de la CNMV

Ignacio Sánchez Galan, Iberdrola
Ignacio Sánchez Galan, Iberdrola

Lo más im­por­tante de la de­manda de Iberdrola para tratar de re­cu­perar las pér­didas es­ti­madas de 12,4 mi­llones de euros del total de su in­ver­sión, según un his­tó­rico ins­pector de las ins­ti­tu­ciones fi­nan­cie­ras, es que cues­tiona la es­tra­tegia de 'voladura con­tro­lada' de la en­tidad na­cio­na­li­zada adop­tada por el Gobierno. El mi­nistro de Economía, Luis de Guindos, la con­si­deró ne­ce­sa­ria, con la des­ti­tu­ción de Rodrigo Rato, el nom­bra­miento de José Ignacio Goirigolzarri y el cos­toso sa­nea­miento pos­te­rior de todo el sector fi­nan­ciero.

De forma paralela consiguió el apoyo de los máximos dirigentes de las grandes empresas que habían realizado inversiones institucionales en la colocación de Bankia con el compromiso de que no acudirían a los tribunales llegado el caso.

Pero la decisión de Iberdrola de tratar recuperar las pérdidas por su inversión en la OPS de Bankia que se llevó a cabo en el mes de julio del 2011, puede abrir incluso nuevos escenarios en materia judicial que hasta ahora no se habían contemplado.

De nuevo surge la posibilidad de que se investigue el alcance que pueda tener para el Banco de España y la CNMV pues ambas entidades avalaron la operación, sobre todo si el juez admite a trámite la demanda de la eléctrica, y los tribunales deciden que las irregularidades afectaron no solo a los pequeños inversores, como zanjó el Tribunal Supremo.

Si por la vía penal se decide que existieron irregularidades, como ya ha hecho el Supremo en el caso de la responsabilidad civil, la cuestión es saber en qué medida afectaría al Banco de España y la CNMV.

El asunto es importante, no solo por la cuantía que afecta a Iberdrola, sino porque el juez podría determinar que se viera en la obligación de suspender toda la operación.

Esta opción no es descartable, según fuentes conocedoras del alcance de los informes de los peritos del Banco de España, Antonio Busquets y Víctor Sánchez, quienes plantean en su informe serias dudas sobre los motivos que llevaron a algunos inversores muy próximos a la entidad a comprar acciones para luego venderlas inmediatamente.

Fue el caso de algunas constructoras que estaban refinanciadas por la propia Bankia o la Cámara de Comercio, presidida por Arturo Fernández, que invirtió 12 millones de euros, pero salió del capital de Bankia a los dos días.

Los inspectores del Banco de España que actuaron como peritos en apoyo del juez Fernando Andréu explicaron que, sin las acciones compradas por estas empresas, la oferta se hubiera reducido a 284 millones de acciones, por lo que no se habría alcanzado el mínimo requerido por la CNMV para que se llevara a cabo la colocación de Bankia.

El hecho es que Iberdrola ha tomado la decisión de demandar al banco tras la sentencia del Supremo en la que se puso de manifiesto que "el folleto publicitó una situación de solvencia y de existencia de beneficios que resultaron no ser reales".

Además, hay inspectores del Banco de España que consideran que en el informe de los mencionados peritos se pueden encontrar más argumentos para acudir a los tribunales e intentar recuperar la parte perdida de la inversión.

Recuerdan que Antonio Busquets y Víctor Sánchez son muy críticos con la garantía de cobertura de eventuales minusvalías otorgada solo a la empresa Corporación Gestamp, hecho que no era público, por lo que consideran que la decisión puede suponer de hecho una discriminación con respecto al resto de inversores institucionales.

En su informe escriben textualmente que: “Los peritos judiciales no entendemos que Instituciones como el FROB y la CNMV defiendan o disculpen este vergonzoso pacto realizado en perjuicio de otros accionistas y acreedores que costó 26 millones de euros a la Hacienda Pública”.

Y añaden: “es evidente que de no haber concedido esta opción simultánea a la salida a bolsa y no haberla pagado, lo que se hizo entre el 20 de junio y el 18 de agosto de 2012, en la etapa del nuevo equipo gestor, el coste de la reestructuración de BFA-Bankia habría sido inferior en 26 M”.

Aunque no está claro por qué ha adoptado Iberdrola esta iniciativa, es evidente que abre unos horizontes sobre posibles consecuencias que hasta ahora no se habían contemplado.

Los analistas recuerdan que Iberdrola no pudo tomar la decisión de plantear el recurso por sus pérdidas antes porque Bankia, a través de Caja Madrid era un accionista de referencia de la eléctrica. Reclamar en los tribunales contra un accionista suele ser inusual y complejo. Pero una vez que Bankia se desprendió de esa participación la situación ha cambiado.

Además de las difíciles relaciones que mantiene Iberdrola con el Gobierno, con el que sostiene distintas causas en los tribunales, y al que sentó muy mal que anunciara que realizaría el grueso de sus inversiones fuera de España, la sentencia del Supremo ha estimulado a la eléctrica a tomar esta nueva.

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