ANÁLISIS

Reducir el déficit público como pide la UE, hoy más que nunca, una cuestión ideológica

Mariano Rajoy.
Mariano Rajoy.

El go­bierno que debe salir de las elec­ciones del 26 de junio tendrá que en­fren­tarse, como una de sus ta­reas prio­ri­ta­rias, a la re­duc­ción del dé­ficit pú­blico a los ni­veles mar­cados por la Comisión Europea (CE) –por de­bajo del 3%- a fi­nales de 2017, lo que va a obligar al eje­cu­tivo, bien a nuevos re­cor­tes, bien a in­cre­mentar los ac­tuales in­gresos fis­ca­les.

La Comisión, cansada de los continuados incumplimientos de España en esta materia, exige al gobierno español una reducción del gasto del 0,25% sobre el PIB en 2016 y del 0,5% en 2017, es decir, 8.100 millones de euros en dos años, aunque en los últimos días se han conocido los datos de Hacienda, según los cuales el déficit del Estado hasta abril ha aumentado un 11%, desde el 1,12% del PIB que representaba el año pasado –unos 12.089 millones– hasta el 1,25% de 2016 –13.981 millones–, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda.

El déficit consolidado de las administraciones públicas, excluyendo a las corporaciones locales, alcanzó los 8.970 millones de euros en el primer trimestre del año, el 0,8% del PIB, que se desglosan de la siguiente manera: Administración Central del Estado, 9.245 millones de euros (-0,82% del PIB frente a -1,80% objetivo para el conjunto de 2016). Comunidades Autónomas -0,13% del PIB frente a -0,7% objetivo para el conjunto de 2016. Seguridad Social obtuvo superávit de +0,16% del PIB frente al -1,10% objetivo para el conjunto de 2016.

Extrapolando estas cifras, éstas resultan compatibles con la consecución del déficit de -3,6% del PIB para este año, teniendo en cuenta que las corporaciones locales tienen un objetivo de déficit cero. Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos, ya ha dejado claro que la exigencia comunitaria iba con todos, "salga el Gobierno que salga” y ante tal ultimátum los partidos han empezado a posicionarse y a incorporar sus posiciones de partida a la precampaña electoral, aunque sin demasiadas concreciones.

La horquilla va desde la izquierda de Podemos que plantea un incremento nada desdeñable del gasto público, acompañado de una reforma fiscal que afectaría a las rentas altas y a las grandes empresas, hasta la posición del PP que fía todo al crecimiento económico e incluso plantea bajadas de impuestos, pasando por las modificaciones fiscales a ciertos impuestos que propone el PSOE o la retirada momentánea de todo tipo de propuestas por parte de Ciudadanos.

Aunque la concreción está lejos de producirse, Podemos y sus confluencias, incluida IU, no se recatan en señalar que hay que reducir las concesiones y ayudas a la Iglesia Católica, que, según dicen, recibe al año 10.000 millones de euros de las arcas públicas; que hay que recortar el gasto militar, que alcanza los 8.500 millones de euros anuales; que hay que disminuir el gasto destinado a la Corona Española, etc. “De llevar a cabo estas medidas, los perjudicados serían otros sujetos muy diferentes a las clases trabajadoras: serían fundamentalmente la Iglesia, la Corona, y las empresas armamentísticas”.

El desiderátum del entorno de Podemos afecta igualmente a los ingresos y para ello reclaman el restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio, lo que supondría una recaudación de unos 2.000 millones de euros anuales; reforzar el cuerpo de inspectores de Hacienda y el aumento de las investigaciones a grandes fortunas y que según un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, se dejan de ingresar unos 80.000 millones de euros cada año; modificar el IRPF para que las grandes fortunas tributen a mayores tipos impositivos; aumentar la tributación de las grandes empresas que actualmente tributan al 1% mientras las pequeñas y medianas empresas lo hacen al 25%, o la eliminación del régimen fiscal especial que permite que las empresas de alquiler de las entidades de crédito (SOCIMI) puedan alquilar los grandes patrimonios inmobiliarios, adquiridos de los desahucios y embargos.

Determinados expertos, sin afiliación política conocida, aconsejan que el Ejecutivo decida trabajar por el recorte de gastos superfluos e innecesarios, que explore la forma de gestionar sus fuentes de financiación, que analice los activos industriales en poder del Estado y que estudie la mejor forma de sacarles partido, para lograr una porción del capital necesario para ajustar las cuentas públicas del país.

Sin entrar en modificaciones traumáticas en la organización del Estado que supondría “tocar” el sistema autonómico, las alternativas que se manejan o han manejado y que tienen visos de ejecutarse son numerosas y van desde fijar un canon por el uso de autopistas y autovías que permitiría ingresar unos 1.800 millones de euros anuales, hasta la venta de participaciones industriales con lo que se podría recaudar cerca de 2.200 millones de euros, pasando por la optimización de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida permitiría unos ingresos adicionales de 38.500 millones de euros anuales en concepto de impuestos aflorados o el rediseño de las Diputaciones y Ayuntamientos en donde existe una bolsa de gasto más que reseñable.

A título orientativo recordar los informes elaborados por UPYD relativos a las CCAA y a las corporaciones locales. Sobre estas últimas, uno de sus autores recuerda que países como Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica o incluso Grecia “han acometido profundas reformas en su estructura municipal de cara a reducir el número de ayuntamientos. Algunos, de hecho, han logrado reducciones radicales: en Gran Bretaña se pasó de unas 1.500 corporaciones locales a 400; en Alemania de 25.000 a 8.400; en Bélgica de 2.359 a 596; o en Grecia de 5.300 a poco más de 1.000 [...] tenemos nada más y nada menos que 8.112 ayuntamientos, casi tantos como Alemania con poco más de la mitad de su población, y en más del 80% de ellos viven menos de 5.000 personas.

A partir de ahí, la lista se hace interminable y afecta a la Seguridad Social, cuya reforma se hace inevitable para evitar que entre en quiebra, hasta las campañas de publicidad y la comunicación institucional, con demasiada propensión al autobombo y al pago encubierto de favores, pasando por el agujero negro de las subvenciones o la venta de inmuebles públicos, que permitiría cancelar deuda y con ello reducir el pago de intereses, sin olvidar la disparatada estructura de las televisiones públicas que se han convertido en un modelo de estudio para expertos de medio mundo de lo que no debe ser, tanto en número como en su recurso a los presupuestos públicos.

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