ANÁLISIS

El juez Andreu investiga a Deloitte y al auditor de la salida a bolsa de Bankia

El con­tra­in­forme de los pe­ritos del Banco de España es de­ter­mi­nante

Fernando Andreu.
Fernando Andreu.

El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, se ha de­can­tando por el cri­terio de Antonio Busquets y Víctor Sánchez, los pe­ritos ju­di­ciales que le au­xi­lian y quienes con­si­de­raron que el es­treno bur­sátil de Bankia era frau­du­lento dado que los es­tados fi­nan­cieros in­cluidos en el fo­lleto in­cum­plían la nor­ma­tiva con­ta­ble, tal como ade­lantó ca­pi­tal­ma­drid.com el pa­sado día 20 de mayo.

Así, ha decidido llamar a declarar al representante legal de la compañía auditoria, Deloitte, y a su socio Francisco Celma como investigados, por supuestas irregularidades en las cuentas de la salida a Bolsa de la entidad en el 2011

Los nuevos informes de los peritos han sido una de las piezas fundamentales para que el juez Andreu trate de concluir la fase de instrucción del caso Bankia, que se encontraba paralizada desde finales de 2015. En ese momento el magistrado volvió a pedir un nuevo informe a los expertos designados por el Banco de España y peritos de la entidad, que ya habían emitido un dictamen inicial en diciembre de 2014.

El juez quería cotejar las conclusiones de los peritos judiciales con las de los peritos designados por las partes, entre ellos los del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria o los del expresidente de Bankia Rodrigo Rato.

Estos expertos designados por las partes, como es lógico, planteaban dudas sobre las conclusiones a las que habían llegado los peritos del Banco de España. Para eso habían sido contratados. Pero al menos en el caso de la compañía auditora no han conseguido su objetivo y el juez se ha inclinado por dar credibilidad a los peritos judiciales.

Por su parte, la auditora Deloitte ha insistido en que hizo correctamente su trabajo en Bankia y da por hecho que lo va a demostrar en el procedimiento.

Los peritos del Banco de España, según el contra informe que entregaron a finales de marzo al juez Andréu, y al que ha tenido acceso, Capitalmadrid.com, además de reiterar la conclusión de su primer informe, apuntan a la responsabilidad de la auditora.

En el capítulo VI. 1 sobre las discrepancias de los contrainformes presentados, Antonio Busquets, insiste en el difícil equilibro que tienen que hacer los expertos consultados y la compañía auditoria para “considerar correctas tanto las cuentas de 2011 inicialmente formuladas como las reformuladas”.

En el contrainforme donde reflexionan incluso sobre “el carácter estimativo de la contabilidad”, echan por tierra la idea de que las siete cajas fundadoras del Banco Financiero y de Ahorro (BFA), la matriz de Bankia, habían hecho provisiones de insolvencia en cantidad suficiente para hacer frente a posibles ajustes. Frente a los 3.027 millones de euros de provisiones genéricas que cifraba el FROB en su dictamen de parte, los peritos judiciales hablan de apenas 166 millones en total.

En cuanto a las cuentas reformuladas de Bankia tras la incorporación de José Ignacio Goirigolzarri como presidente de la entidad por la decisión del ministro de Economía, Luis de Guindos, los peritos judiciales son muy claros en su crítica. Defienden que las causas de la reformulación de las cuentas avaladas por el auditor de cuentas y el informe del FROB “resultaron ser inexplicables, sorprendentes y contrarias a la normativa nacional e internacional”.

Añadían los expertos que “ninguna entidad española reformuló sus cuentas del ejercicio 2011 a causa de la crisis económica ni a causa de los Reales Decretos 2/2012 y 18/2012 ni por los informes de los organismos internacionales”, los motivos que esgrimió Bankia para justificar la reformulación de las cuentas.

En la parte del informe realizado por Antonio Busquets la conclusión no puede ser más clara. Admiten las reservas de los expertos sobre la contabilidad como ciencia. “Por supuesto, la contabilidad no es una ciencia (o técnica) exacta, pero ello no justifica las aberraciones. Ninguna mente independiente y sensata puede entender que en 15 días el resultado anual de una entidad pase de unos beneficios de 253 millones a unas pérdidas de 3.031 y que ambas cuentas sean correctas. Ni que en 15 días sea posible revisar los deterioros de centenares de miles de activos y auditar la revisión”.

La pregunta ahora es, ¿se acabará la petición de responsabilidades en los auditores o también tendría que ser investigada la actuación de otros responsables de la supervisión de lo sucedido?

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