La que­rella ad­mi­tida contra Caja Madrid abre una nueva in­cóg­nita en todo el sector

Hipotecas sobrevaloradas: ¿delito o mala gestión?

La Fiscalía Anticorrupción con­si­dera que fue una prác­tica ge­ne­ra­li­zada

José María Aznar y Miguel Blesa
José María Aznar y Miguel Blesa

Durante dé­cadas se ha ha­blado mucho de la ju­di­cia­li­za­ción de la po­lí­tica por los nu­me­rosos casos de co­rrup­ción bajo dis­tintos Gobiernos. Con el es­ta­llido de la cri­sis, la banca ha pa­sado a estar en el punto de mira de jueces y fis­cales por di­versas cau­sas, desde la co­mer­cia­li­za­ción de pre­fe­rentes hasta sa­lidas a bolsa pre­sun­ta­mente in­co­rrec­tas. Ahora, al sector fi­nan­ciero se le in­cendia un nuevo foco con la ad­mi­sión a trá­mite de una que­rella contra Caja Madrid por la con­ce­sión de hi­po­tecas por en­cima del 100% del valor de ta­sa­ción de la vi­vienda. ¿Delito o mala ges­tión?

En el sector financiero español se olfatea algo más que preocupación después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata haya admitido a trámite una querella contra los antiguos responsables de Caja Madrid, con el que fuera entonces su presidente Miguel Blesa a la cabeza, por la concesión de hipotecas sobrevaloradas.

La decisión de este magistrado ha sorprendido porque la Fiscalía Anticorrupción se había opuesto a esa querella al entender que se trató de una práctica generalizada en todo el sector bancario español en los años del máximo auge de la burbuja inmobiliaria, que ya ha pasado su factura en los balances de la mayoría de los bancos.

Por el momento, la querella en cuestión se centra en las hipotecas concedidas entre 2003 y 2009 por encima del 100% de la tasación de la vivienda. En aquellos años, la revalorización de cualquier vivienda, por modesta que fuese, se registraba a unos ritmos vertiginosos y muchos clientes aceptaron las condiciones que les ofrecían sus respectivas entidades para financiar algunas otras necesidades, desde la compra de los muebles necesarios hasta la adquisición de un coche.

Ese sobreendeudamiento de las familias condujo a un espectacular incremento de la morosidad, que aún se mantiene algo por encima del 10% en el conjunto del sector, al pincharse la burbuja inmobiliaria y la entrada en una de las crisis más duras y prolongadas de la historia, con el correspondiente aumento del paro.

En círculos próximos a Bankia, entidad creada en torno a Caja Madrid y la fusión de otras seis cajas, se cuestionan cómo se ha admitido esta querella por parte del juez en estos momentos, en los que parece que hay una fijación judicial con los antiguos gestores de la entidad ahora nacionalizada.

El equipo ahora presidido por José Ignacio Goirigolzarri acaba de ofrecer una solución a los accionistas minoristas que acudieron a la salida a bolsa de Bankia en julio de 2011 y ha tratado de llegar a un acuerdo con los preferentistas de la entidad para devolver los importes invertidos. Al final, como indicó Goirigolzarri en la reciente junta de accionistas celebrada en Valencia, el trato no fue posible por las condiciones que imponía Adicae, la asociación de usuarios de bancos cajas y seguros.

Todos culpables

Las concesiones de hipotecas por encima del valor de tasación no fueron operaciones únicas de la entonces Caja Madrid, que llegó a sumar un negocio crediticio de 186.000 millones de euros según el citado juez de la Audiencia Nacional. Prácticamente, el conjunto del sector financiero desplegó estrategias muy similares para hacerse con más clientela y aprovechar el tirón que entonces suponía un ladrillo tan goloso en el pasado como indigestó en los últimos años.

La cuestión a dilucidar ahora es si esas prácticas constituyen la comisión de delitos de estafa, administración desleal y asociación ilícita, como los que imputa el magistrado al propio Miguel Blesa, al director financiero de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, al gerente de riesgos de la entidad, Ramón Martínez Vílchez, y al director general de Tasaciones Madrid, Ignacio de Navasqués. La Fiscalía Anticorrupción se había opuesto a la admisión de la querella ya que, según su opinión, se trataba de una práctica generalizada la de sobrevalorar las tasaciones, pero que los hechos de la querella no tenían relevancia penal.

Desde luego, nadie duda que la mala gestión de riesgos se extendió por la inmensa mayoría de las entidades españolas. Aquellas prácticas ha conducido a más de una caja de ahorros, sobre todo, a su desaparición o integración en algún grupo de mayor tamaño. También algún banco ha caído por el exceso de ladrillo.

Pese a todo, el sector financiero parece condenado a penar en los Tribunales los excesos cometidos en el pasado, cuando todo se veía de color de rosa. Y la pena de la opinión pública también se impone para aquellos responsables, aunque el calificativo no sea muy adecuado tal y cómo actuaron, de las entidades que incurrieron en el error de inflar aún más una burbuja de descomunales dimensiones.

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