POLÍTICA NACIONAL

Otegui busca un eje independentista vasco-catalán

Sin em­bargo, ambos na­cio­na­lismos están he­chos de ma­te­riales muy dis­tintos

Otegui
Otegui

Las pri­meras pa­la­bras de Arnaldo Otegui des­pués de salir de la cár­cel, anun­ciando una nueva fase de la lucha de Euzkadi por su in­de­pen­den­cia, han su­puesto un men­saje de ánimo para los se­pa­ra­tistas ca­ta­la­nes. Sin em­bargo, mien­tras en Otegui todo pa­rece re­so­lu­ción y aplomo, éstos úl­timos dan mues­tras de in­se­gu­ridad sobre los fines y los me­dios, y de me­dro­sidad sobre los si­guientes pasos que dar. Es po­sible re­co­nocer en ellos dos es­ti­los: el uno mon­ta­raz, con­mi­na­to­rio, con un há­lito de ETA en sus plan­tea­mien­tos. El otro, er­go­tista, casi bi­zan­tino, muy me­di­te­rrá­neo.

Pero hay una paradoja. De esos dos movimientos separatistas, el que muestra mayor sentido de la realidad es el catalán, mientras que el más iluso es el vasco. Esto es así porque la tarea de arrancar un espacio físico y humano a la soberanía de un estado como el español, que acumula gran experiencia histórica en sobreponerse y superar numerosos intentos de división interna, por razones sociales o de irredentismo nacionalista, es un desafío formidable. Más aún si el estado así desafiado es un miembro significativo del sistema internacional e importante socio del ordenamiento jurídico y económico de la Unión Europea. El vasco pretende ignorar todo eso. El catalán lo conoce de sobra por su colaboración histórica con los gobiernos españoles desde la Transición hasta hace cuatro o cinco años, y por eso de vez en cuando pide al estado que le otorgue lo que pretende por medio de la negociación, si no quiere que le cree un problema mayúsculo por la vía de hechos.

Un segundo frente para la historia

Veamos cómo se buscan y tratan de encontrarse los dos movimientos separatistas para multiplicar por dos la fuerza de sus respectivas pretensiones.

Otegui fue recibido por los suyos al salir de la cárcel el 1 de marzo, y también por una representación de Esquerra Republicana de Catalunya, la CUP y Junts pel Si, las tres fuerzas que, aunque obtuvieron una mayoría parlamentaria en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre pasado, no alcanzaron la mayoría del voto popular. Tras dos meses de arduas negociaciones, esas fuerzas se pusieron de acuerdo en colocar al frente de la Generalidad a Carles Puigdemont, un ‘ahijado’ de Artur Mas, a quien enviaron a casa poco ceremoniosamente.

“Nos metieron a la cárcel como independentistas y salimos como independentistas”, dijo Otegui al recobrar la libertad. En el acto de homenaje que le ofrecieron sus seguidores el pasado día 5 fue más específico, al llamar a “abrirle al estado un segundo frente”, en referencia al que se supone que ya está abierto en Cataluña. “Vaya lección nos estáis dando”, dijo dirigiéndose a los representantes del separatismo catalán presentes. “Estáis haciendo historia, y estamos aprendiendo mucho. El pueblo vasco no os va a dejar solos”. El estado, aseguró, no logrará parar nuestra independencia.

Los independentistas vascos esperan incorporar o asociar de alguna forma a sus pretensiones la fuerza electoral que obtuvo los mejores resultados del País Vasco en las elecciones generales del 20 de diciembre: Podemos. Es bien conocida la proximidad política que su líder, Pablo Iglesias, ha dicho sentir por los fines sociales del aberzalismo socialista vasco. Para Iglesias, Arnaldo Otegui era un preso político, y no un experimentado terrorista dispuesto a reconstruir el aparato armado de ETA, por lo que fue condenado.

Podemos e Iglesias tienen en su programa político el plebiscito o referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, cuestión que obstaculiza la formación de una coalición de gobierno con el partido socialista PSOE. Sin embargo, para algunos medios informativos del entorno de Podemos, la independencia de Cataluña es un proceso en marcha que merece atención y apoyo. Hispan TV, la estación financiada por Irán que propaga los proyectos políticos de Pablo Iglesias, dedicó el pasado día 5 un programa a la conferencia de treinta asociaciones de “la sociedad civil catalana”, que se reunían con dos objetivos: redactar un ‘libro verde’ de propuestas jurídicas que serán elevadas al parlamento catalán, y un proyecto de constitución para la futura república catalana.

La futura república catalana es un proyecto de lo más incierto. Puigdemont es consciente, y así lo ha reconocido, de que el 48% de los votos obtenidos el 27-S no da la legitimación suficiente para proclamar la independencia. El consejero Germà Gordó hace un análisis más ambiguo: “Desde un punto de vista de opinión política mayoritaria ya estamos en la Cataluña soberana, otra cosa es el punto de vista jurídico” (declaraciones a La Vanguardia, 13 feb. 2016). Curiosa distinción viniendo del actual consejero de Justicia, para quien la opinión política es ‘per se’ fuente de soberanía... En todo caso, Gordó se rinde a la realidad cuando acaba por reconocer: “también tenemos que saber que el independentismo se quedó en el 48 por ciento”.

El expediente que tiene absorbidos, en estas semanas, todos los recursos imaginativos de los independentistas catalanes es la ‘desconexión’, esto es, el desamarre programado de las instituciones y leyes catalanas respecto del ordenamiento constitucional español, que seguiría rigiendo mientras va siendo reemplazado por una legislación distintamente catalana.

Ese es, sin embargo, un tipo de expediente aceptado excepcionalmente para los casos tasados de un país colonizado o sometido a una tiranía, y cuyas reivindicaciones requieren el amparo y favor de las instituciones internacionales. Es prácticamente imposible colocar a Cataluña bajo una de esas categorías. Ese intento, sin la colaboración de las autoridades españolas, está abocado al fracaso. El ordenamiento legal por el que se rige Cataluña, bajo leyes nacionales y autonómicas emanadas de la Constitución, sujeta inextricablemente el orden y el funcionamiento económico, social e institucional de Cataluña con el español, bajo el cual el gobierno tiene encomendada la tarea de guardar y hacer guardar la constitución.

La utopía de la desconexión

Piénsese en lo que supondría el intento de recaudar los impuestos de ámbito estatal por parte de la proyectada Agencia Tributaria catalana. Bastaría una orden judicial a los bancos, para que no se realizasen transferencias de las cuentas particulares a la supuesta agencia, para que la economía catalana se paralizase o el régimen autonómico quedase suspendido. Se paralizarían las transferencias de fondos desde la hacienda española y la europea a las consejerías catalanas. La paralización de las transferencias desde la economía catalana al sistema fiscal español, si se intentase, entraría de inmediato en el ámbito de lo penal. Es una incógnita cómo se administraría justicia, una vez rota la cadena jerárquica. La misma inoperancia de la ‘desconexión’ afectaría a los regímenes jurídicos internacionales e internos que ordenan las comunicaciones, los transportes por carretera, por aire, por los puertos. Es inconcebible que el estado se aviniera a ceder a la Generalidad la gestión del tratado de Schengen, o renunciar a la jurisdicción sobre el despliegue de las fuerzas armadas españolas en el territorio catalán, o las obligaciones de España respecto de la OTAN, o de los acuerdos de defensa con los Estados Unidos u otros países.

Así que el movimiento independentista catalán tiene, para sobrevivir y expandirse, que esforzarse todos los días en demostrar esto: que está en movimiento, a pesar de no avanzar por la vía de los hechos consumados. A eso obedece la creación, el pasado febrero, de las tres ponencias del ‘parlament’ sobre el régimen jurídico transitorio hacia la Cataluña independiente, la seguridad social catalana y la hacienda ‘republicana’. Esta pretensión se vuelve más ambigua cuando el ‘parlament’ la hace un día ‘proyecto de ley’, y otro ‘estudio’ para un proyecto de ley. También cae bajo el tipo de ‘propaganda política’ el intento de asegurar a los gobiernos extranjeros que Cataluña está en el camino a la independencia, y que Barcelona se halla ‘a unos meses’ de ser la capital de un nuevo estado independiente, como aseguró Puigdemont a los cónsules, el pasado 11 de febrero.

El acercamiento entre los independentistas catalanes y vascos es poco más que el reconocimiento de que comparten un mismo interés en aprovechar las rentas de situación que sus respectivos territorios les ofrecen con respecto al resto de las comunidades españolas. Hay mucha mentalidad de fielato en la historia del nacionalismo periférico español, que pretendía históricamente erigirse en regulador de las relaciones comerciales de la España peninsular con el ecúmene europeo, siempre a favor de leyes proteccionistas. Un fielato en el acceso occidental a Europa, y otro en el acceso oriental. Y en medio, la barrera comercialmente infranqueable de los Pirineos.

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