Monitor del Seguro

Hacienda no ac­cedió a que los planes de pen­siones tri­bu­tasen como rentas de ca­pital

El Defensor del Pueblo tilda de poco efectivo al Servicio de Reclamaciones de Seguros

Critica que no se haya pre­visto nada sobre el cálculo del au­mento de las primas del se­guro de Decesos

Quejas y reclamaciones
Quejas y reclamaciones

El se­guro ha sido tam­bién ob­jeto de aten­ción du­rante 2015 por parte del Defensor del Pueblo, según se des­prende del in­forme anual pre­sen­tado por este or­ga­nismo a las Cortes. En dicho in­forme, la ins­ti­tu­ción cri­tica el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, al que acusa de “poca efec­ti­vi­dad”, y tacha al mer­cado de “desequilibrado”, ya que en el caso de que tras la re­cla­ma­ción de un ase­gu­rado dé la razón al cliente, la ase­gu­ra­dora no está obli­gada a su cum­pli­miento, por lo que “para ver sa­tis­fecho su de­recho el cliente tendrá que uti­lizar la vía ju­di­cial”.

El Defensor del Pueblo en su informe también se mostró muy crítico con algunas aseguradoras por la escasa e incorrecta información que proporcionan a sus clientes sobre las características de los seguros que comercializan, lo que calificó como “el principal problema”. Además explica que si los contratos no están redactados de manera lo suficientemente clara y precisa dejan dudas sobre los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Y precisa que tras una reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente o ante el Defensor del Cliente de la compañía es cuando el asegurado “adquiere consciencia de la cobertura real del seguro contratado”.

Por otra parte, la institución señala en dicho informe que había finalizado una actuación de oficio iniciada en el año 2013, sobre la necesidad de impulsar el ahorro privado para completar las futuras pensiones públicas, algo que lleva reclamando el sector asegurador durante muchos años, pero sin ningún éxito. En esta ocasión tampoco tuvo éxito, ya que volvió a tropezar, como en ocasiones anteriores, con la “piedra” de Hacienda, que no estimó oportuno establecer mayores beneficios fiscales respecto de la tributación de los planes de pensiones.

Hacienda hace oídos sordos a algunas peticiones de la institución En algunas cosas se hizo caso a las propuestas realizadas por el Defensor del Pueblo, por lo que el informe enumera las modificaciones introducidas de mejora y aclaración en el Reglamento de planes y fondos de pensiones, con un Real Decreto en agosto de 2014. Indica que se han modificado las normas relativas a la valoración sobre el derecho de rescate y su movilización a otros instrumentos de previsión social en caso de cese de la relación laboral del trabajador asegurado; y respecto del régimen de información se desarrollan las normas relativas a la incorporación de los asegurados al contrato de seguro colectivo, e información a los asegurados y beneficiarios en estos seguros colectivos, con especial referencia a los planes de previsión social empresarial.

A este respecto, la institución resume que se habían tenido en cuenta todas sus propuestas menos dos. La primera relativa a la tributación de los planes de pensiones a la fecha como rentas de capital, en lugar de rentas de trabajo, y la segunda, de volver a aplicar la reducción del 40 % sobre la totalidad de la prestación al momento del cobro.

El que las aportaciones a los fondos de pensiones tributen como rentas del trabajo y los intereses como renta de capital, como cualquier otra inversión, es algo que se ha venido solicitando reiteradamente desde el sector asegurador y desde todos los sectores implicados en el tema, así como por los propios partícipes, aunque nunca han tenido éxito, ya que Hacienda siempre ha hecho oídos sordos a esas peticiones porque le supondría unos menores ingresos y la situación económica no está para esas alegrías. Pero cuando sí se lo podía permitir, tampoco hizo caso.

Pero el informe del Defensor del Pueblo también toca otros temas del sector asegurador, como es el caso de los “seguros vinculados”. A este respecto señala que continúa la actuación de oficio en la que se efectuó una recomendación sobre la posibilidad de establecer restricciones a la práctica de las entidades bancarias de imponer la contratación de seguros vinculados a los préstamos hipotecarios. Seguros Vinculados

Y es que ese tema se encuentra regulado por una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, cuya fecha límite de transposición es el 21 de marzo de 2016. Según indica el informe, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad está trabajando en la elaboración del anteproyecto de ley de transposición

Esa Directiva prohíbe en concreto las «tying practices» o «prácticas de venta vinculada», y señala como tales toda oferta o venta de un paquete constituido por un contrato de crédito y otros productos o servicios financieros diferenciados –cuando el contrato de crédito no se ofrezca al consumidor por separado–, aunque sí que permite las denominadas «bundling practices» o «prácticas de venta combinada». Estas últimas corresponden a la oferta o venta de un paquete que incluye un contrato de crédito y otros productos o servicios financieros diferenciados, siempre que el contrato de crédito se ofrezca también al consumidor por separado, aunque no necesariamente en los mismos términos y condiciones que combinado con otros servicios auxiliares. Esta es una práctica habitual de algunas entidades bancarias, que ponen un tipo de interés más bajo a los créditos hipotecarios que van acompañados de otros productos de la entidad, como son los seguros.

Otro de los temas de los que se ocupa el informe del Defensor del Pueblo es el de los seguros de Decesos de los que señala que su regulación “genera incertidumbre a los clientes”, y además un posible lucro excesivo de las compañías aseguradoras. Por ese motivo la institución recomendó a la Dirección General de Seguros que recogiese un sistema para el cálculo y actualización de las primas del seguro de decesos que en el proyecto de reforma de la Ley de Contrato de Seguro.

El informe señala que el BOE del 15 de julio de 2015 publicó la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras en cuya disposición final primera modifica la Ley de Contrato de Seguros y entre otros aspectos, regula ex novo el seguro de Decesos. El Defensor del Pueblo valora positivamente la inclusión de un artículo específico sobre este seguro en la ley, pero critica que no se haya previsto nada sobre el cálculo del incremento de las primas que precisamente es esa la razón que impide a los asegurados la libertad para cambiar de compañía

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