Monitor de Infraestructuras

Las empresas que optan al corredor Madrid-Levante, de piedra por el retraso hasta 2020

Rajoy aplaza casi todo lo de Fomento

Adif y Renfe se pelean por el canon y obligan a Fomento a retrasar la liberalización ferroviaria

Adif
Adif

Las empresas interesadas en la liberalización ferroviaria en España se han quedado perplejas ante el anuncio del actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de querer aplazar la decisión hasta 2020, cuando obliga la Unión Europea. La privatización de uno de los corredores de alta velocidad -en este caso el corredor Madrid-Levante-Murcia- estaba previsto fuera aprobado en la anterior legislatura y ha ido sufriendo continuos aplazamientos.

El Ministerio de Fomento plantea ahora de­jarlo para cuando se pro­duzca la plena li­be­ra­li­za­ción en Europa.

De la Serna ha dado al­gunas de las ra­zones por las que ve más ade­cuado aplazar la li­be­ra­li­za­ción hasta dentro de tres años pero hay otros mo­tivos que el ti­tular de Fomento se es­conde dentro de la chis­tera y que no ha que­rido sacar a la luz.

Primero, sigue sin re­sol­verse la pelea que Adif y Renfe man­tienen por culpa de la subida del canon que el gestor de in­fra­es­truc­tura quiere aplicar para 2017. Segundo, en Adif acaba de pro­du­cirse el re­levo en la cú­pula -Juan Bravo Rivera ha sus­ti­tuido a Gonzalo Ferre- y pa­rece pre­ma­turo tomar una de­ci­sión de este tipo. Tercero, en Renfe, Pablo Vázquez ha ce­sado tam­bién en la pre­si­den­cia, lo que ge­nera un pro­blema aña­dido para Fomento.

Por otro lado, la propia Renfe in­tenta que el pro­ceso se di­late lo más po­sible porque la li­be­ra­li­za­ción fe­rro­viaria en el trans­porte de pa­sa­jeros le res­tará ne­gocio y porque tiene que ren­ta­bi­lizar las ele­vadas in­ver­siones en las que se ha me­tido. La com­pañía acaba de ad­ju­dicar a Talgo el pe­dido de nueva ge­ne­ra­ción de los AVE -un má­ximo de 30- a Talgo por 1.495 mi­llones de eu­ros.

El mi­nistro de Fomento ha ex­pli­cado que sacar a con­curso un tí­tulo ha­bi­li­tante, que per­mi­tiría a un ope­rador pri­vado ges­tio­nar, en este caso, el co­rredor de alta ve­lo­cidad Madrid-Levante, puede ge­nerar una cierta “distorsión”. De la Serna opina al res­pecto que “estaríamos li­mi­tando a un ope­rador a unas con­di­ciones y a un co­rre­dor”, frente a la aper­tura total del mer­cado que se pro­du­cirá a partir de 2020. “Tal cir­cuns­tancia -sostiene el mi­nis­tro- ge­ne­raría dos es­ce­na­rios dis­tintos y cir­cuns­tan­cias di­fe­ren­tes”.

“No pa­rece muy ade­cuado que un co­rredor tenga unas con­di­ciones y el resto vaya a tener otras, con una li­bertad ab­so­lu­ta”, sub­raya el mi­nis­tro. Ahora bien, esta si­tua­ción se pro­du­cirá cuando la li­be­ra­li­za­ción sea to­tal, pero habrá que ver si se pro­duce en esos plazos o si, como están pi­diendo al­gunos países en Bruselas, no sufre un apla­za­miento.

Un com­pro­miso de 2012

Además, desde 2012, el Ministerio de Fomento lle­vaba tra­ba­jando para sacar a con­curso una li­cencia para que un ope­rador pri­vado en­trase a com­petir con la em­presa pú­blica Renfe. En los com­pro­misos que ad­qui­rie­ron, tanto Mariano Rajoy como la ex mi­nistra de Fomento, Ana Pastor, era pri­va­tizar en la pa­sada le­gis­la­tura uno de los co­rre­dores de alta ve­lo­cidad abier­tos. En un su mo­mento, Renfe llegó a opo­nerse a que el primer co­rredor que se pri­va­ti­zase fuera el de Madrid-Barcelona, tal y como las com­pañías pri­vadas que es­taban in­tere­sadas en par­ti­cipar ha­bían pe­dido.

El propio sub­se­cre­tario de Fomento, Mariano Garcés, llegó a anun­ciar en el Congreso de los Diputados en el ve­rano de 2015 que el Ejecutivo tenía ya un dic­tamen del Consejo de Estado y que, en breve, sal­dría la Orden Ministerial y el pliego de con­di­ciones para sacar a con­curso el tí­tulo ha­bi­li­tante. Meses antes -en fe­bre­ro-, Garcés había pro­me­tido lo mismo. Pero el re­traso que su­frió la pri­va­ti­za­ción del gestor ae­ro­por­tuario Aena y, se­gundo, las elec­ciones au­to­nó­micas y mu­ni­ci­pa­les, aca­baron pos­ter­gando la de­ci­sión.

De he­cho, está pu­bli­cada ya la Orden de in­cen­tivos que se apli­cará por la uti­li­za­ción de las in­fra­es­truc­turas fe­rro­via­rias tanto para Renfe como para las em­presas que com­pitan con la com­pañía fe­rro­via­ria. Con la li­be­ra­li­za­ción fe­rro­via­ria, Fomento quiere es­ta­blecer un sis­tema de bonus ma­lus, de forma que se pre­miará o cas­ti­gará el buen o mal uso de la red. Tanto Renfe como las com­pañías pri­vadas re­ci­birán una bo­ni­fi­ca­ción o serán pe­na­li­zadas en el canon que deben abonar al gestor de in­fra­es­truc­tu­ras, en este caso a Adif.

Resistencia de Adif

Es de­cir, todo o casi todo está prác­ti­ca­mente ce­rrado. El pro­blema de fondo lo plantea bá­si­ca­mente Adif que se re­siste a re­bajar los peajes que pre­tende co­brar por la uti­li­za­ción de las vías. Los ope­ra­dores pri­vados que han anun­ciado estar dis­puestos a com­petir con Renfe llevan desde hace tiempo de­man­dando a Fomento una re­duc­ción de estas tasas para que el trá­fico fe­rro­viario sea ren­ta­ble. Las em­presas como ACS, Acciona, Comsa, Ferrovial, Globalia, Azvi y Logitrain, alegan que, si no se re­baja el ca­non, el ne­gocio para los ope­ra­dores que quieren en­trar no es po­sible porque ab­sor­bería una media de más del 60% de todos los cos­tes.

Precisamente, el gasto más im­por­tante que so­porta Renfe es el canon que debe pagar al gestor de in­fra­es­truc­turas fe­rro­via­rias Adif -unos 675 mi­llones de euros pre­vistos para 2016-, por el uso de las vías, lo que com­plica anual­mente las cuentas de la com­pañía. Según Renfe, desde 2011, la fac­tura por el canon ha cre­cido un 83%, un coste del que siempre se queja la em­presa fe­rro­via­ria.

En cam­bio, Adif ase­gura, por su parte, que el canon que aplica sólo cubre el 70% de los costes de la red de AVE. El ex pre­si­dente Gonzalo Ferre dejó siempre claro que no era par­ti­dario de bajar los cá­no­nes, porque con­si­de­raba que se es­ta­rían sub­ven­cio­nando con di­nero del con­tri­bu­yente ac­ti­vi­dades que son pri­va­das. Además, el gestor de in­fra­es­truc­turas tiene que probar ante Bruselas que la mitad de sus costes están cu­biertos con in­gresos co­mer­ciales por­que, de lo con­tra­rio, la deuda que arrastra con­ta­bi­li­zaría como dé­fi­cit, una cir­cuns­tancia que preo­cupa mucho al Gobierno.

Adif Alta Velocidad arrastra desde hace tiempo se­rias di­fi­cul­tades fi­nan­cieras para poder acabar las obras que le restan del AVE por la ele­vada deuda que tiene que so­por­tar. A cierre de 2015, la deuda a largo plazo as­cendía a 14.768,9 mi­llones de eu­ros, lo que con­vierte a Adif en una de las em­presas pú­blicas más en­deu­dadas del Estado. El pa­sivo pre­visto para 2016 se es­pera al­cance los 16.000 mi­llo­nes.

El nuevo mi­nistro de Fomento tiene ahora en­cima de la mesa un pro­blema por la guerra que man­tienen Adif y Renfe por culpa del canon fe­rro­via­rio. El gestor de in­fra­es­truc­turas pre­tende una subida del 15% para 2017 algo que no está dis­puesto a per­mitir la com­pañía fe­rro­via­ria. Es más, la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se opone tam­bién al au­mento que plante el gestor fe­rro­via­rio.

La CNMC da en este punto la razón a Renfe porque con­si­dera des­pro­por­cio­nada la subida que exige Adif. El or­ga­nismo que pre­side José María Marín Quemada li­mita ese au­mento del canon a un 4,2% ante el temor de que Renfe lo pueda tras­ladar des­pués a los bi­lletes de los via­jeros y re­dunde en un des­censo del uso del AVE.

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