OPINIÓN

No todo vale contra el blanqueo

En una sociedad como la española especialmente sensibilizada con la lacra de la corrupción, pocos delitos hay que resulten más aborrecibles que el de blanqueo capitales. Precisamente por su esencia: por operar quienes lo perpetran con mecanismos orientados a dar apariencia de legalidad a bienes o activos de origen delictivo.

Las le­gis­la­ciones de cada uno de los países eu­ro­peos, in­cluido España, se han pro­mul­gado pre­ci­sa­mente a fin de hacer eficaz la per­se­cu­ción del la­vado de di­nero. También in­ter­na­cio­nal­mente, desde ins­ti­tu­ciones y or­ga­nismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se ha tra­ba­jado con largo aliento contra el la­vado de di­nero de­ri­vado de he­chos cri­mi­na­les. Los es­fuerzos para evitar que se ubi­quen fondos en el sis­tema fi­nan­ciero pro­ce­dentes del trá­fico de drogas o de ar­mas, de la pros­ti­tu­ción o la ex­tor­sión o in­cluso del te­rro­rismo, así como la obs­ti­na­ción en des­cu­brir las transac­ciones que pre­tenden dis­frazar el origen de esos fondos son una cons­tante.

En el ca­mino por des­tapar estos pro­cesos com­plejos es de re­cibo re­co­nocer las buenas prác­ticas por parte de los in­ves­ti­ga­do­res, pero en oca­siones tam­bién se pro­ducen ciertos abusos en el afán de aplicar mano dura. Estos son po­cos, aunque pro­vocan graves con­se­cuen­cias para las per­sonas ob­jeto de esas in­ves­ti­ga­cio­nes. En las úl­timas se­ma­nas, por ejem­plo, han tras­cen­dido los efectos de una de las ma­yores y más me­diá­ticas ope­ra­ciones prac­ti­cadas en Tenerife en los úl­timos años. En 2011 se de­tuvo a 13 per­so­nas, pre­sun­ta­mente im­pli­cadas en el la­vado de di­nero de la Camorra na­po­li­tana. La Audiencia Nacional ha ter­mi­nado ab­sol­viendo a to­dos, de­ter­mi­nando que la causa (en torno al com­plejo Marina Palace) se había ba­sado en “meras re­fe­ren­cias po­li­ciales ob­te­nidas por arre­pen­tidos ita­lia­nos”, y es­ta­ble­ciendo que se había in­ten­tado en­con­trar de­litos en “varias ope­ra­ciones ge­né­ricas de las que no exis­tían in­for­ma­ciones con­cre­tas”.

Incluso pe­ri­cial­mente los ma­gis­trados señalan que no hubo in­forme téc­nico que lle­vase a cabo un aná­lisis eco­nó­mico de los flujos di­ne­ra­rios que per­mi­tiese acre­ditar que esos re­cursos eco­nó­micos te­nían un origen ilí­cito. Uno de los en­car­ce­lados pre­ven­ti­va­mente du­rante tres años y medio –declarado ahora inocente– ase­gura que les des­tro­zaron la vida y no les han de­vuelto los bienes ni las can­ti­dades eco­nó­micas in­ter­ve­ni­das.

Algo si­milar ocurre ahora en la cues­tio­nada jus­ticia ca­naria –salpicada con es­cán­dalos como el de­no­mi­nado “Albagate”– donde está que­mando la de­riva del de­no­mi­nado “caso Kokorev”. Se trata de una la fa­milia es­pañola de origen ruso (los an­cianos Vladimir, Julia y su hijo Igor) acu­sada de ejercer de tes­ta­ferro de Teodoro Obiang en España a través de una com­pañía pre­sun­ta­mente fan­tasma: Kalunga. La jueza del Juzgado de Instrucción nº5 de Las Palmas, Ana Isabel de Vega Serrano ha no­ti­fi­cado dos autos por los que se acuerda la pri­sión pro­vi­sio­nal, que se pro­longa ya du­rante más de año y medio para pa­dres –con pro­blemas de salud mul­ti­or­gá­ni­cos– e hijo. A pesar del largo tiempo en pri­sión y de in­ves­ti­ga­cio­nes, la propia ma­gis­trada es­ta­blece que “no ha lo­grado en lo que lle­vamos de ins­truc­ción” de­ter­minar la re­la­ción de las trans­fe­ren­cias de más de 20 mi­llones de dó­lares que re­caen en la cuenta de la em­presa de Vladimir Kokorev con ope­ra­ción al­guna de blan­queo de ca­pi­tales a través del dic­tador de Guinea Ecuatorial.

Y sin em­bargo, en ese mismo do­cu­mento jus­ti­fica la de­ten­ción de la fa­milia es­pañola de origen ruso en Las Palmas, asu­miendo in­cluso la ab­so­luta falta de in­di­cios ra­cio­nales que li­guen los fondos re­ci­bidos por la em­presa na­viera de Kokorev a un po­sible origen ilí­cito. Es más, los in­gresos mi­llo­na­rios re­ci­bidos en la cuenta de Kalunga sobre los que la jueza sigue sos­pe­chando han sido de sobra jus­ti­fi­ca­dos, ofi­cial­mente y ante los tri­bu­nales ca­na­rios, por do­cu­mentos va­li­dados por el propio Ministerio Fiscal de Guinea Ecuatorial.

Los es­tragos del blan­queo de ca­pi­tales para un país son in­cues­tio­na­bles: fa­vo­re­ciendo la cri­mi­na­lidad al le­gi­timar el pro­ducto del de­lito, pro­du­ciendo dis­tor­siones en los mo­vi­mientos fi­nan­cie­ros, afec­tando la repu­tación y el pres­ti­gio, la in­te­gridad y el cré­dito de ins­ti­tu­ciones y so­cie­dades que son in­ca­paces de an­ti­ci­parlo o cor­to­cir­cui­tarlo. Ello no jus­ti­fica el abuso en la uti­li­za­ción de la pri­sión pre­ven­tiva por parte de quien ha de im­partir jus­ti­cia.

Como han aler­tado re­cien­te­mente desde pla­ta­formas como la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, para el blan­queo de ca­pi­tales y otros tipos se aprecia “un uso ex­ce­sivo en la apli­ca­ción de la pri­sión pro­vi­sio­nal” a través de re­so­lu­ciones ju­di­ciales que “carecen de una va­lo­ra­ción su­fi­ciente y por­me­no­ri­za­da”, y que desatan con­se­cuen­cias “en mu­chos sen­ti­dos, más in­tensas que los que pro­duce el cum­pli­miento de una con­de­na”.

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