OPINIÓN

No todo vale contra el blanqueo

En una so­ciedad como la es­pañola es­pe­cial­mente sen­si­bi­li­zada con la lacra de la co­rrup­ción, pocos de­litos hay que re­sulten más abo­rre­ci­bles que el de blan­queo ca­pi­ta­les. Precisamente por su esen­cia: por operar quienes lo per­pe­tran con me­ca­nismos orien­tados a dar apa­riencia de le­ga­lidad a bienes o ac­tivos de origen de­lic­tivo.

Las legislaciones de cada uno de los países europeos, incluido España, se han promulgado precisamente a fin de hacer eficaz la persecución del lavado de dinero. También internacionalmente, desde instituciones y organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se ha trabajado con largo aliento contra el lavado de dinero derivado de hechos criminales. Los esfuerzos para evitar que se ubiquen fondos en el sistema financiero procedentes del tráfico de drogas o de armas, de la prostitución o la extorsión o incluso del terrorismo, así como la obstinación en descubrir las transacciones que pretenden disfrazar el origen de esos fondos son una constante.

En el camino por destapar estos procesos complejos es de recibo reconocer las buenas prácticas por parte de los investigadores, pero en ocasiones también se producen ciertos abusos en el afán de aplicar mano dura. Estos son pocos, aunque provocan graves consecuencias para las personas objeto de esas investigaciones. En las últimas semanas, por ejemplo, han trascendido los efectos de una de las mayores y más mediáticas operaciones practicadas en Tenerife en los últimos años. En 2011 se detuvo a 13 personas, presuntamente implicadas en el lavado de dinero de la Camorra napolitana. La Audiencia Nacional ha terminado absolviendo a todos, determinando que la causa (en torno al complejo Marina Palace) se había basado en “meras referencias policiales obtenidas por arrepentidos italianos”, y estableciendo que se había intentado encontrar delitos en “varias operaciones genéricas de las que no existían informaciones concretas”.

Incluso pericialmente los magistrados señalan que no hubo informe técnico que llevase a cabo un análisis económico de los flujos dinerarios que permitiese acreditar que esos recursos económicos tenían un origen ilícito. Uno de los encarcelados preventivamente durante tres años y medio –declarado ahora inocente– asegura que les destrozaron la vida y no les han devuelto los bienes ni las cantidades económicas intervenidas.

Algo similar ocurre ahora en la cuestionada justicia canaria –salpicada con escándalos como el denominado “Albagate”– donde está quemando la deriva del denominado “caso Kokorev”. Se trata de una la familia española de origen ruso (los ancianos Vladimir, Julia y su hijo Igor) acusada de ejercer de testaferro de Teodoro Obiang en España a través de una compañía presuntamente fantasma: Kalunga. La jueza del Juzgado de Instrucción nº5 de Las Palmas, Ana Isabel de Vega Serrano ha notificado dos autos por los que se acuerda la prisión provisional, que se prolonga ya durante más de año y medio para padres –con problemas de salud multiorgánicos– e hijo. A pesar del largo tiempo en prisión y de investigaciones, la propia magistrada establece que “no ha logrado en lo que llevamos de instrucción” determinar la relación de las transferencias de más de 20 millones de dólares que recaen en la cuenta de la empresa de Vladimir Kokorev con operación alguna de blanqueo de capitales a través del dictador de Guinea Ecuatorial.

Y sin embargo, en ese mismo documento justifica la detención de la familia española de origen ruso en Las Palmas, asumiendo incluso la absoluta falta de indicios racionales que liguen los fondos recibidos por la empresa naviera de Kokorev a un posible origen ilícito. Es más, los ingresos millonarios recibidos en la cuenta de Kalunga sobre los que la jueza sigue sospechando han sido de sobra justificados, oficialmente y ante los tribunales canarios, por documentos validados por el propio Ministerio Fiscal de Guinea Ecuatorial.

Los estragos del blanqueo de capitales para un país son incuestionables: favoreciendo la criminalidad al legitimar el producto del delito, produciendo distorsiones en los movimientos financieros, afectando la reputación y el prestigio, la integridad y el crédito de instituciones y sociedades que son incapaces de anticiparlo o cortocircuitarlo. Ello no justifica el abuso en la utilización de la prisión preventiva por parte de quien ha de impartir justicia.

Como han alertado recientemente desde plataformas como la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, para el blanqueo de capitales y otros tipos se aprecia “un uso excesivo en la aplicación de la prisión provisional” a través de resoluciones judiciales que “carecen de una valoración suficiente y pormenorizada”, y que desatan consecuencias “en muchos sentidos, más intensas que los que produce el cumplimiento de una condena”.

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