ADICAE y ASUFIN: "la sentencia, un adelanto del sorteo de Navidad"

Las de­cla­ra­ciones de las or­ga­ni­za­ciones de con­su­mi­dores sobre la sen­tencia eu­ropea sobre las cláu­sulas suelo no se han hecho es­pe­rar. En ADICAE, aso­cia­ción que cifra en dos mi­llones los con­tratos hi­po­te­ca­rios atados a cláu­sulas suelo, el al­bo­rozo se hace no­tar. Su de­le­gado en Canarias, Manuel Fajardo, afirma que la no­ticia su­pone para los hi­po­te­cados "un ade­lanto del sorteo de Navidad". Fajardo ce­lebra una sen­tencia que, en su opi­nión, "es de jus­ti­cia" y que hará que el Supremo "cambie los cri­te­rios".

Reacciones

ASUFIN, otra de las agrupaciones más activas en la defensa de los derechos de los consumidores de productos bancarios, también pone el acento en el varapalo que el fallo europeo supone para la doctrina del TS. Su presidenta, Patricia Suárez, destaca el "tirón de orejas" de la Justicia comunitaria al Supremo.

"En ASUFIN siempre habíamos confiado en el Tribunal Supremo y vimos, con sorpresa, como se dictaba una sentencia contraria a derecho. Una vez más Europa defiende al consumidor", declara Suárez.

En declaraciones exclusivas para Capital Madrid, Suárez celebra que el TJUE haya acabado con la "aberración jurídica" que suponía limitar la retroactividad de las cláusulas suelo, y advierte que "la banca ya no tiene excusas para no devolver los importes cobrados de más a los consumidores".

En la acera contraria se encuentran las patronales bancarias, que han acogido con prudencia la resolución. Desde la Asociación Española de Banca (AEB) consideran fundamental "conocer en detalle el contenido de la resolución y cómo se trasladará a la jurisprudencia española, puesto que no existen precedentes en casos parecidos".

"En particular, será preciso conocer los plazos y el procedimiento en los que esta resolución tendrá que llevarse a cabo", explican. La AEB, además, afirma que "los bancos afectados están abiertos a una interlocución directa con sus clientes a fin de agilizar la aplicación de la resolución".

Por su parte, la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) enfatiza el carácter transgresor de la sentencia: "Se aprecia que la misma se aparta de las conclusiones emitidas por el Abogado General y la doctrina del Tribunal Supremo en su sentencia de 9 de mayo de 2013. Ambos pronunciamientos determinaron que la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo debía tener efectos limitados".

La patronal de las cajas declara que el fallo "no es de aplicación directa" y descarta que vaya a provocar un descalabro en los balances de los bancos. "La sentencia se refiere a un aspecto puntual de la contratación bancaria, por lo que no afecta a la solidez del mercado hipotecario español, ni a la solvencia de las entidades de crédito españolas", explica.

Pardos, sobrado

"Hoy se aplica el Estado de Derecho", ha dicho el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, en la rueda de prensa exprés convocada por la asociación para dar a conocer su postura oficial sobre la noticia del día. Pardos replicó duramente a las declaraciones de la patronal bancaria denunciando el "cinismo" de ésta al reconocer ahora que la retroactividad total de los 'suelos' no afecta a la solvencia de la banca.

Pardos anticipó que la banca se resistirá a devolver el dinero, y reaccionó al comunicado de CECA que negaba que la sentencia fuese de aplicación directa: "Estan amenazando sibilinamente de que harán sufrir a los consumidores durante un año o dos años, pero las sentencias del TJUE son inapelables y se quieren saltar el Estado de Derecho".

Otras organizaciones de consumidores, como CECU, han insistido en que los bancos devuelvan el dinero de oficio, sin hacer pasar a los afectados por los tribunales en procesos largos y costosos. El eco de estas reclamaciones ha llegado a los dos grandes partidos del panorama político nacional, que están en negociaciones para alcanzar un acuerdo que facilite a los dos millones de afectados empezar a recibir sus reembolsos cuanto antes.

El portavoz socialista en el Congreso ha anunciado que ha mantenido una "reunión de urgencia" esta mañana con el ministro popular de Justicia, Rafael Catalá, en aras de establecer un "procedimiento rápido" que permita la solución extrajudicial de las reclamaciones y evite un proceso judicial "que puede ser largo, prolijo y costoso" para los afectados.

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