Monitor de Infraestructuras

PSOE y Podemos exigen res­pon­sa­bi­li­dades al Gobierno y Ciudadanos una au­di­toría de las cons­truc­toras

Rajoy se mete en un lío con el rescate de las autopistas quebradas

La na­cio­na­li­za­ción de las ra­diales ge­nera duras crí­ticas del PP en plena ne­go­cia­ción de los Presupuestos

Autopistas
Autopistas

El Gobierno se ha me­tido en un ver­da­dero charco con el pro­blema de las au­to­pistas en quie­bra. El anuncio del mi­nistro de Fomento, Íñigo de la Serna, de que el Estado se que­dará con las ra­diales y se hará cargo de la deuda le ha ex­plo­tado en las manos en plena ne­go­cia­ción de los Presupuestos 2017. Todos los par­tidos po­lí­ticos se le han echado en­cima y exigen res­pon­sa­bi­li­dades al Ejecutivo de José María Aznar que pla­ni­ficó tales in­ver­sio­nes.

Dentro del propio PP, hay quienes opinan que el titular de Fomento cometió un error de bulto al reconocer públicamente en los Desayunos de TVE que “las autopistas revertirán al Estado y el Estado decidirá cómo gestionarlas”. De la Serna garantizó que el principal objetivo es que las infraestructuras “sigan operativas y los ciudadanos puedan seguir utilizándolas”. Algunos diputados han llegado a reconocer que De la Serna debía haber dejado pasar el anuncio hasta después de aprobados los Presupuestos.

A los tres partidos mayoritarios en el Congreso, PSOE, Podemos y Ciudadanos les ha faltado tiempo para arremeter contra el Gobierno, exigiendo responsabilidades a quiénes decidieron construir las ocho autopistas en quiebra, a sabiendas de que fue el Gobierno de José María Aznar quien acordó su construcción.

La nacionalización puede costar al Estado y a las arcas públicas unos 5.500 millones de euros si se tienen en cuenta los 3.400 millones de euros prestados por los bancos a las empresas constructoras más los costes de las expropiaciones. Aunque siempre se ha hablado de los 3.400 millones de euros que las compañías tienen como deuda contraída con las entidades financieras, la patronal de la construcción Seopan ha cifrado en torno a unos 5.500 millones las desviaciones que ha supuesto la construcción de las mismas.

Responsabilidades y auditorías

Los grupos políticos se han agarrado a esta cifra para ir contra el actual Ejecutivo, exigiendo responsabilidades por el rescate. Además de PSOE y Podemos, Ciudadanos se ha mostrado en este asunto muy beligerante y está haciendo de ello una auténtica cruzada en contra del Ejecutivo. Su líder, Albert Rivera, ha sido muy crítico en este aspecto criticando en el programa La Sexta Noche, de los sábados, la falta de planificación que ha existido en las inversiones realizadas en infraestructuras en los años del boom y de los grandes errores cometidos por el bipartidismo en España.

“El bipartidismo dejó un lastre que vamos a pagar todos los españoles, hay que cambiar las cosas”, dijo Rivera a la vez que señalaba: “no puede ser que España esté peleándose por cada décima de déficit en Europa y después tenga que pagar miles de millones en rescatar las autopistas”.

Al hilo de ello, Ciudadanos acaba de registrar una iniciativa en el Congreso de los Diputados para solicitar al Gobierno que determine e informe, en el plazo de un mes, sobre el coste que supondrá al Estado el rescate de las autopistas y que realice también una auditoría de las empresas concesionarias, con el fin de que éstas asuman parte de ese coste.

Las autopistas quebradas o en riesgo de quiebra son las radiales de Madrid número 2, 3, 4 y 5, pertenecientes al consorcio Accesos de Madrid que integran las empresas ACS, Abertis, Sacyr y Bankia; la M-12 del Eje Aeropuerto de Barajas; la AP-41 (Madrid-Toledo), la AP-36, la circunvalación de Alicante (Ciralsa) y la Cartagena-Vera (Aucosta).

“Es el caso más exagerado del capitalismo de amiguetes y del pelotazo que va a costar 5.000 millones a los españoles, una cantidad con la que podrían sufragarse todas las medidas sociales del pacto de Ciudadanos con el PP”, ha indicado el portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán.

“Se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas, lo cual es un cholllo para alguno pero un fracaso para el Estado”, ha declarado el portavoz de Fomento del mismo grupo, Fernando Navarro. “Ya basta de esta política, los españoles no tenemos que pagar por el fracaso de la incompetencia de los políticos”, ha subrayado.

PSOE y Podemos se han mostrado igualmente duros y exigen responsabilidades por el rescate de las radiales en quiebra. Ambos partidos quieren saber por qué se construyeron unas infraestructuras basadas en “cálculos erróneos” sobre previsiones de tráfico y por las que se pagaron “sobrecostes” en la expropiación de los terrenos para su construcción.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha exigido que el Gobierno explique “cómo aquellos gobiernos tomaron decisiones en las que se pudieron equivocar tanto”, como para que suponga un coste a los ciudadanos de más de 5.500 millones de euros”.

Por su parte, el portavoz de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, ha defendido la necesidad de incluir un nuevo delito en el Código Penal que sirva para castigar a los responsables de la Administración, culpables de “pelotazos” como el que supuso, a su juicio, la construcción de las autopistas radiales de Madrid y ahora va a rescatar el Estado.

Quita del 50% de la deuda

El plan diseñado en la etapa de Ana Pastor como ministra de Fomento era integrar las ocho radiales en una empresa pública tras aplicar una quita del 50% sobre la deuda que soportan de unos 3.400 millones de euros y convertir el resto del pasivo en un bono con una retribución garantizada durante 30 años del 1%.

Las empresas afectadas reclaman también ser indemnizadas por los sobreprecios practicados en la expropiación de los terrenos expropiados. Las constructoras exigen por este concepto unos 2.500 millones que se les adeuda por las expropiaciones que debieron realizar para ejecutar los proyectos.

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