Monitor del Seguro

El 44,5% de la po­bla­ción no confía en re­cibir una pen­sión pú­blica cuando se ju­bile

Pensiones: ¿quién crea la alarma?

El se­guro se de­fiende de las acu­sa­ciones del Gobierno sobre el fu­turo in­cierto

Edificio de Mapfre
Edificio de Mapfre

El de­bate sobre el fu­turo de las pen­siones está en un mo­mento ca­liente. La coin­ci­dencia de la cam­paña de final de año para captar apor­ta­ciones para los sis­temas pri­vados de ahorro para la ju­bi­la­ción y el inicio de las con­ver­sa­ciones en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo ha ge­ne­rado un ruido me­diá­tico que, al pa­re­cer, ha de­jado sordos a al­gu­nos. Por ejem­plo, a la pre­si­denta de la men­cio­nada co­mi­sión, Celia Villalobos.

Solo así se entiende que el mismo día en que se reunía el Pacto de Toledo, el 22 de noviembre, dijera esto en público: “Yo comprendo que las empresas de seguros estén haciendo su campaña de pensiones que acaba el 31 de diciembre, pero lo que a mí me parece impresentable es que asusten a los mayores”.

Celia Villalobos quiso dejar claro que las pensiones están aseguradas “con crisis económica y sin crisis, con Fondo de Reserva y sin él. Y siempre será así”. Pues muy bien, independientemente de que es cierto que el sector asegurador está en campaña, también lo es que las aseguradoras no han puesto en duda la supervivencia de las pensiones públicas.

Se podrían poner muchos ejemplos de declaraciones anteriores a ese 22 de noviembre. Entre ellos, el 6 de octubre, con motivo de las actividades de la Semana de la Educación Financiera, Unespa e Inverco presentaron el vídeo ‘Ahorra Ahora’, con el que se pretende concienciar a la sociedad de la necesidad de ahorrar para la jubilación. En ese evento, desde ambas instituciones se envió un mensaje explícito de tranquilidad respecto al futuro de las pensiones públicas.

“Nadie cuestiona que el sistema público vaya a seguir existiendo. Pero la fortaleza de los ingresos para la jubilación es mayor con dos fuentes de financiación. La pública tiene sus ventajas, y sus retos, como el envejecimiento de la población”, afirmó Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco. En el mismo sentido, la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, comentó que en ningún caso se piensa que “el desarrollo de las pensiones privadas se haga a costa de las públicas”.

Después de ese 22 de noviembre, las declaraciones en este mismo sentido se prodigaron más, e incluso la presidenta de Unespa llegó a pedir a Celia Villalobos una explicación sobre sus palabras: “Una acusación así de grave y sin desvelar las razones que le llevan a decir eso, necesariamente exige una explicación y, en su caso, una disculpa”. De momento, ni explicación ni disculpa.

Pero el sector sí ha seguido hablando. Por ejemplo, el 28 de noviembre, el consejero delegado de AXA, Jean Paul Rignault, comentaba en la inauguración de unas jornadas que “todos queremos un sistema público de pensiones fuerte, viable y sostenible. Por ello hay que realizar reformas estructurales y no cambios de parámetros que reducen el importe de las pensiones”. En ese mismo foro, Luis Miguel Ávalos, director del Área de Seguros Personales de Unespa, afirmaba que “desde el sector asegurador no queremos preocupar a nadie sobre la viabilidad del sistema público de pensiones. La gente tiene que ocuparse, pero no preocuparse”.

Más recientemente, el 7 de diciembre, Júan Fernández Palacios, consejero delegado de Mapfre Vida, explicaba que el seguro habla de pensiones porque “es nuestra materia prima. Tenemos la obligación de decirlo, pero no queremos crear alarma. Somos partidarios de pensiones públicas dignas. Queremos ser parte de la solución, no beneficiarios de ningún problema”.

Y dicho esto, el 44,5% de la población no confía en recibir una pensión cuando se jubile, según el estudio ‘Opinión de los españoles sobre el sistema de pensiones’ presentado por Fundación Mapfre. A menor edad, más desconfianza: el 59% de los jóvenes entre 18 y 29 años cree que no llegará a ver una pensión pública.

Estas dudas sobre la percepción de la pensión no deberían existir, ya que las pensiones están garantizadas, como recuerdan desde el Gobierno y desde el sector asegurador, aunque le pese a Celia Villalobos. ¿Qué es lo que ocurre? Con todo este runrún mediático, a la sociedad le están llegando mensajes muy negativos de forma reiterada. Entre ellos: el sistema público de pensiones tiene un desfase que alcanzará los 18.000 millones a final de año; el Fondo de Reserva se agotará en 2017, consumiendo los 41.000 millones con los que contaba; el gasto público actual en pensiones representa ya el 10% del PIB y en 2050, si nada cambia, será el 40%; con los actuales niveles de cotización, se estima que de aquí a 2018 se necesitarán crear 2,2 millones de puestos de trabajo para mantener el actual sistema de pensiones; en 2066 uno de cada tres españoles tendrá más de 64 años…

El panorama que se dibuja es, por tanto, cuanto menos oscuro, por lo que las dudas de una parte de la población sobre el futuro de las pensiones públicas son comprensibles. La información en este punto es clave. Y el Gobierno está contribuyendo poco a ello. Pese a tener la famosa carta con los datos sobre la pensión pública estimada ya preparada, no se anima a enviarla a los ciudadanos. Sabe que va a dar muchos disgustos, y políticamente no conviene. Esta información es crucial para concienciar a la sociedad del problema real, que no es el de la existencia o no de la pensión pública, sino el hecho cierto de que solo con esa pensión va a ser muy difícil mantener el nivel adquisitivo tras la jubilación.

El 82% de la población ya lo tiene claro y cree que la pensión pública no será suficiente para mantener el nivel de vida actual: 6 de cada 10 españoles piensa que su jubilación será inferior a 900 euros al mes, según el informe de Fundación Mapfre. La cifra se antoja escasa. Según el informe ‘La revolución de la longevidad y su influencia en las necesidades de financiación de los mayores’, ganador del XI Premio Edad&Vida, promovido por Fundación Edad&Vida, VidaCaixa y la obra social de La Caixa, los mayores de 65 años que residen en sus hogares tiene un gasto medio mensual de 953 euros, incluida una pequeña cantidad para el ocio, 171 euros, tras pagar vivienda y necesidades básicas.

En este marco es en el que la información es clave para reaccionar a tiempo y lograr que una combinación de pensión pública y ahorro privado permita una jubilación sin agobios económicos. Aunque hay un problema. Si bien es cierto que la transparencia y la información nunca sobran, parece que en poco pueden ayudar a los ciudadanos que no guardan dinero para la jubilación porque no pueden. Y no son pocos. Según la encuesta de Fundación Mapfre, el 68,7% de los españoles no ahorra, y de ese porcentaje, el 68,2% no lo hace por falta de capacidad económica.

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