UNIÓN EUROPEA

El 'Brexit' ya no es una cuestión del Gobierno de Theresa May

La High Court mete al par­la­mento en las ne­go­cia­ciones para salir de la UE

Theresa May
Theresa May

La pri­mera mi­nistra bri­tá­nica, Theresa May, ha frus­trado ciertas ex­pec­ta­tivas de los par­la­men­ta­rios par­ti­da­rios de que el Reino Unido siga dentro de la Unión Europea, al mismo tiempo que se en­fren­taba al pro­nun­cia­miento de la High Court lon­di­nense, sobre que el go­bierno debe ob­tener la au­to­ri­za­ción del Parlamento para ini­ciar lo pre­visto en el art. 50 del Tratado de la Unión, que se ocupa de la sa­lida de un Estado miem­bro.

Para May, el Parlamento ya habló cuando decidió convocar el referéndum conocido como Brexit, y ahora ella, como primera ministra, posee todos los poderes constitucionales para ejecutar lo aprobado por las cámaras de los Comunes y los Lores, es decir, cumplir el mandato popular, sin más dilación.

May, en un artículo en The Sunday Telegraph del día domingo 6 de noviembre, acusó a los parlamentarios que piden que el gobierno vuelva al parlamento a obtener la autorización para activar el art. 50, de “repetir las batallas del pasado”, y prometió oponerse al pronunciamiento judicial, lo que probablemente hará apelando al Tribunal Supremo del reino. Es decir, May sostiene que el gobierno puede activar el art. 50 sin necesidad de obtener una nueva autorización parlamentaria.

Como todos los referéndums, éste del Brexit ocultaba ese resorte que siempre salta a la cara de los promotores de la idea de que es necesario consultar, de vez en cuando, a un pueblo para que se sienta soberano durante unas horas. En efecto, se suponía que el Reino Unido podría recuperar la plena soberanía de su parlamento, que es como decir la de la nación, como resultado de la consulta popular, y dado que el Brexit ganó, el gobierno, sin necesidad de volver al parlamento, recibía el mandato de ejercer el derecho de salida según el art. 50 de la ley fundamental de la Unión.

El temor de los partidarios del Brexit es que todo el asunto de la salida, o siquiera partes de ese denso expediente, fuesen sometidos al examen y aprobación del parlamento, dado que en éste sigue habiendo una mayoría de MPs y lores que fueron acérrimos defensores del ‘Brit-in’. Así que los del Brexit temían que esos parlamentarios embotasen la contundencia de la ruptura con Europa, neta y terminante que deseaban. Queriendo restaurar la plena soberanía del Reino Unido, en realidad pretenden limitar la soberanía del cuerpo que la encarna: el parlamento.

Esa es una misión prácticamente imposible. Un vasto cuerpo de leyes, regulaciones y normas contraídas por el Reino Unido desde que accedió a la Unión son derecho no sólo de la Unión, sino del propio Reino Unido, por lo que si el parlamento quiere cumplir su misión legislativa y decisoria, parecería lógico que fuese llamado a entender del rechazo o refrendo de disposiciones que ya pertenecen a su ordenamiento interno.

Es decir, es difícil concebir que el parlamento no tenga el derecho de examinar, o quizás autorizar, que se abra el expediente de salida previsto en el art. 50 del tratado de la Unión bajo condiciones que limiten o constriñan las facultades negociadoras del gobierno. Porque no se trata de un “ahí os quedáis, recojo mis cosas y me voy’, sino que las obligaciones contraídas al amparo de las leyes de la Unión Europea son parte del ordenamiento legal de cada estado miembro en particular, es decir, también el del Reino Unido. Y es más: ese ordenamiento tiene fuerza también en las relaciones bilaterales entre cada uno de los estados de la Unión con todos los otros miembros.

El parlamento tiene todavía mucho que decir

Es cierto que hay áreas del ordenamiento vigente dentro de la Unión que en realidad se inscriben en, o dimanan de, un régimen jurídico supranacional, como el que cubre amplias áreas de la actividad bancaria, las garantías sanitarias, la seguridad de las transacciones y de los tráficos comerciales, etc., todo lo cual está prácticamente fuera del interés actual del parlamento. Además están la infinidad de regulaciones y normas que, aún con un Reino Unido fuera de la Unión, deberían ser remitidas al Tribunal Europeo de Justicia, y que con toda seguridad seguirán siendo parte del ordenamiento legal del Reino Unido. Sin embargo, es difícil concebir que el examen y aprobación de lo que se puede o debe hacer en esos ámbitos de jurisdicciones superpuestas, en protección de los derechos internos del Reino Unido, o en pro de sus reformas, y en defensa de la coherencia interna de su sistema de leyes, no deba ser examinado por el parlamento. Así que parece inevitable que éste luche por circunscribir las facultades de la primera ministra en sus negociaciones con la UE.

Naturalmente, esta probable facultad concedería al Reino Unido una capacidad de condicionar la agenda de la UE, según las necesidades políticas internas de los partidos británicos. Así, será difícil que se sostenga en su pureza la doctrina establecida por el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, cuando dijo, a raíz del resultado del referéndum, que “Brexit quiere decir Brexit”; esto es, ahí está la puerta. ¡Y pronto!

Fuentes de la BBC han asegurado que la primera ministra se dirigirá próximamente al presidente de la Comisión, confirmando que se propone iniciar en marzo del 2017 el procedimiento de salida, tal como ya tenía anunciado.

Cada una de las partes en las futuras negociaciones tiene a su favor un punto fuerte que es un punto débil para la otra. El fuerte del Reino Unido es la capacidad que adquirirá, en el curso de las negociaciones, para tener la atención de la Comisión embargada por este único expediente, que por su complejidad complicará y alargará las agendas de la Comisión, pendientes con otros agentes internacionales; es decir, el Reino Unido dispondrá durante sus negociaciones de un fuerte “nuisance value”.

Su punto débil es la mucha mayor necesidad que tiene Londres de estabilizar sus relaciones con la Unión, dadas las diferentes aritméticas comerciales de uno y de la otra. Mientras el 48% de las exportaciones del RU tienen su salida en la Unión, ésta depende de RU para sólo el 14% de sus exportaciones.

Y está, además, la obligación de los parlamentos nacionales de los otros 27 estados miembros, para examinar y condicionar unas negociaciones que afectan a múltiples aspectos de sus ordenamientos internos.

Como conclusión final aunque no definitiva, podemos sacar ésta: ¿Referéndums? No, gracias.

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