TENDENCIAS DEL DINERO

Montoro opta por el parche para 'levantar' 5.500 millones

El mi­nistro tiene que ajustar cuentas entre lo que le sale y lo que pide la UE

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Montoro, don Cristobal.

El go­bierno de España ha op­tado, una vez más, por el parche fiscal para re­solver un pro­blema pun­tual, aunque no menor en esta oca­sión, ya que de lo que se trata es de “levantar” los 5.500 mi­llones que re­clama Bruselas para cum­plir con el ajuste en ma­teria de dé­ficit pú­blico.

Una vez más, Montoro decide utilizar el parche para resolver un problema acuciante, pero puntual, olvidándose de una reforma fiscal, celosamente guardada en su cajón, obra de una Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario, constituida a mediados de 2014 y rápidamente enterrada y olvidada, por mucho que los expertos -Comisión Europea incluida- consideraron que el ejecutivo de Rajoy había aceptado, por fin, el reto histórico de sacar adelante una reforma fiscal que colocara a España en la vanguardia en materia tributaria.

Cristobal Montoro Romero, a la sazón ministro de Hacienda y Función Pública, es el encargado de buscar la fórmula para aumentar la recaudación tributaria, como hace poco más de un año fue el encargado de aflojar el dogal recaudatorio que trataba de “compensar” el descomunal aumento de la presión fiscal, con la que Rajoy iniciaba su mandato sustituyendo a Rodriguez Zapatero.

Demostrando su pericia en el uso del lenguaje, el ministro anunciaba la semana pasada que el gobierno trabaja en "un cambio en el Impuesto de Sociedades" y la modificación de "tributos especiales" para cumplir con el necesario ajuste, recalcando que el ejecutivo no quiere tocar ni el IVA, ni el IRPF, aunque los expertos creen que los dos cambios que contempla el Gobierno no serán suficientes.

Parche a parche, chapuza a chapuza, los ingresos públicos en España siguen muy por debajo de los de la Unión Europea (40% del PIB frente al 46%), debido entre otras cosas a la ineficiencia recaudatoria, lo que quedó de manifiesto entre 2007 y 2010 en que se perdieron 4,5 puntos del PIB de recaudación frente al medio punto perdido en la UE, diferencia que resulta excesiva incluso después de tener en cuenta la diferente intensidad de la crisis.

El valor de la palabra del político vuelve a tender a “cero” y prueba de ello es la actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017, en donde queda escrito que en 2017 el objetivo de déficit del 1,1% del PIB se conseguirá con unos ingresos públicos del 39% del PIB, cifra no muy distinta de la conseguida en 2013, 38,7% del PIB.

Expertos fiscalistas y analistas de distinto signo, convienen en señalar que el requisito indispensable para abordar una reforma fiscal en profundidad, como la que necesita España para equipararnos a los modelos imperantes en la Eurozona, pasa por un cambio radical y una voluntad decidida en la actitud del Gobierno, algo que en esta ocasión tampoco se ha producido para desdoro del compromiso del gobierno de abordar reformas que modificaran patrones económicos y pautas de comportamiento ancladas en el pasado.

No viene mal recordar que la Comisión Lagares, así conocida por el nombre de su presidente, Manuel Lagares, reconocido inspector de Hacienda y catedrático de Hacienda Pública, planteaba, entre otras medidas, reducir impuestos directos bajando los tipos de gravamen, compensando la bajada con la eliminación de beneficios fiscales; dar un impulso a los impuestos medioambientales y algunas recomendaciones sobre la financiación autonómica con vistas a favorecer la unidad de mercado; propiciar una devaluación fiscal reduciendo las cotizaciones sociales de las rentas más bajas, compensada con una reforma del IVA que ampliara la cesta de bienes que tributan al tipo general, pudiendo neutralizarse su impacto sobre el consumo mediante la reducción del IRPF o someter el fraude fiscal mediante, entre otras cosas, la eliminación del sistema de tributación por módulos.

Al final, el gobierno decidió recoger parcialmente las recomendaciones de la Comisión y someter el resto al sueño de los justos, pasando página de uno de sus compromisos de reforma, como hiciera con la comisión de sabios para la transformación de la Universidad y cuyas conclusiones dormitan en algún cajón del Ministerio de Educación.

Mientras tanto y por lo que respecta al fraude fiscal, nada parece que vaya a cambiar con respecto a los últimos datos que indican que Alemania dedica un 80% más de fondos a la lucha contra el fraude fiscal que España, frente al 68% de Francia y el 54% de Italia. Algo similar ocurre con la persecución de la economía sumergida, a la que España dedica el 0,13% del PIB, frente al 0,39% de Francia, el 0,29% de Alemania o el 0,24% en Italia.

No todo ajuste del déficit público pasa por subir los impuestos

En pleno debate sobre los esfuerzos que debe realizar España para ajustar su cifra de déficit a las exigencias de la Comisión Europea (CE) y cuando el ministro Montoro anunciaba qué tributos eran susceptibles de ser modificados (al alza) para conseguir tales objetivos, otro ministro, éste recién estrenado, el de Fomento, de la Serna, defendía la posibilidad de que el gobierno redujera su participación en el grupo aeroportuario AENA, en donde el Estado tiene una participación del Gobierno del 51%, mostrando una via más, además de la fiscal, de donde sacar fondos para cumplir con la CE.

La participación en AENA es uno de los activos más líquidos de los que dispone el Gobierno, ya que a los precios actuales el Estado podría ingresar unos 2.000 millones de euros con la venta de solo un 10%. Además, un mayor grado de privatización de la sociedad es necesario para que el grupo aeroportuario pueda competir con éxito en el exterior, teniendo en cuenta que la internacionalización del grupo es uno de los grandes vectores de crecimiento de la compañía.

Tras la generalizada e intensa venta de empresas y participaciones públicas emprendida por las diferentes administraciones españolas, en respuesta de las deterioradas cuentas públicas encontradas por el gobierno del PP a su llegada al poder, un repaso a las participaciones estatales muestra que todavía existen empresas susceptibles de ser total o parcialmente abandonadas por el Estado como es el caso de AENA, con independencia de su valor estratégico.

En ese paquete de sociedades se encuentra Enagás con un 5% de participación y una capitalización de 5.600 millones de euros; REE (20%) y una capitalización de más de 9.000 millones; Hispasat (7,41%); Ebro Foods (10,3%) y 3.000 millones de capitalización; IAG (2,46%) y un valor de 10.000 millones; Airbus (4,12%) y 40.000 millones; Navantia (100%) o Cetarsa (79,1%).

A partir de ahí y dejando al margen las empresas publicas de las CCAA o de las corporaciones locales, el Estado participa en sociedades como la Compañía de Seguros y Reaseguros (50,25%), Grupo Izar en liquidación, Correos, Cofivacasa, Ensa Enusa, Hunosa, Mercasa ,Sepides,Tragsa, Hipódromo de la Zarzuela, Mayasa, Enresa o Saeca.

Y ya puestos, habría que preguntarse por qué Iberia y los aeropuertos españoles (AENA) son privatizables y no lo son las diferentes sociedades del grupo Renfe o del Grupo Adif.

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