Amenazan con abrir demandas judiciales “hasta la extenuación”

Álvaro Nadal ante su primer 'marrón': las eléctricas rechazan pagar el bono social

Acusan al ministro de Energía de no dialogar y de saltarse la sentencia del Tribunal Supremo

Alvaro Nadal ve una "mejora" de la economía española -
Alvaro Nadal, ministro de Energía.

Las eléctricas han declarado la fuerra al nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, por la 'patata caliente' del bono social. El Gobierno pretende que el sector siga financiando la pobreza energética, aunque de forma más repartida entre distribuidoras, generación y comercializadoras. Una primera propuesta a la que las grandes empresas englobadas en la patronal Unesa -Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EdP Cantábrico y Viesgo-, se oponen rotundamente.

Las com­pañías afec­tadas pre­fieren por ahora man­te­nerse al margen pero lo que se cuece entre el sector es que el nuevo mi­nistro Álvaro Nadal quiere atraerse a los par­tidos po­lí­ticos y salvar el pro­blema que el Ejecutivo tiene en la mesa a costa de las eléc­tri­cas. Fuentes con­sul­tadas ase­guran que la sen­tencia del Tribunal Supremo deja claro que los cerca de 200 mi­llones que cuesta al año sos­tener el bono so­cial no lo tienen que pagar el sector porque lo con­si­dera dis­cri­mi­na­torio para las pro­pias com­pañías afec­ta­das.

Es más, el fallo emi­tido por el Alto Tribunal obliga a in­dem­nizar a las cinco eléc­tricas con 500 mi­llones de eu­ros, can­tidad equi­va­lente a la que llevan pa­gado desde 2014. El Ejecutivo ha pre­sen­tado un in­ci­dente de nu­lidad contra la propia sen­ten­cia, algo que con­tra­dice la de­cla­ra­ción que hizo en su día el en­tonces mi­nistro de Economía en fun­cio­nes, Luis de Guindos, de que se aca­taría el fa­llo. Fuentes ju­rí­dicas han ase­gu­rado que el Ejecutivo no tiene po­si­bi­lidad al­guna de que pros­pere el re­curso. “Es un caso más de di­la­ción en el pago de la deuda que de éxito en que se ab­suelva al Estado”, sub­ra­yan.

Entre el sector hay un gran ma­lestar con Nadal y el propio Gobierno por cómo se han ini­ciado las ne­go­cia­ciones con los par­tidos po­lí­ticos en el Congreso. Las com­pañías se quejan de que en ningún mo­mento se les haya con­sul­tado ni ex­puesto lo que se quiere ha­cer.

Romper las re­glas de juego

Nadal ha roto con las re­glas de juego de fair play que siempre han exis­tido con las com­pañías eléc­tri­cas. En este caso, Nadal está más pen­diente de ga­narse a la opo­si­ción para que el sector siga pa­gando el bono so­cial, algo a lo que el sector no está dis­puesto. Las com­pañías, por ahora, están a la ex­pec­ta­tiva y nin­guna de ellas quiere pro­nun­ciarse ofi­cial­mente aunque ex­tra­ofi­cial­mente se ma­ni­fiestan to­tal­mente con­tra­rios a la idea de Nadal.

“Consensuar con los par­tidos po­lí­ticos un Real Decreto no exime al Gobierno de cum­plir la ley”, señalan estas mismas fuentes en re­fe­rencia al dic­tamen emi­tido por el Supremo. “Nadal está ven­diendo po­pu­lis­mo”, han de­nun­ciado, re­fi­rién­dose a que el Ejecutivo quiere pro­teger a los ciu­da­danos que se en­cuen­tren en si­tua­ción de ex­trema po­breza.

Estas mismas fuentes sub­rayan pre­ci­sa­mente que los cortes de luz que se están rea­li­zando no son casos de po­breza ener­gé­tica sino de per­sonas y de em­presas que no pagan la luz. “Hay mu­chas per­sonas que se están be­ne­fi­ciando de esta si­tua­ción y que no están pa­gando la luz que con­su­men”, ase­gu­ran.

El sector eléc­trico con­si­dera que el mi­nistro de Energía de­bería haber con­sul­tado y ha­berse reunido antes con las com­pañías para ana­lizar la si­tua­ción y evitar que la cam­paña que, desde al­gunos grupos po­lí­ti­cos, se está ar­ti­cu­lando contra las em­pre­sas, acu­sán­dolas de tener grandes be­ne­fi­cios y dis­poner de un ré­gimen de ta­rifas que les pro­tege.

El Estado debe asumir la po­lí­tica so­cial

Las em­presas si­guen man­te­niendo la pos­tura de siempre y es que la po­lí­tica so­cial -en este caso el pro­blema de la po­breza ener­gé­ti­ca-, la tiene que asumir el Estado. Otra cosa di­fe­rente son los con­ve­nios que las pro­pias com­pañías tienen sus­crito con las co­mu­ni­dades au­tó­nomas y ayun­ta­mientos para no cortar la luz a aque­llas fa­mi­lias o ciu­da­danos que no puedan pagar el re­cibo de la luz por su si­tua­ción eco­nó­mica. En casos así, la com­pañía man­tiene el su­mi­nistro hasta que se re­suelva el pro­blema pero el or­ga­nismo pú­blico co­rres­pon­diente se hace res­pon­sa­ble.

Al bono so­cial tienen de­recho las fa­mi­lias nu­me­ro­sas, las que tienen a todos sus miem­bros en paro, aque­llas per­sonas que tengan pen­siones mí­nimas y po­ten­cias su­pe­riores a 3 kW. Ante tales cir­cuns­tan­cias, los con­su­mi­dores tienen un des­cuento de un 25% en el re­cibo de la luz.

Respecto al plan de que el re­parto del bono so­cial lo cubra todo el sis­tema eléc­trico -generación, dis­tri­bu­ción y co­mer­cia­li­za­do­ras-, las com­pañías in­te­gradas en Unesa sub­rayan que se­gui­rían siendo muy per­ju­di­cadas porque las cinco grandes tienen el ciclo com­pleto -producen, dis­tri­buyen y ven­den- y con­trolan la ma­yoría del mer­cado, con lo que con­ti­nua­rían pa­gando prác­ti­ca­mente como hasta ahora.

Por otro lado, de­nun­cian que no se in­cluya tam­poco a Red Eléctrica, la com­pañía que con­trola toda la red de alta ten­sión y la so­ciedad que ges­tiona el pool eléc­trico. En esta pro­puesta no apa­recen tam­poco como co­la­bo­ra­doras las em­presas de re­no­va­bles por todas las de­mandas que tienen in­ter­puesto tras los fuertes re­cortes de la Reforma Eléctrica de 2013.

Nadal puede haber sal­vado el primer match ball con los par­tidos po­lí­ticos pero el sector eléc­trico no se lo va a poner fá­cil. “Seguiremos re­cu­rriendo hasta la ex­te­nua­ción”, ame­na­zan, de mo­mento.

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