Amenazan con abrir de­mandas ju­di­ciales “hasta la ex­te­nua­ción”

Álvaro Nadal ante su primer 'marrón': las eléctricas rechazan pagar el bono social

Acusan al mi­nistro de Energía de no dia­logar y de sal­tarse la sen­tencia del Tribunal Supremo

Alvaro Nadal ve una "mejora" de la economía española -
Alvaro Nadal, ministro de Energía.

Las eléc­tricas han de­cla­rado la fuerra al nuevo mi­nistro de Energía, Álvaro Nadal, por la 'patata ca­liente' del bono so­cial. El Gobierno pre­tende que el sector siga fi­nan­ciando la po­breza ener­gé­tica, aunque de forma más re­par­tida entre dis­tri­bui­do­ras, ge­ne­ra­ción y co­mer­cia­li­za­do­ras. Una pri­mera pro­puesta a la que las grandes em­presas en­glo­badas en la pa­tronal Unesa -Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EdP Cantábrico y Viesgo-, se oponen ro­tun­da­mente.

Las compañías afectadas prefieren por ahora mantenerse al margen pero lo que se cuece entre el sector es que el nuevo ministro Álvaro Nadal quiere atraerse a los partidos políticos y salvar el problema que el Ejecutivo tiene en la mesa a costa de las eléctricas. Fuentes consultadas aseguran que la sentencia del Tribunal Supremo deja claro que los cerca de 200 millones que cuesta al año sostener el bono social no lo tienen que pagar el sector porque lo considera discriminatorio para las propias compañías afectadas.

Es más, el fallo emitido por el Alto Tribunal obliga a indemnizar a las cinco eléctricas con 500 millones de euros, cantidad equivalente a la que llevan pagado desde 2014. El Ejecutivo ha presentado un incidente de nulidad contra la propia sentencia, algo que contradice la declaración que hizo en su día el entonces ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, de que se acataría el fallo. Fuentes jurídicas han asegurado que el Ejecutivo no tiene posibilidad alguna de que prospere el recurso. “Es un caso más de dilación en el pago de la deuda que de éxito en que se absuelva al Estado”, subrayan.

Entre el sector hay un gran malestar con Nadal y el propio Gobierno por cómo se han iniciado las negociaciones con los partidos políticos en el Congreso. Las compañías se quejan de que en ningún momento se les haya consultado ni expuesto lo que se quiere hacer.

Romper las reglas de juego

Nadal ha roto con las reglas de juego de fair play que siempre han existido con las compañías eléctricas. En este caso, Nadal está más pendiente de ganarse a la oposición para que el sector siga pagando el bono social, algo a lo que el sector no está dispuesto. Las compañías, por ahora, están a la expectativa y ninguna de ellas quiere pronunciarse oficialmente aunque extraoficialmente se manifiestan totalmente contrarios a la idea de Nadal.

“Consensuar con los partidos políticos un Real Decreto no exime al Gobierno de cumplir la ley”, señalan estas mismas fuentes en referencia al dictamen emitido por el Supremo. “Nadal está vendiendo populismo”, han denunciado, refiriéndose a que el Ejecutivo quiere proteger a los ciudadanos que se encuentren en situación de extrema pobreza.

Estas mismas fuentes subrayan precisamente que los cortes de luz que se están realizando no son casos de pobreza energética sino de personas y de empresas que no pagan la luz. “Hay muchas personas que se están beneficiando de esta situación y que no están pagando la luz que consumen”, aseguran.

El sector eléctrico considera que el ministro de Energía debería haber consultado y haberse reunido antes con las compañías para analizar la situación y evitar que la campaña que, desde algunos grupos políticos, se está articulando contra las empresas, acusándolas de tener grandes beneficios y disponer de un régimen de tarifas que les protege.

El Estado debe asumir la política social

Las empresas siguen manteniendo la postura de siempre y es que la política social -en este caso el problema de la pobreza energética-, la tiene que asumir el Estado. Otra cosa diferente son los convenios que las propias compañías tienen suscrito con las comunidades autónomas y ayuntamientos para no cortar la luz a aquellas familias o ciudadanos que no puedan pagar el recibo de la luz por su situación económica. En casos así, la compañía mantiene el suministro hasta que se resuelva el problema pero el organismo público correspondiente se hace responsable.

Al bono social tienen derecho las familias numerosas, las que tienen a todos sus miembros en paro, aquellas personas que tengan pensiones mínimas y potencias superiores a 3 kW. Ante tales circunstancias, los consumidores tienen un descuento de un 25% en el recibo de la luz.

Respecto al plan de que el reparto del bono social lo cubra todo el sistema eléctrico -generación, distribución y comercializadoras-, las compañías integradas en Unesa subrayan que seguirían siendo muy perjudicadas porque las cinco grandes tienen el ciclo completo -producen, distribuyen y venden- y controlan la mayoría del mercado, con lo que continuarían pagando prácticamente como hasta ahora.

Por otro lado, denuncian que no se incluya tampoco a Red Eléctrica, la compañía que controla toda la red de alta tensión y la sociedad que gestiona el pool eléctrico. En esta propuesta no aparecen tampoco como colaboradoras las empresas de renovables por todas las demandas que tienen interpuesto tras los fuertes recortes de la Reforma Eléctrica de 2013.

Nadal puede haber salvado el primer match ball con los partidos políticos pero el sector eléctrico no se lo va a poner fácil. “Seguiremos recurriendo hasta la extenuación”, amenazan, de momento.

Artículos relacionados