Los 186 mi­llones que cuesta de­berán ir con cargo a Presupuestos o al re­cibo de la luz

El Gobierno cede y negociará un nuevo bono social eléctrico para las personas 'vulnerables'

Nadal plan­teará a los par­tidos en el Congreso cómo me­jorar y fi­nan­ciar la po­breza ener­gé­tica

Bono social eléctrico
Bono social eléctrico

Al Gobierno no le ha que­dado otra y está de­ci­dido a re­visar el bono so­cial eléc­trico que desde hace tiempo vienen re­cla­mando las pro­pias com­pañías del sec­tor. La re­ciente sen­tencia del Tribunal Supremo que da la razón a las em­presas y la muerte de la an­ciana de Reus (Tarragona) han obli­gado al Ejecutivo a re­plan­tear este tipo de ayu­das. El mi­nistro de Energía, Álvaro Nadal, se ha com­pro­me­tido a llevar el tema esta se­mana al Congreso para in­tentar con­sen­suar un pacto con las fuerzas po­lí­ti­cas.

Los 186 millones de euros que cuesta ahora deberán ir con cargo a Presupuestos o al recibo de la luz Título: El Gobierno se aviene a negociar un nuevo bono social eléctrico para las personas “vulnerables” Subtítulo: Nadal planteará a los partidos en el Congreso cómo mejorar y financiar la pobreza energética

Julián González.- Al Gobierno no le ha quedado otra y está decidido a revisar el bono social eléctrico que desde hace tiempo vienen reclamando las propias compañías del sector. La reciente sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a las empresas y la muerte de la anciana de Reus (Tarragona) han obligado al Ejecutivo a replantear este tipo de ayudas. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha comprometido a llevar el tema esta semana al Congreso para intentar consensuar un pacto con las fuerzas políticas.

El Tribunal Supremo falló en octubre pasado en favor de las eléctricas y rechazó el actual modelo por considerarlo injusto al tenerlo que financiar las compañías y poco equitativo, ya que se benefician de ese tipo de ayudas personas que no están situación de pobreza energética y otras que lo necesitan no lo reciben.

Hasta ahora, el Gobierno había dado la espalda al problema. En cambio, la propia sentencia del Alto Tribunal y el fallecimiento de la anciana de Reus (Tarragona) por un incendio en su casa han reavivado el problema. Nadal no ha querido pronunciarse si debería financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado o con cargos a la propia factura eléctrica, pero si ha afirmado que, aunque se haya quedado sin financiación el bono social, “seguirá existiendo”. “Lo único que tiene que ocurrir ahora es que vuelva a tener financiación”, ha asegurado.

¿De dónde saldrá el dinero?

¿De dónde saldrán los cerca de 200 millones de euros que les ha costado anualmente al sector? Esa es la cuestión que el nuevo Ejecutivo de Rajoy debe resolver. Por la vía de los Presupuestos resulta complicado, ya que iría contra el déficit. Y por el lado del recibo de la luz, supondría subir las tarifas una media de 1,5 euros al mes a los 25 millones de clientes domésticos, lo que generaría cierto malestar entre los propios consumidores.

Lo que hay de cierto hasta ahora es que, tras el fallo del Supremo, el Estado deberá pagar a Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Hidrocantábrico y Viesgo los 500 millones que han costado las ayudas durante 2014, 2015, y la parte transcurrida de 2016. En su sentencia, el Tribual Supremo considera inaplicable el modelo de financiación del recibo de la luz que reciben las personas en situación de vulnerabilidad económica. No se opone a que se aplique el descuento del 25% en el recibo a los colectivos denominados “vulnerables”, sino que lo que dice es que las eléctricas no deben cubrir esos costes.

Pese a las presiones que ha recibido de las eléctricas, el anterior Gobierno no se ha atrevido a hincarle el diente a este tipo de subvenciones que se aplican a 2,4 millones de personas porque el resto de los partidos políticos se le echarían encima. Pero lo que está claro es que, tras la sentencia del Alto Tribunal, más la presión de algunas fuerzas políticas, han obligado al nuevo ministro Álvaro Nadal a atajar el problema, ya que la propia Comisión Europea está también en contra del sistema actual.

Cuando se conoció el fallo del Supremo, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, dijo entonces que se cumplirá la sentencia, ya que solo cuestiona su financiación pero no su ayuda. Es decir, el Tribunal no ve mal que se paguen 186 millones de euros anuales en el recibo de la luz a las personas en situación de pobreza energética, pero no entiende que ese dinero corra a cargo de las compañías.

Pacto entre todas las partes

Nadal considera, por su parte, que la decisión debe ser pactada por las fuerzas políticas, de ahí que haya señalado que va a tener una semana parlamentaria “intensa”, y en la que se conocerán los distintos planteamientos que el Ministerio realizará a los grupos sobre el bono social.

En este sentido, ha subrayado que existen limitaciones a la hora de abordar la pobreza energética desde el Gobierno, ya que algunas competencias corresponden a las comunidades autónomas y los ayuntamientos por lo que se debe “respetar el ámbito de cada uno”, ha señalado.

Respecto al fallecimiento de una mujer en Reus que tenía cortada la luz, ha calificado el suceso de “muy terrible”, en el que, según ha expresado, correspondía a los poderes autonómicos actuar. En concreto, ha agregado que los ámbitos sociales son competencia de las autonomías y el energético del Estado, por lo que hay que ver “cómo se concilian ambas cosas”.

“Lo que no podemos hacer es pasar por encima de los Estatutos de autonomía ni tampoco querrán las comunidades autónomas que lo hagamos. Esto es más una cuestión de cooperación entre los distintos partidos políticos, grupos parlamentarios y distintas administraciones”, ha incidido.

Las eléctricas reivindican un cambio de modelo

Por su parte, las eléctricas han dejado claro que el sector no busca acabar con el bono social sino con la forma y el método de aplicarlo. El símil que hacen es que, al igual que el sector de la distribución no subvenciona el carro de la compra a las familias en situación de pobreza, las empresas eléctricas no tienen que correr tampoco con el 25% que marca la reforma energética.

El bono social consiste básicamente en un descuento de un 25% en el recibo de la luz de las familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y con una potencia inferior a tres kilovatios. El sector viene reivindicando desde su aplicación acabar con esta fórmula que va contra sus ingresos y contra sus resultados. Endesa financia el 41,6% de dicho bono social, es decir, unos 77 millones de euros anuales; Iberdrola un 38,5% (71 millones de euros); Gas Natural Fenosa un 14% (28 millones); EDP Hidrocantábrico, el 2,6% (4,83 millones), y Viesgo el 2,3% (4,27 millones).

Lo que las compañías señalan es que la actual normativa permite beneficiarse a personas que realmente no lo necesitan, lo que hace desvirtuar el sistema de ayudas. Plantean, en cambio, que se aplique por criterios de renta para evitar así que se beneficien colectivos que no están en situación de pobreza.

En cuanto a las salidas que le quedan al Ejecutivo para solventar el problema, las eléctricas consideran que lo más razonable sería que dicha partida de 186 millones de euros se incluyera en los Presupuestos del Estado, pero provocaría un aumento en el gasto y en el déficit.

Otra de las soluciones que se barajan es que parte del superávit que tengan las tarifas eléctricas se destine a soportar este gasto. Sin embargo, esta fórmula no puede aplicarse porque lo que marca la reforma energética es que el superávit que se genere sólo puede dedicarse al déficit eléctrico que hay. Por tanto, la única vía que tiene el Ejecutivo es meterlo en los peajes eléctricos, es decir, en el recibo de la luz.

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