Los 186 millones que cuesta deberán ir con cargo a Presupuestos o al recibo de la luz

El Gobierno cede y negociará un nuevo bono social eléctrico para las personas 'vulnerables'

Nadal planteará a los partidos en el Congreso cómo mejorar y financiar la pobreza energética

Bono social eléctrico
Bono social eléctrico

Al Gobierno no le ha quedado otra y está decidido a revisar el bono social eléctrico que desde hace tiempo vienen reclamando las propias compañías del sector. La reciente sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a las empresas y la muerte de la anciana de Reus (Tarragona) han obligado al Ejecutivo a replantear este tipo de ayudas. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha comprometido a llevar el tema esta semana al Congreso para intentar consensuar un pacto con las fuerzas políticas.

Los 186 mi­llones de euros que cuesta ahora de­berán ir con cargo a Presupuestos o al re­cibo de la luz Título: El Gobierno se aviene a ne­go­ciar un nuevo bono so­cial eléc­trico para las per­sonas “vulnerables” Subtítulo: Nadal plan­teará a los par­tidos en el Congreso cómo me­jorar y fi­nan­ciar la po­breza ener­gé­tica

Julián González.- Al Gobierno no le ha que­dado otra y está de­ci­dido a re­visar el bono so­cial eléc­trico que desde hace tiempo vienen re­cla­mando las pro­pias com­pañías del sec­tor. La re­ciente sen­tencia del Tribunal Supremo que da la razón a las em­presas y la muerte de la an­ciana de Reus (Tarragona) han obli­gado al Ejecutivo a re­plan­tear este tipo de ayu­das. El mi­nistro de Energía, Álvaro Nadal, se ha com­pro­me­tido a llevar el tema esta se­mana al Congreso para in­tentar con­sen­suar un pacto con las fuerzas po­lí­ti­cas.

El Tribunal Supremo falló en oc­tubre pa­sado en favor de las eléc­tricas y re­chazó el ac­tual mo­delo por con­si­de­rarlo in­justo al te­nerlo que fi­nan­ciar las com­pañías y poco equi­ta­tivo, ya que se be­ne­fi­cian de ese tipo de ayudas per­sonas que no están si­tua­ción de po­breza ener­gé­tica y otras que lo ne­ce­sitan no lo re­ci­ben.

Hasta ahora, el Gobierno había dado la es­palda al pro­blema. En cam­bio, la propia sen­tencia del Alto Tribunal y el fa­lle­ci­miento de la an­ciana de Reus (Tarragona) por un in­cendio en su casa han reavi­vado el pro­blema. Nadal no ha que­rido pro­nun­ciarse si de­bería fi­nan­ciarse a través de los Presupuestos Generales del Estado o con cargos a la propia fac­tura eléc­trica, pero si ha afir­mado que, aunque se haya que­dado sin fi­nan­cia­ción el bono so­cial, “seguirá exis­tien­do”. “Lo único que tiene que ocu­rrir ahora es que vuelva a tener fi­nan­cia­ción”, ha ase­gu­rado.

¿De dónde saldrá el di­nero?

¿De dónde sal­drán los cerca de 200 mi­llones de euros que les ha cos­tado anual­mente al sec­tor? Esa es la cues­tión que el nuevo Ejecutivo de Rajoy debe re­sol­ver. Por la vía de los Presupuestos re­sulta com­pli­cado, ya que iría contra el dé­fi­cit. Y por el lado del re­cibo de la luz, su­pon­dría subir las ta­rifas una media de 1,5 euros al mes a los 25 mi­llones de clientes do­més­ti­cos, lo que ge­ne­raría cierto ma­lestar entre los pro­pios con­su­mi­do­res.

Lo que hay de cierto hasta ahora es que, tras el fallo del Supremo, el Estado de­berá pagar a Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Hidrocantábrico y Viesgo los 500 mi­llones que han cos­tado las ayudas du­rante 2014, 2015, y la parte trans­cu­rrida de 2016. En su sen­ten­cia, el Tribual Supremo con­si­dera in­apli­cable el mo­delo de fi­nan­cia­ción del re­cibo de la luz que re­ciben las per­sonas en si­tua­ción de vul­ne­ra­bi­lidad eco­nó­mica. No se opone a que se aplique el des­cuento del 25% en el re­cibo a los co­lec­tivos de­no­mi­nados “vulnerables”, sino que lo que dice es que las eléc­tricas no deben cu­brir esos cos­tes.

Pese a las pre­siones que ha re­ci­bido de las eléc­tri­cas, el an­te­rior Gobierno no se ha atre­vido a hin­carle el diente a este tipo de sub­ven­ciones que se aplican a 2,4 mi­llones de per­sonas porque el resto de los par­tidos po­lí­ticos se le echa­rían en­cima. Pero lo que está claro es que, tras la sen­tencia del Alto Tribunal, más la pre­sión de al­gunas fuerzas po­lí­ti­cas, han obli­gado al nuevo mi­nistro Álvaro Nadal a atajar el pro­blema, ya que la propia Comisión Europea está tam­bién en contra del sis­tema ac­tual.

Cuando se co­noció el fallo del Supremo, el mi­nistro de Economía en fun­cio­nes, Luis de Guindos, dijo en­tonces que se cum­plirá la sen­ten­cia, ya que solo cues­tiona su fi­nan­cia­ción pero no su ayuda. Es de­cir, el Tribunal no ve mal que se pa­guen 186 mi­llones de euros anuales en el re­cibo de la luz a las per­sonas en si­tua­ción de po­breza ener­gé­tica, pero no en­tiende que ese di­nero corra a cargo de las com­pañías.

Pacto entre todas las partes

Nadal con­si­dera, por su parte, que la de­ci­sión debe ser pac­tada por las fuerzas po­lí­ti­cas, de ahí que haya seña­lado que va a tener una se­mana par­la­men­taria “intensa”, y en la que se co­no­cerán los dis­tintos plan­tea­mientos que el Ministerio rea­li­zará a los grupos sobre el bono so­cial.

En este sen­tido, ha sub­ra­yado que existen li­mi­ta­ciones a la hora de abordar la po­breza ener­gé­tica desde el Gobierno, ya que al­gunas com­pe­ten­cias co­rres­ponden a las co­mu­ni­dades au­tó­nomas y los ayun­ta­mientos por lo que se debe “respetar el ám­bito de cada uno”, ha seña­lado.

Respecto al fa­lle­ci­miento de una mujer en Reus que tenía cor­tada la luz, ha ca­li­fi­cado el su­ceso de “muy te­rri­ble”, en el que, según ha ex­pre­sado, co­rres­pondía a los po­deres au­to­nó­micos ac­tuar. En con­creto, ha agre­gado que los ám­bitos so­ciales son com­pe­tencia de las au­to­no­mías y el ener­gé­tico del Estado, por lo que hay que ver “cómo se con­ci­lian ambas co­sas”.

“Lo que no po­demos hacer es pasar por en­cima de los Estatutos de au­to­nomía ni tam­poco que­rrán las co­mu­ni­dades au­tó­nomas que lo ha­ga­mos. Esto es más una cues­tión de coope­ra­ción entre los dis­tintos par­tidos po­lí­ti­cos, grupos par­la­men­ta­rios y dis­tintas ad­mi­nis­tra­cio­nes”, ha in­ci­dido.

Las eléc­tricas reivin­dican un cambio de mo­delo

Por su parte, las eléc­tricas han de­jado claro que el sector no busca acabar con el bono so­cial sino con la forma y el mé­todo de apli­carlo. El símil que hacen es que, al igual que el sector de la dis­tri­bu­ción no sub­ven­ciona el carro de la compra a las fa­mi­lias en si­tua­ción de po­breza, las em­presas eléc­tricas no tienen que co­rrer tam­poco con el 25% que marca la re­forma ener­gé­tica.

El bono so­cial con­siste bá­si­ca­mente en un des­cuento de un 25% en el re­cibo de la luz de las fa­mi­lias con todos los miem­bros en paro, fa­mi­lias nu­me­ro­sas, pen­siones mí­nimas y con una po­tencia in­fe­rior a tres ki­lo­va­tios. El sector viene reivin­di­cando desde su apli­ca­ción acabar con esta fór­mula que va contra sus in­gresos y contra sus re­sul­ta­dos. Endesa fi­nancia el 41,6% de dicho bono so­cial, es de­cir, unos 77 mi­llones de euros anua­les; Iberdrola un 38,5% (71 mi­llones de eu­ros); Gas Natural Fenosa un 14% (28 mi­llo­nes); EDP Hidrocantábrico, el 2,6% (4,83 mi­llo­nes), y Viesgo el 2,3% (4,27 mi­llo­nes).

Lo que las com­pañías señalan es que la ac­tual nor­ma­tiva per­mite be­ne­fi­ciarse a per­sonas que real­mente no lo ne­ce­si­tan, lo que hace des­vir­tuar el sis­tema de ayu­das. Plantean, en cam­bio, que se aplique por cri­te­rios de renta para evitar así que se be­ne­fi­cien co­lec­tivos que no están en si­tua­ción de po­breza.

En cuanto a las sa­lidas que le quedan al Ejecutivo para sol­ventar el pro­blema, las eléc­tricas con­si­deran que lo más ra­zo­nable sería que dicha par­tida de 186 mi­llones de euros se in­clu­yera en los Presupuestos del Estado, pero pro­vo­caría un au­mento en el gasto y en el dé­fi­cit.

Otra de las so­lu­ciones que se ba­rajan es que parte del su­pe­rávit que tengan las ta­rifas eléc­tricas se des­tine a so­portar este gasto. Sin em­bargo, esta fór­mula no puede apli­carse porque lo que marca la re­forma ener­gé­tica es que el su­pe­rávit que se ge­nere sólo puede de­di­carse al dé­ficit eléc­trico que hay. Por tanto, la única vía que tiene el Ejecutivo es me­terlo en los peajes eléc­tri­cos, es de­cir, en el re­cibo de la luz.

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