Monitor del Seguro

Demandan un sis­tema de in­clu­sión au­to­má­tica a un plan de pen­siones

A la caza de las pensiones privadas

El 59% de los ciu­da­danos es­taría ya a favor de esta me­dida

jubilacion
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Con una di­fe­rencia de días, va­rias ase­gu­ra­doras han pre­sen­tado in­formes que, de una forma u otra, lo que quieren trans­mitir a la so­ciedad es la ne­ce­sidad de fo­mentar el ahorro pri­vado a largo plazo para com­ple­mentar la pen­sión pú­blica de ju­bi­la­ción. Además, se han or­ga­ni­zado jor­nadas sobre la pre­vi­sión so­cial com­ple­men­ta­ria, no solo en el ám­bito ase­gu­ra­dor, sino tam­bién en el ban­ca­rio.

No hay que olvidar que los bancos no sólo comercializan planes de pensiones sino que, además, en los últimos tiempos se están volcando en el negocio asegurador, entre otras cosas para canalizar parte del ahorro conservador que está saliendo de los depósitos y las cuentas corrientes remuneradas ante las decepcionantes rentabilidades que ofrecen en el actual contexto de bajos tipos de interés.

Tampoco es casualidad que todas estas presentaciones, estudios y jornadas hayan arreciado en estos primeros compases del último cuatrimestre del año. Pese a los intentos del sector asegurador por desestacionalizar el ahorro, el 50% de las aportaciones a los productos complementarios de las pensiones que tienen deducibilidad fiscal se sigue realizando en los últimos meses del ejercicio.

Toda esta actividad de comunicación tiene una clara misión, la de concienciar a la sociedad de la necesidad de ahorrar. Pero hay otro mensaje que también se puede escuchar alto y claro y que tiene como objetivo ir preparando a la sociedad para cambios más profundos, y al tiempo presionar a los que toman las decisiones (políticos, agentes sociales…) para que se pongan en marcha los mecanismos necesarios que posibiliten esas reformas.

Hablamos de una petición muy concreta. El sector asegurador, y el bancario, quiere que en España se introduzca un sistema de afiliación automática a un plan de pensiones en el ámbito de la empresa, del que el trabajador se pueda salir si expresamente lo comunica. Lo ha propuesto el Instituto Aviva en su ‘II Estudio sobre el cálculo del desajuste en las pensiones en Europa: Un déficit significativo’. Lo ha recomendado Aegon en su ‘Estudio de la preparación la jubilación 2016’. Y lo acaba de pedir la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, en la ‘VI Jornada institucional de previsión de BBVA’.

Pero, ¿qué piensan los ciudadanos al respecto? Pues parece que el asunto todavía no está maduro, pero la idea va calando. Según el estudio de Aegon, de todos los países encuestados (Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, India, Japón, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Turquía) los españoles están entre los más reacios a aceptar este sistema: el 19% no lo encuentra atractivo en el caso de que la contribución automática fuera de un 6% del salario (frente a un 11% global); y si ese descuento fuera del 8%, ese porcentaje aumentaría hasta el 21% (frente a un 13% global).

Dicho esto, la otra parte de la ecuación muestra que efectivamente la idea gana adeptos: un 59% de los españoles encuentra atractiva la propuesta con una tasa de contribución del 6%, y un 55% con una aportación del 8%. VidaCaixa ha hecho un ejercicio similar en el también recientemente presentado ‘Barómetro de VidaCaixa: Desmitificando a la nueva generación de jóvenes en España’.

En este caso la encuesta se ha centrado en los ‘millennials’. La aseguradora ha preguntado a los entrevistados su opinión sobre una serie de propuestas para facilitar el ahorro: ingreso en la cuenta de ahorro del excedente de la cuenta corriente; que cada vez que se haga una compra con tarjeta se redondee el recargo; quitar una cantidad fija del sueldo a principio de mes, o quitar un porcentaje. Parece claro en qué está pensando la compañía con estas dos últimas propuestas. Juntando ambas se extrae la conclusión de que al 41% de los ‘millenials’ que ahorran les parece una buena idea que se les aparte directamente parte del salario y se destine a ahorro. Sin embargo, entre ese mismo público, pero no ahorrador, ese porcentaje se reduce mucho, hasta el 25%.

Independientemente de los resultados parece obvio que el trabajo de ‘concienciación’ de las aseguradoras funciona y ya se está empezando a crear un clima general de aceptación de esta fórmula de ahorro finalista con la que, según explica Aegon en su informe, los ciudadanos “no notan el descuento tanto como si tuvieran que hacer ellos mismos la transacción o como si tuvieran que gestionar su propia cartera”.

En cualquier caso, esta sería una medida encaminada a garantizar la suficiencia de las pensiones futuras de los ciudadanos. Pero ahora hay otras cosas más urgentes que atender, como el pago de las pensiones a los actuales jubilados. La hucha se agota. En 2015 se pagaron gracias al consumo del Fondo de Reserva, lo que da una idea del resbaladizo terreno en el que nos movemos. Tanto, que el Gobierno (el que sea), si quiere cumplir con Bruselas, sólo tiene dos opciones: o sube los impuestos o baja las pensiones. No parece que vaya a existir consenso para tomar la segunda medida, así que está claro que los impuestos van a entrar en juego. De hecho, el Ejecutivo en funciones ya se está moviendo. Acaba de aprobar un decreto ley por el que obliga a las empresas que facturan más de 10 millones a anticipar a Hacienda el 24% de la base imponible o el 23% del resultado contable (29% y 25%, respectivamente, para bancos y petroleras) a cuenta de la liquidación del impuesto de sociedades. Algo que, por cierto, según algunos economistas, como José Carlos Díez, “un Gobierno jamás debería hacer por tratarse de una medida confiscatoria”. Esto lo dijo, precisamente, en la presentación del estudio sobre el ahorro para la jubilación de Aegon.

Sea como fuere, el sector asegurador es consciente de que los impuestos se van a tocar de una forma u otra. Y apunta dos posibilidades, crear un impuesto específico para financiar parte del gasto en pensiones. O bien, hacer algo menos explícito y trasladar al caudal de impuestos pensiones hoy financiadas con cotizaciones, como la de viudedad. En cualquier caso, la presidenta de Unespa ha advertido que todo recurso externo a las cotizaciones para financiar las pensiones debe ser provisional. Y ello es así porque, a su juicio, pagar con impuestos las pensiones supone dar “un indeseable paso atrás en lo que el Pacto de Toledo llamó la clarificación de las fuentes de financiación”.

Sobre ese Pacto de Toledo también se ha hablado mucho desde el sector. Las compañías lo han invocado para canalizar el debate sobre la reforma de las pensiones. Pero en Unespa van más allá, y si bien lo consideran un instrumento más que adecuado para coordinar el debate, creen que en el momento actual “hay que escuchar muchas voces, no sólo la de los grupos políticos y los interlocutores sociales”.

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