ANÁLISIS

Pretenden imputar a las antiguas cúpulas del BdE y de la CNMV en el caso Bankia

La Confederación Intersindical de Crédito con­si­dera que los nuevos co­rreos aportan in­for­ma­ción re­le­vante

CNMV
CNMV

Nuevo salto cua­li­ti­ta­tivo en el caso Bankia. Entre los ex­pertos se con­si­dera di­fícil de­mos­trar que las cú­pulas del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores tu­vieran co­no­ci­miento de los in­formes in­ternos de los ins­pec­tores del Banco de España. El es­crito de José Antonio Casaus re­cien­te­mente in­cor­po­rado a la causa en el que veía in­viable el fu­turo de Bankia, sólo hacía men­ción a que su su­pe­rior se re­uniría con pos­te­rio­ridad con el sub­go­ber­nador del Banco de España para tratar la si­tua­ción del grupo BFA-Bankia.

Pero de los ya famosos emails de Casaus no se puede desprender que tanto el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como al expresidente de la CNMV, Julio Segura, hubieran tenido acceso a los correos enviados por él. De admitirse la propuesta de investigación podría suponer una revolución en el sistema de supervisión del sistema financiero español.

Además de las personalidades mencionadas, la Confederación Intersindical de Crédito(CIC) pide también el procesamiento del exvicepresidente de la CNMV y del actual subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy; la del ex subgobernador y miembro actual del supervisor europeo, Javier Arístegui y la del exdirector general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello.

A ellos habría que añadirle más personas que en la actualidad ejercen puestos relevantes en el Banco de España, como Mariano Herrera García-Canturri, quien fuera director del FROB, coordinador del departamento de Cajas de Ahorro y ahora responsable de la Dirección General de Supervisión del Banco de España.

También lo pide para Pedro González, Director del Departamento de Cajas de Ahorros en el Banco de España y a Pedro Comín, quien fuera jefe de grupo a cargo de la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su salida a Bolsa y en la actualidad adjunto al director general.

Esta nueva petición de CIC, que ejerce la acusación popular en el caso Bankia, coincide con el reconocimiento entre algunos responsables populares de que en la inspección del Banco de España no se ha producido ningún cambio en la norma pese a la Proposición No de Ley (PNL) que ellos plantearon en el 2011 para mejorar el sistema.

Recuerdan que los argumentos que recogieron en la exposición de motivos de aquella PNL, que firmaba la entonces portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, siguen actualmente vigentes, con el riesgo de que se ha demostrado la falta de transparencia por parte del supervisor.

Decían entonces los portavoces del PP que pese a la importancia de las normas de regulación de las actividades de supervisión, inspección y control de las entidades de crédito, “en la mencionadas leyes se dejó de regular de manera clara la finalidad de las actuaciones inspectoras, el contenido de las mismas, el procedimiento de la inspección y los actuarios intervinientes en dichas actividades, así como su grado de autonomía e independencia en el ejercicio de su función”.

Uno de los históricos inspectores del Banco de España resume la propuesta diciendo que a diferencia de lo que ocurre con los inspectores de Hacienda o en los procedimientos judiciales, en la inspección del Banco de España no estaba regulado el procedimiento de la inspección.

Ahora, tras los contundentes correos del inspector jefe del Banco de España en la supervisión de Caja Madrid y BFA-Bankia, consideran que es obligado legislar al respecto.

En cambio, en el sector jurídico y financiero se apunta que resulta necesario conocer el tenor de la nueva comparecencia de los peritos designados por el Banco de España para auxiliar al juez Fernando Andreu en la investigación sobre la salida a bolsa de Bankia.

Los expertos consideran que tras las conclusiones de José Antonio Casaus, advirtiendo a sus superiores de que el modelo diseñado para la salida a bolsa separando BFA de Bankia no era viable, si los peritos judiciales cedidos por el Banco de España a la Audiencia Nacional se ratifican en sus conclusiones iniciales, la investigación en el proceso de instrucción debería dar un vuelco.

Conviene recordar que en su segundo informe ante el juez Andreu, los peritos cedido por el Banco de España Víctor Sánchez y Antonio Busquets, ya criticaron con extrema dureza a los expertos contratados por las partes para rebatir la idea de que la entidad había maquillado las cuentas para poder estrenarse en el parqué madrileño el 20 de julio de 2011.

Los peritos judiciales, Víctor Sánchez y Antonio Busquets, insistían en que las cuentas de Bankia no reflejaban la imagen fiel de la entidad. En el folleto de la emisión se anunciaba un beneficio de 253 millones de euros en el ejercicio fiscal del 2011 cuando la corrección de las cuentas, finalmente arrojarían unas pérdidas efectivas de 3.030 millones.

Si a estos testimonios se añadiera que los correos del inspector José Antonio Casaus eran conocidos por las cúpulas de los dos organismos supervisores, probablemente estaremos más cerca de su procesamiento, pero el sistema de inspección de las entidades financieras en España sufriría un shock. Que por cierto había vaticinado el partido en el poder que no se ha hecho caso a sí mismo.

Artículos relacionados