UNIÓN EUROPEA

Walonia, primer tropiezo del tratado UE-Canadá

El par­la­mento de la re­gión fran­có­fona de Bélgica pone en riesgo su firma, el pró­ximo día 27

paul magnette
Paul Magnette

El par­la­mento de la re­gión belga de Walonia tiene en rehén a toda la Unión Europea por su opo­si­ción a que el Tratado Inclusivo Económico y Comercial (¿es ésa la tra­duc­ción co­rrecta del in­glés para el ‘Comprehensive Economic and Trade Agreement’, CETA?) con Canadá sea pre­sen­tado a la apro­ba­ción del Consejo Europeo del 20 y 21 de oc­tu­bre. La reunión de mi­nis­tros eu­ro­peos de Comercio tenía pre­visto dar su apro­ba­ción al texto del acuerdo, en una se­sión del martes día 18, que fra­casó al co­nocer el no con­sen­ti­miento del par­la­mento re­gio­nal.

El primer ministro valón, Paul Magnette, declaró que las reformas introducidas al proyecto de tratado para acomodar las objeciones de su parlamento no son suficientes. Para atender estas objeciones, y otras similares a las valonas suscitadas en otros países, se había formulado una Declaración Interpretativa Adjunta, con fuerza vinculante, que habría de ser publicada en el boletín oficial de la Unión.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, tenía proyectado acudir a Bruselas el próximo 27 para firmar el tratado junto con los líderes europeos. Si el parlamento valón no retira su oposición, la ‘cumbre’ UE-Canadá no se celebrará. Sin embargo, la comisaria de Comercio, Cecilia Maelström, expresó su confianza en que para entonces se habrían resuelto las objeciones de Walonia.

Maelström afirma que el fracaso del CETA sería una mala señal para otros tratados económicos y comerciales de la Unión con otros bloques. Se refería la comisaria al tratado de inversiones y comercio de la UE con los Estados Unidos (TTIP), que ha provocado la fuerte oposición de las fuerzas populistas y de izquierdas de Europa. La Unión ya tiene con Corea del Sur un acuerdo semejante a este de Canadá.

Maelström, sin embargo, quiso vestir el CETA con una caracterización que quizás no se corresponderá en su día con la que pueda describir el tratado con los Estados Unidos: CETA es conveniente, dijo la comisaria, porque Canadá “es uno de nuestros aliados más cercanos, uno de los países más democráticos del mundo y con un gobierno muy progresista y proeuropeo”. La ministra canadiense de Comercio Internacional, Chrystia Freeland, comparte el optimismo de la comisaria Maelström, y se mostró ‘cautamente optimista’ respecto de la posibilidad de llegar a un acuerdo. ‘Progresista’ es también como ha denominado Trudeau tanto al tratado como a su país.

El ‘incidente valón’ es una muestra de las dificultades de aunar voluntades en una unión de veintiocho miembros, compuestos en algunos casos por entes subestatales (la ‘Europa de las Regiones’) que cuentan con poderes constitucionales. Bélgica es un estado federal, y por tanto el tratado debe ser ratificado por los seis parlamentos regionales belgas. Aparte, claro está, de los parlamentos nacionales de todos los 28 estados, incluyendo seguramente el Reino Unido, que aún no ha presentado formalmente su voluntad de salir de la Unión.

Comercio libre y sistema de garantías para las inversiones

Se calcula que CETA ahorrará muchos miles de millones de euros en aranceles y facilitará la fluidez de los intercambios comerciales entre el bloque económico europeo y el gran país norteamericano. Comprende centenares de medidas liberalizadoras del comercio y de las inversiones entre Europa y Canadá, y estimulará la creación de empleo. El 90% del valor de las exportaciones europeas a Canadá está compuesto por productos industriales.

Una de las medidas más interesantes es la libertad de las empresas de uno y otro lado para licitar a los contratos públicos, y entrar en sus respectivos mercados de servicios.

La cuestión de las garantías sanitarias de los productos agropecuarios, una exigencia muy restrictivas en el caso de Europa, ha sido un banderín de enganche contra el CETA. Canadá, sin embargo, prácticamente se ha allanado a todas las exigencias europeas. Así mismo se ha previsto el reconocimiento de las denominaciones de origen, unas 140 en total.

Más conflictiva resultó la negociación sobre las garantías a las inversiones entre Canadá y los países de la Unión. Los conflictos en esta materia serán sometidos a un sistema de arbitraje denominado Investment Court System (ICS), que fue presentado por la Comisión, a primeros de año, como un Tribunal Internacional, posiblemente con la esperanza de que pudiera servir de modelo para el futuro tratado con los Estados Unidos, un país con un enorme poder autónomo para regular según sus leyes las inversiones internacionales, y arbitrar a través de sus tribunales los pleitos de sus inversores con los empresarios y gobiernos de otros países.

Falta por ver si el ICS no será visto por las fuerzas de izquierdas de los parlamentos europeos con la misma desconfianza acumulada por el Mecanismo de Arreglo de Disputas entre Inversores y Estados (ISDS en inglés), previsto para el TTIP, que creará un Sistema de Tribunales de Inversiones.

El acuerdo con Canadá puede ser visto como una puesta a prueba de los recursos jurídicos, políticos y diplomáticos que será necesario movilizar para lograr el gran objetivo: el tratado de inversiones y comercio con los Estados Unidos. Una apuesta en favor de formar el más formidable bloque económico de la historia.

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