El nuevo go­bierno man­chego mo­di­fica el plan de or­de­na­ción para blo­quear el ATC

Un Gobierno de coalición PP-PSOE chocaría con Garoña y el futuro almacén nuclear

Las di­fe­ren­cias in­sal­va­bles sobre los dos pro­yectos ge­ne­ra­rían un con­flicto per­ma­nente

garoña
Central Nuclear de Garoña

El fu­turo de la cen­tral nu­clear de Garoña y la cons­truc­ción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) ten­drán di­fícil so­lu­ción si PP y PSOE de­ci­dieran crear un go­bierno de coa­li­ción. Ambos par­tidos man­tienen pos­turas to­tal­mente opuestas en los dos pro­yec­tos. Los so­cia­listas se oponen fron­tal­mente a que se re­abra la cen­tral, lo mismo que su­cede con el al­macén de re­si­duos ra­diac­ti­vos. El PP, en cam­bio, está a favor de que Garoña y el ATC sigan ade­lante.

Las diferencias que ambas formaciones mantienen en estos dos puntos harían muy difícil un pacto, lo que generaría un conflicto permanente en el propio Ejecutivo. El proyecto de construcción del ATC sería, si cabe, el más peliaguado de resolver de los dos, debido a que el Gobierno de Mariano Rajoy lo aprobó en su momento y ahora está bloqueado por el Ejecutivo de Emiliano García-Paje que gobierna en Castilla-La Mancha. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) concedió el 27 de julio pasado el primero de los tres permisos para la construcción, con unas condiciones. Sin embargo, todo está parado, ya que el Ejecutivo autonómico se opone a que siga adelante.

El problema de la central nuclear de Garoña resultaría, si cabe, más factible de resolver por cuanto que no provocaría una gran dificultad tener que dar carpetazo a una instalación eléctrica que, hasta las empresas propietarias -Endesa e Iberdrola-, dan casi por seguro que no se abrirá. El grupo nuclear lleva tres años parado -desde diciembre de 2012- una vez que la empresa que gestiona la instalación decidiera cerrar la central debido a los nuevos impuestos aplicados por el Gobierno de Rajoy.

Nuclenor dijo entonces que el cierre se debía únicamente a motivos económicos y no por seguridad de la misma. Las nuevas tasas suponían unos 153 millones de euros en la cuenta de resultados de la compañía, y otros 120 millones de exigencias de seguridad, lo que hacían inviable la continuidad de la misma. Posteriormente, un Real Decreto aprobado en febrero de 2014 facilitaba las cosas para su reapertura. Tal movimiento dado por parte del equipo de Rajoy facilitó que las empresas propietarias de la central -Endesa e Iberdrola- volvieran a solicitar su puesta en marcha, pero con unas condiciones. Entre otros aspectos, Nuclenor solicitó al Gobierno alargar el permiso de explotación de Garoña hasta los 60 años, es decir, hasta marzo de 2031.

A la espera del CSN

La situación actual de la central está pendiente de que el Consejo de Seguridad Nuclear autorice su explotación y, una vez el CSN se pronuncie, será el Ministerio de Industria y Energía quien deberá dar el permiso definitivo. En el escrito de solicitud que en su día presentó Nuclenor, la empresa se comprometía a desarrollar todas las modificaciones de diseño que fueran requeridas por el CSN, antes de proceder a cargar el combustible en el reactor de la planta.

El proceso, por tanto, está en fase de estudio por parte del CSN y que éste se pronuncie al respecto. Al no ser vinculante la decisión, será el nuevo Gobierno quien deberá aprobar o no su reapertura. El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, siempre que se ha pronunciado al respecto ha señalado que todo estaba condicionado a lo que el CSN dijera.

Fuentes consultadas reconocen que el tema de Garoña es complicado de resolver a nivel político, ya que, excepto el PP, todos los partidos están en contra de que se reabra. Ni PSOE ni Podemos apoyan su continuidad. El primero, porque incluso, en su momento, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero puso ya 2013 como fecha límite para su explotación. Pedro Sánchez tampoco es partidario de ampliar la vida útil hasta los 60 años.

Por su parte, en Podemos son totalmente contrarios a seguir contando con la energía nuclear y, en cambio, desarrollar más las energías verdes. Ciudadanos y su líder, Albert Rivera, no tienen definida muy claramente la política energética por lo que sería mucho más factible llegar a un pacto con ellos, en el hipotético caso de que el PP lograse gobernar de nuevo, y abrir Garoña.

El ATC, un proyecto complejo de resolver

La construcción del almacén nuclear de Villar de Cañas (Cuenca) tiene una solución mucho más complicada que Garoña. El PSOE tiene totalmente bloqueado el proyecto que autorizó en Consejo de Ministros el Ejecutivo de Rajoy. El nuevo Gobierno de Castilla La Mancha que preside Emiliano García-Paje aprobó en julio de 2015 la modificación del Plan de Ordenación de la zona, lo que supuso frenar en seco la construcción del almacén para residuos radiactivos. La parcela donde se quiere construir el cementerio nuclear queda dentro de la zona de ampliación de García-Paje, lo que impide matemáticamente seguir adelante con el proyecto.

El Gobierno Central acordó entonces recurrir tal decisión ante la Abogacía del Estado y pidió la suspensión cautelar de la ampliación del espacio protegido. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha se pronunció a finales de año y ha rechazado suspender cautelarmente el proceso de agrandar las zonas protegidas de la La Laguna de El Hito.

El proceso ha entrado en una fase de impasse de difícil salida, a que ambos Ejecutivos, el Central y el autonómico, tienen posturas totalmente antagónicas. En este caso, el problema es mucho más complicado aún, ya que la construcción del almacén es considerado de urgente necesidad. En julio de 2017, los residuos del desmantelamiento de la central de Vandellós I que están almacenados en Francia deben ser devueltos a España. En caso contrario, el coste económico que ello supone es muy elevado. Según el Gobierno en funciones, los prejuicios económicos de la paralización del ATC supondrían unos 51 millones de euros anuales, lo que provocaría también un aumento del recibo de la luz.

Artículos relacionados