VENEZUELA

El régimen chavista se hunde en una crisis social sin salir de la económica

La lucha contra ‘el cha­ba­queo’ de Maduro, un nuevo re­curso po­pu­lista

NIcolás Maduro, presidente de Venezuela
NIcolás Maduro, presidente de Venezuela

Con la apro­xi­ma­ción a las elec­ciones par­la­men­ta­rias del pró­ximo 6 de di­ciem­bre, el go­bierno ve­ne­zo­lano in­cre­menta los pre­pa­ra­tivos so­cia­les, ju­di­ciales y po­li­ciales que con­si­dera ne­ce­sa­rios para la su­per­vi­vencia del ré­gimen bo­li­va­riano fun­dado por Hugo Chávez y pre­si­dido por su su­cesor Nicolás Maduro. El sá­bado 8 de agosto pres­taron ju­ra­mento los 167 can­di­datos del lla­mado Gran Polo Patriótico, la coa­li­ción ofi­cia­lista para re­novar la asam­blea na­cio­nal.

Este Polo se formó por primera vez para las elecciones a la asamblea de 2012, cuando aún vivía Hugo Chávez. Maduro se preció de que “no hay candidatos fuera de las listas, (es la) primera vez que vamos a las parlamentarias con una sola lista de candidatos”. El régimen cierra filas ante los desafíos que se le presentan en todos los órdenes: el económico, el político, el social y el internacional.

El presidente de la asamblea nacional, Diosdado Cabello, declaró ese mismo día que había que profundizar las acciones “contra la guerra económica” que según él las fuerzas de la derecha le están haciendo al pueblo venezolano. Al margen de esta “guerra”, Venezuela está soportando las consecuencias de haber adoptado como estrategia de desarrollo la dependencia respecto de los ingresos por la venta de hidrocarburos, que hasta hace menos de un año le permitían mantener una economía y unos gastos sociales altamente subvencionados, con un fuerte control político del cambio de la moneda.

Venezuela está sufriendo una profunda recesión debido al rápido descenso del precio del petróleo, con efectos graves sobre una economía y unas estructuras productivas infradesarrolladas. En el plano político, el problema del gobierno es cómo ir a unas elecciones parlamentarias con muchos de los líderes de la oposición en la cárcel, y otros impedidos de retornar a Venezuela por procedimientos administrativos abiertos contra ellos, al haber contravenido disposiciones gubernativas no avaladas por garantías procesales.

Silencio de los gobiernos latinoamericanos

Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, que se halla en el exilio, estima que en Venezuela hay setenta presos políticos, entre ellos el alcalde de Caracas Antonio Ledezma “sin que medie ni un papel ni una orden”, así como uno de los líderes de la oposición, Leopoldo López. Además, 2.000 personas “están en régimen de presentación” ante las autoridades. El Nacional mismo es víctima de las medidas del régimen, que le priva del suministro de papel, y éste debe recibirlo “gracias a la increíble solidaridad de periódicos latinoamericanos que creen en el regreso de la democracia a Venezuela”.

En el plano social, el problema proviene del masivo desabastecimiento de productos básicos, que da lugar a colas interminables ante los comercios intervenidos, con el resultado de desórdenes públicos, asalto a vehículos de transportes de bienes de consumo, y un floreciente mercado negro de las mercancías que desde los abastos oficiales pasan de contrabando a Colombia, para beneficio de los colombianos, que pagan mejores precios por unos productos que ya salen de Venezuela fuertemente subvencionados por el gobierno, en su afán de mantener la línea ideológica de “todo por el pueblo”.

El gobierno afronta el estancamiento del mercado con “operativos a cielo abierto”, para llevar a las calles y tiendas “la canasta básica a precios justos”. Desde enero a julio el número de “operativos” ha sido casi de 29.000. La institución gubernamental Misión Alimentación atiende al 65% de la población, unos 19 millones de personas, a través de más de 22.000 puntos de abastecimiento racionado en todo el país.

En el plano internacional, autoridades políticas y de seguridad del régimen, como el vicepresidente Cabello, han sido objeto en los últimos meses de informaciones que les incriminan de estar ligadas al tráfico de narcóticos.

Algunos de ellos tienen causas criminales abiertas por la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos. Problema de mayor inquietud para el régimen es el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, lo que deja a Caracas sin el disfrute de su posición privilegiada en el eje antiimperialista hasta ahora liderado por los Castro. El gobierno ha activado en los últimos meses la reivindicación histórica sobre la región de Esequibo (160.000 km2), la parte occidental de la República Cooperativa de la Guayana.

El régimen se beneficia de la falta de voluntad de las naciones latinoamericanas para denunciar las prácticas antidemocráticas y autoritarias del régimen, por miedo a la desestabilización de un país en rápido declive social, con lo que las presiones de los Estados Unidos sobre Caracas apenas encuentran eco en el continente. De todos modos, Washington no tiene mejor opción que dejar que el régimen bolivariano llegue al agotamiento de sus recursos económicos y políticos, y quede sumido en la inoperancia.

** “Plan arrasador” y declive del régimen**

El gobierno tiene como uno de sus argumentos para la próxima campaña electoral “la lucha contra el bachaqueo”, esto es, contra el contrabando, al que se señala como el culpable del desabastecimiento. Se estima que entre el 15 y el 20 por ciento de la producción nacional se desvía a este mercado negro, que cuenta con la complicidad tanto de grupos criminales como de personas allegadas al régimen, aparte de constituir una actividad de “empresariado informal”.

Maduro prometió hace unos días lanzar “un plan arrasador” que “triturará las mafias que dirigen el contrabando que afecta la economía del pueblo venezolano”. Mientras el presidente señalaba a “los pelucones” como los responsables de esa actividad, Cabello aseguraba que detrás del bachaqueo “está la fuerza de la burguesía”.

La medida más obvia contra la escasez y el contrabando, esto es, la libertad de comercio, no se la puede permitir el gobierno de cara a las elecciones, puesto que inicialmente supondría la elevación de los precios, aparte de que los principios de la revolución socialista bolivariana perderían lustre populista. Los indicadores económicos básicos muestran la rápida reducción de las opciones del régimen, que le reducen a adoptar una estricta actitud defensiva a la vista del descontento social y el agravamiento de las condiciones de vida, que se refleja en una inflación del 62,2% en 2014 y otra estimada para este año del 51,6%.

La monodependencia de Venezuela respecto del petróleo está llegando al límite de su potencialidad, debido al descenso de los ingresos, que hoy son alrededor de la mitad que hace un año. El 90% de los ingresos de Venezuela por su comercio exterior proceden del petróleo.

En lo que va de año, se estima que el PNB decreció en 1%. El del año pasado fue de tres puntos negativos. El artificioso sistema de abastecimiento y control de precios produjo un déficit fiscal de 14,1% en 2014 y se estima que el de este año será del 14,9%. El régimen sobrevive económicamente porque su balanza por cuenta corriente registró un superávit del 7,5% en 2014, y se estima uno de 6,3% para 2015, aunque se ignora qué deuda exterior suplementaria podría atribuirse a Petróleos de Venezuela.

En conclusión, el agravamiento de la economía debilitará el estado asistencial creado por el chavismo, lo que amenaza la paz social. La pérdida de credibilidad del régimen pone en peligro su futuro político. El alto grado de autoritarismo que le caracteriza se intensificará, muy probablemente, en los próximos meses. Y como reflejo autodefensivo de los sectores duros, no se descarta la formación de una fuerte oposición a Maduro entre las filas del chavismo, por su aparente incapacidad de controlar el declive. (Parte de los datos estadísticos proceden de Coface for Safer Trade).

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