Primer pronunciamiento del gobierno sobre Cataluña y el art. 155 de la Constitución

Prevé forzar a un go­bierno au­tó­nomo a cum­plir sus obli­ga­ciones cons­ti­tu­cio­nales

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno.
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno

Por pri­mera vez, un mi­nistro del go­bierno ha hecho men­ción de que la au­to­nomía de Cataluña puede en­trar bajo las pre­vi­siones del ar­tículo 155 de la Constitución Española, según el cual el es­tado puede obligar a una au­to­ridad au­to­nó­mica a cum­plir sus obli­ga­cio­nes. Ese ar­tículo, dijo el mi­nistro de Justicia, Rafael Catalá, en de­cla­ra­ciones a la ca­dena SER, el miér­coles 22, “está ple­na­mente vi­gente y es po­sible su uti­li­za­ción”.

El artículo 155 dice textualmente:

  1. “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

  2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”. Es decir, el 155 CE afirma que el gobierno podrá forzar a las autoridades de esa comunidad autónoma a cumplir sus obligaciones.

Sin embargo, a la vista de la escalada de confrontación con el estado por parte de las autoridades y los liderazgos de los principales partidos soberanistas de Cataluña, no parece probable que los nuevos titulares de la Generalidad, si su candidatura resultase vencedora en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre, se avinieran a cumplir las órdenes del gobierno para que atiendan las obligaciones que les corresponden como autoridad autonómica, entre otras cosas porque ellos no se reconocerán como tales, sino como fundadores de la República Catalana que ya están anunciando los primeros nombres de la candidatura única propuesta por Artur Mas, Oriol Junqueras y dos asociaciones culturales y populares.

##El 155 y el 116 de la CE necesitan desarrollo positivo

El programa repetidamente anunciado por esas fuerzas políticas comprende, aparte de la independencia de Cataluña, la progresiva ‘desconexión” con España. Los dos fines son de naturaleza muy heterogénea; el primero es declarativo, el segundo práctico, y por tanto requiere acciones dispositivas, fácticas, materiales.

Mientras el objetivo de independencia es una cuestión programática, que puede ser debatida e incluso aprobada como proyecto por una declaración mayoritaria del parlamento catalán, como las que ya ha habido sobre la ‘soberanía de Cataluña’, la desconexión supone emprender acciones específicas para desarticular los entramados materiales y jurisdiccionales que, dentro de un espacio geográfico dado, definen una unidad política, territorial e institucionalmente concreta, en nuestro caso un estado comúnmente llamado España o Reino de España. Para atender ese segundo punto programático, ‘la desconexión’, hace falta algo más que una declaración. Requiere la práctica deliberada de la desobediencia, y además actuar positivamente contra instituciones y estructuras materiales de titularidad estatal. Es éste un tipo de desobediencia que, dado el nivel actual de confrontación con el estado, no sería suficiente que la protagonizaran sólo las masas que apoyan la independencia, por ejemplo con huelgas, boicots más o menos violentos, protestas, etc., sino la desobediencia de las autoridades. No hacerlo así, ‘no dar la cara’, no ponerse ‘al frente de la manifestación’, etc. no sería coherente con el levantado espíritu de confrontación con que hoy se manifiesta el liderazgo independentista, en sus diversas formulaciones: como autoridades ‘nacionales’ de Cataluña, como portavoces de la ‘sociedad civil’, como representantes legales del ‘pueblo’, etc.

Pero el art. 155 no dice nada sobre cómo instrumentar la imposición a la autoridad desobediente el cumplimiento de sus obligaciones. Es aquí donde interviene otra disposición constitucional, el artículo 116, que prevé cómo deberán actuar las instituciones cuando se hayan declarado los estados de alarma, de excepción y de sitio. Una ley de 1981, aprobada después del intento de golpe de estado de febrero de ese año, regula su aplicación, que prevé entre otras cosas las medidas a tomar cuando peligre “la integridad territorial del Estado”. ¿No necesitará ese artículo enmiendas o aclaraciones para hacer frente a la insólita estrategia separatista catalana?

##Una estrategia rayana en el absurdo

La idea de desconexión es la forma más obvia de atentar contra la integridad territorial del estado. Se dirige sobre todo contra la unidad jurisdiccional que cubre todos los territorios del estado español, que los independentistas esperan romper a medida que reemplacen sus instituciones por “las instituciones propias”; instituciones que ya están siendo organizadas por el Consejo para la Transición Nacional, como lo haría un general jefe de estado mayor configurando las unidades del ejército con el que cualquier día tendría necesidad de ir a la guerra. Pero en Cataluña ya no se trata de una contingencia hipotética, sino de una ‘declaración de guerra’ (sin armas) ya anunciada.

La desconexión supone romper o cortocircuitar una larga lista de enlaces: unos intangibles, como la noción de unidad, que es sensorialmente inaprehensible, y que comprende la del mercado, con lo que éste supone de leyes del comercio y del trabajo; la unidad y homogeneidad de las leyes que regulan la banca; el cuerpo de leyes y regulaciones que atan al estado español a las disposiciones legalmente exigibles en la Unión Europea, etc. Es difícil ver cómo una pretendida e ilegal República Catalana podría desconectarse del estado español en una parte tan sustancial y constitutiva de su actual integridad como estado. Luego están las ‘desconexiones’ más prácticas, más de hecho: comunicaciones, aeropuertos, puertos, red eléctrica, hacienda, impuestos, deuda, policía, seguridad, defensa, etc., con el peligro de cortes de servicios, suspensión de obras y proyectos, desvío de inversiones, control de la criminalidad, seguridad civil y exterior, Ejes Mediterráneos, aguas del Ebro, etc. Nace en Cantabria, y riega Navarra y Aragón, además de Cataluña…

Todo eso, además, debe hacerse bajo la doble perspectiva del espacio y del tiempo. ¿Sobre qué espacios del territorio catalán empezaremos a desconectar? ¿En cuánto tiempo se conseguirá la desconexión? ¿Se desconectará todo de una vez, y sobre todo el territorio de Cataluña al mismo tiempo? ¿A plazos? ¿A pedacitos? Esa es, en resumen, la estrategia declarada de los independentistas, en su versión para el pueblo creyente. ¿Tienen otra racional, convincente, practicable?

Artículos relacionados