De hecho, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya ha indicado que ese es el camino equivocado y se ve con tiempo suficiente para privatizar las dos entidades nacionalizadas.
Los principales banqueros españoles ya pueden dormir más tranquilos y no con el temor de tener que competir con el propio Estado en la actividad bancaria, ya bastante complicada con la reconcentración que se ha producido en todo el sector durante los últimos años y que ha incrementado la competencia.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ya ha aplazado el proyecto de la creación de un banco público municipal, una medida que se veía desde diversos círculos como una idea disparatada y que iba a ser excesivamente onerosa para unas arcas municipales ya excesivamente endeudadas. Para su puesta en marcha, hubiera sido necesaria una aportación inicial de unos 20.000 millones de euros.
Manuela Carmena antepone ahora otras medidas de mayor alcance social a la de la creación de un banco público, tan sólo unos días después de haberse visto con el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, el único banquero que ha recibido a la primera edil de Madrid antes incluso de haber tomado posesión de dicho cargo.
Bankia, nacionalizada en 2012 y con un 63% de su capital en manos del Estado, se había convertido en objeto de deseo de todos aquellos que abogan por el modelo de un banco público en España. Los últimos que han defendido esta tesis son los máximos responsables de los dos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras (CCOO).
En concreto, el secretario general de este último sindicato, Ignacio Fernández Toxo, es el que ha apuntado la posibilidad de que Bankia se convirtiera en “la primera piedra” de una banca pública que canalice la financiación, sobre todo a pymes, antes de “malvenderla”.
El viraje dado ahora por Carmena deja a los dirigentes sindicalistas casi en minoría respecto a dicho proyecto que, además, enmarcan ante la desaparición de las cajas de ahorros con todo el proceso de reestructuración en el sector financiero español. Sin embargo, las cajas de ahorros no tuvieron nunca una naturaleza jurídica de bancos públicos aunque las injerencias políticas, y sindicales o empresariales, llevaran a esa confusión y a la aniquilación de un segmento que suponía el 50% del sector financiero español.
Camino equivocado
Justo en el mismo foro, el del curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, en el que los sindicalistas defendieron la figura de una banca pública en España, el ministro de Economía, Luis de Guindos, advertía de que el camino que han tomado las entidades nacionalizadas es el correcto y que aquel que opte por otro “se equivoca”.
Según el ministro y candidato para presidir el Eurogrupo, la privatización de las dos entidades que aún se mantienen bajo el control del Estado (Bankia y BMN) se hará en el momento preciso y ha recordado que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) aún dispone de un plazo suficiente, hasta 2017, para que salga del capital de las dos entidades.
Como en anteriores ocasiones, Luis de Guindos se ha mostrado confiado en recuperar “muchísimo” de los 40.000 millones de euros recibidos de Bruselas para el saneamiento de aquellas entidades financieras que se encontraban en problemas. En este sentido, el ministro considera que Bankia recuperará el valor justo en línea con la mejora de la economía española.
El ministro de Economía, además, se ha jactado de no haber interferido en ninguna de las entidades nacionalizadas durante estos años, a diferencia de lo que ocurría desde el poder político en etapas anteriores con las cajas de ahorros. “Si ha habido un ministro que no ha llamado a las instituciones intervenidas, he sido yo”, asegura sin ambages Luis de Guindos.
La determinación del Gobierno nacional respecto a las entidades nacionalizadas y el paso atrás dado en el Ayuntamiento de Madrid por Manuela Carmena dejan con poco margen a las pretensiones de forjar una banca pública en España. Máxime, cuando se barrunta una nueva oleada de fusiones que podría suponer la desaparición de los grupos creados por las antiguas cajas de ahorros.