TENDENCIAS DEL DINERO

Hoy como ayer, los imputados trufan las candidaturas electorales

PP y PSOE man­tienen can­di­datos in­vo­lu­crados en de­litos

Corrupcion
Corrupcion

El es­pec­táculo de dos ex pre­si­dentes de la Junta de Andalucía -Chaves y Griñán, dipu­tado y se­na­dor, res­pec­ti­va­mente- de­cla­rando ante el Tribunal Supremo en ca­lidad de impu­tados y el in­tere­sado de­bate pú­blico de los dos par­tidos ma­yo­ri­ta­rios, pa­ra­pe­tados en la pre­sun­ción de inocen­cia, sobre si es per­ti­nente o no que se pre­senten a las elec­ciones cargos electos impu­tados, no pa­rece que vaya a cam­biar el ac­tual es­ce­na­rio.

Tanto PP como PSOE siguen manteniendo en sus lista innumerables candidatos involucrados en un delito o, como señala el Derecho Penal, a quien se le atribuye participación en un delito, siendo uno de los más relevantes sujetos del proceso penal.

No ocurre lo mismo, por el momento, con los dos partidos emergentes -Podemos y Ciudadanos- que están manteniendo una postura inflexible en este campo como lo demuestra su disposición en complicar la investidura de la socialista Susana Díaz a la Junta de Andalucía, mientras los dos anteriores presidentes de la Junta no desaparezcan de la escena política.

A poco más de un mes de las elecciones municipales y autonómicas, y sin conocer a ciencia cierta el empeño de los partidos tradicionales por dar cobijo a políticos imputados (salvo cuando son el resultado de denuncias de la oposición), los casos de miembros de las listas electorales con causas pendientes con la Justicia se repiten a lo largo y ancho de la geografía nacional.

La crisis de las antiguas cajas de ahorro, es fuente y origen en varios casos de este tipo de decisiones políticas y ello se ha podido comprobar recientemente cuando, en plena precampaña electoral, la juez titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de León, que venía instruyendo desde hace años el caso de los multimillonarios créditos concedidos al antiguo presidente de Caja España, ha decidido citar como imputados por un presunto delito de administración desleal a 14 de los 17 miembros que en el año 2009 integraban el Consejo de Administración de la entidad, formando cuatro de ellos parte de las listas electorales: el presidente de la Diputación de Zamora, el alcalde de Medina de Rioseco, un concejal del ayuntamiento de Ponferrada y un procurador en Cortes hasta la reciente disolución de las éstas.

Según la publicación vallisoletana El Topillo, además de la desaparecida Isabel Carrasco, los otros dos que de momento se han salvado de la imputación son el propio ex presidente de Caja España, Santos Llamas, quien se supone que se abstenía de votar los acuerdos que le concernían personalmente, y el ex consejero José Francisco Martín, quién, además de ser procurador es miembro de la Diputación Permanente de las Cortes y, en consecuencia, aforado al que solo puede imputar el Tribunal Superior de Justicia y que al parecer no asistió a la reunión del Consejo que la jueza habría tomado como base para la imputación.

El PSOE castellano-leonés también participa de esta situación ya que, al igual que el PP, venía presumiendo de no incluir a ningún imputado en sus listas y en la relación de imputados está la concejala del ayuntamiento de Palencia, Begoña Núñez. En Canarias, por ejemplo, y a pesar de estar imputados por presuntos delitos de prevaricación o de malversación, siguen contando con la confianza de sus respectivos partidos (PP, PSOE y Coalición Canaria) y vuelven a presentarse una veintena de imputados investigados por la Justicia.

El PP gallego, por su parte, presenta en su candidaturas municipales a distintos imputados en la Operación Orquesta o en la Operación Pokémon. En total, 18 alcaldes en ejercicio —14 del PP y cuatro del PSOE, entre ellos el regidor de Lugo— encabezarán sus candidaturas pese a que tienen problemas con la Justicia.

En la Comunidad Valenciana, se mantienen en las listas algunos políticos bajo sospecha. Media docena de alcaldes, entre ellos un socialista (Benidorm) y cuatro del PP (La Nucia, Paterna, Cullera y Alboraia) repetirán como candidatos. En Cataluña, los dos casos más emblemáticos de alcaldables imputados son el del alcalde de Santa Margarida de Montbui (PSC) y el del alcalde de Vila-Seca y presidente de la diputación provincial de Tarragona (CiU), imputado por seis delitos, entre ellos blanqueo y malversación.

En Cantabria, el PP mantiene al frente a seis candidatos imputados (Noja, Castro Urdiales, Alfoz Lloredo, Ramales de la Victoria, Liérganes y Santa María de Cayón), cinco de ellos alcaldes en la actualidad, argumentando el Comité Electoral Regional que los seis imputados están en esta situación por denuncias de la oposición, uno de ellos por un tema "privado" sin relación con su cargo.

El PP de Madrid ha dado el visto bueno a las candidaturas a alcalde de al menos tres imputados, los aspirantes a renovar su mandato en Las Rozas, Colmenar Viejo y Ciempozuelos. Como corolario, el caso andaluz en donde los 35 años de gobierno ininterrumpido del PSOE ha sido un buen caldo de cultivo para macroprocesos de corrupción que han sido el contrapeso al caso Gurtel.

Aún así, la comunidad andaluza es donde menos fácil resulta contabilizar los casos de corrupción u otros delitos que afectan a candidatos del PSOE y solo cuando el caso es relevante como el de la alcaldesa socialista de Grazalema, imputada por cinco delitos, entre ellos el de cobro de comisiones, el asunto adquiere relevancia pública. Además de este asunto, se conoce que en Andalucía, el PSOE mantiene a diez candidatos imputados, entre ellos, el aspirante a la Alcaldía de Granada.

Tampoco le falta al PP una presencia activa en la lista de supuestos cargos públicos acusados de irregularidades y en ese sentido, la Intervención General del Estado ha denunciado ante la Justicia numerosas ilegalidades en la adjudicación de tres contratos para el montaje del pabellón de Jerez en Fitur 2004, siendo el organismo encargado de adjudicar los contratos, el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, presidido por la alcaldesa popular de Jerez.

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