Monitor del Seguro

Los bajos tipos y la po­lí­tica de compra de Mario Draghi hunden la ren­ta­bi­lidad

La deuda pública deja de ser rentable

El sector busca in­ver­siones al­ter­na­tivas para con­tra­rrestar la caída de ren­ta­bi­lidad de la deuda

Unespa
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La si­tua­ción ac­tual de los ba­jí­simos tipos de in­terés y la de­ci­sión del Banco Central Europeo (BCE) de com­prar deuda de los países de la zona euro, que hará que bajen más los tipos to­da­vía, pueden su­poner un grave pro­blema para el sector ase­gu­ra­dor, sobre todo para el ramo de Vida. Y es que el se­guro es uno de los ma­yores in­ver­sores ins­ti­tu­cio­nales y, como tal, es un gran con­su­midor de pro­ductos de renta fija.

El programa de alivio cuantitativo, o ‘Quantitative Easing’ (QE) anunciado recientemente por Mario Draghi, presidente del BCE, supone la compra de 60.000 millones de euros mensuales entre activos públicos y privados; los primeros acapararán las tres cuartas partes del total. Para luchar contra el riesgo de deflación de la zona euro el programa se mantendrá desde marzo de este año hasta finales de septiembre de 2016, pero en cualquier caso, según Draghi, hasta que se aprecie un ritmo sostenido en la inflación consistente con el objetivo de estabilidad del BCE del 2%. Lo que hace que el montante total de las compras supere el billón de euros.

Las primeras consecuencias de esta decisión del BCE han sido la caída de la prima de riesgo y el descenso de la rentabilidad de la deuda pública, que marca un día sí y otro también su mínimo histórico. La deuda privada, por su parte, seguirá por el mismo camino bajista de la pública al encontrar las empresas más fácil financiación y más barata. Ya empiezan a aparecer tipos de interés negativos para algunos activos de deuda pública en Alemania, Francia y Holanda, así como en nuestro país, como es el caso de las letras del Tesoro a 3 meses.

En España, los activos aptos para coberturas totales del seguro ascendían al término del tercer trimestre del pasado año a 226.598 millones de euros, según datos de la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones. A esa misma fecha, las aseguradoras que operan en España tenían algo más del 42% de su cartera invertida en renta fija pública y otro 25% en renta fija privada; además, un 12,25% estaba en tesorería y depósitos, lo que suma el 80% de las inversiones totales del sector.

Incidencia de los tipos en la estructura de las inversiones Esta situación de tipos bajos y caída de rentabilidades por el aumento del precio de los bonos es uno de los grandes retos que tiene el sector asegurador en 2015.

Así lo advirtió hace unos días la directora general de Seguros, Flavia Rodríguez-Ponga, que además señala que la incidencia que pueden tener los tipos de interés en la estructura de las inversiones, principalmente en el ramo de Vida, es un tema que se está tratando en los foros internacionales y del que ya ha avisado Europa. Eso va a obligar a las entidades, según la directora del organismo de control del seguro, “a hacer un mayor seguimiento y a llevar un mayor control de aquellos activos y de las alternativas de inversión que puedan encontrarse”, porque en definitiva, las inversiones son las que garantizan el cumplimiento de los compromisos a medio y largo plazo.

El escenario no es nada bueno para las entidades aseguradoras, aunque en principio pudiera parecer lo contrario. De entrada las aseguradoras podrían optar por vender parte o la totalidad de su cartera de bonos, con lo que conseguirían importantes plusvalías, pero eso sería una política de “pan para hoy y hambre para mañana”, ya que volver a formar una nueva cartera les resultaría más caro y mucho menos rentable.

Además, por la naturaleza de su propio negocio, el seguro es un inversor a largo plazo y lo lógico es mantener sus inversiones de deuda soberana hasta su amortización. En esta última situación la caída de la rentabilidad sería mucho más suave, ya que en principio solo afectaría a las nuevas inversiones, consecuencia de las emisiones que se vayan amortizando o de la venta de nuevos productos, mientras que el resto de la cartera mantendría su rentabilidad actual.

Pero el problema puede ser mucho más grave todavía. En el caso de los seguros No Vida, las entidades verán reducirse notablemente sus ingresos financieros, por lo que tendrían que aumentar su beneficio técnico a costa de subir primas, mientras que en los seguros de Vida, sobre todo en los que garanticen un determinado interés por contrato y con unos tipos oficiales tan bajos o incluso negativos, la situación puede ser catastrófica.

Por eso el seguro, si esta situación se prolonga en el tiempo, está condenado a buscar nuevas inversiones que le proporcionen algo de rentabilidad y abandonar el patrón de apostar de forma tan mayoritaria por la renta fija y pensar un poco más en la variable, de la que solo cuenta con un algo más del 5% en sus carteras, o en buscar otro tipo de inversiones.

Momento de cambio histórico

Y a todo esto, el sector asegurador se encuentra en un momento de cambio histórico, ya que ha empezado la cuenta atrás para la entrada en vigor de la nueva legislación europea de seguros, Solvencia II. Después de varios años de retrasos, ya no hay vuelta atrás y el primero de enero de 2016 está a la vuelta de la esquina. Lo dijo la propia directora general de Seguros, Flavia Rodríguez-Ponga, hace pocas fechas en una jornada de ICEA: “llevamos 15 años adaptándonos a Solvencia II y ya es una realidad”.

Pero esa realidad que es Solvencia II, y sobre todo la adaptación del sector a ella, es algo que preocupa al seguro español y todos sus organismos e instituciones, empezando por la propia patronal Unespa, pasando por todas las entidades del sector, desde las más grandes a las más pequeñas y terminando por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

La adaptación no ha sido sencilla, sobre todo teniendo en cuenta la fuerte crisis por la que ha atravesado en los últimos años la economía española y de la que parece que estamos saliendo definitivamente. Y es que, como dijo recientemente la presidenta de la patronal, Pilar González de Fruto, “es complicado adaptarse a Solvencia II sin tener aún el marco jurídico completamente definido”. A pesar de ello considera que las aseguradoras españolas están preparadas y son capaces de hacer frente a los requisitos de capital que les exija la nueva normativa.

Desde el organismo de control del seguro español, que en definitiva es quien tiene que vigilar la adaptación de las entidades a Solvencia II, se insiste en que es necesario que dentro de las empresas tengan establecidos los mecanismos para comprobar que todos los días, todas las semanas y todos los meses “sigan avanzando hacia la planificación que han establecido”. En ese sentido la DGSFP mandó una carta a los presidentes de las empresas haciéndoles ver la conveniencia de la implantación. El pasado día 30, era el último día para que las aseguradoras presentaran en la DGSFP el informe de progreso, en el que las entidades han comunicado su grado de adaptación a Solvencia II.

Seguros está trabajando en los estándares técnicos para que las normas respondan a los intereses españoles y que en Eiopa, el supervisor europeo de seguros y pensiones, se está negociando para que “obtengamos el resultado más óptimo posible”. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades el seguro español se muestra optimista de cara a 2015, año en el que la presidenta de Unespa afirma que el sector necesita un ejercicio “estable, razonable en su crecimiento y sostenido”, ya que es un año importante para las empresas aseguradoras en el que tendrán que hacer inversiones muy fuertes para adaptarse al nuevo entorno de Solvencia II.

jholgado1@gmail.com

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