Monitor del Seguro

Una re­gu­la­ción más trans­pa­rente y eficaz de los mer­cados de se­guros

TAE propia que compara la rentabilidad del ahorro del seguro

Obliga a las com­pañías a in­formar de la ren­ta­bi­lidad es­pe­rada de la ope­ra­ción

Seguros frente a catástrofes naturales
Seguros frente a catástrofes naturales

Los se­guros de vida ahorro atra­viesan desde hace tiempo una mala ra­cha. Y no solo porque el vo­lumen de las primas que re­caudan va ba­jando tri­mestre a tri­mes­tre, sino que ade­más, y lo que es peor, es que lleva un par de tri­mes­tres en los tam­bién bajan las pro­vi­siones téc­ni­cas, que es el vo­lumen de ahorro que ges­tionan las ase­gu­ra­doras de sus cliente, lo que nor­mal­mente in­dica que sus pro­pie­ta­rios tras­ladan esos ca­pi­tales a otros pro­ductos de aho­rro.

Uno de los grandes problemas del seguro de vida-ahorro es la complejidad de sus productos para los legos en la materia, como es el caso de la mayor parte de sus clientes. Además las aseguradoras tampoco han contribuido tradicionalmente a reducir esa complejidad, ya que al hablar de rentabilidad venían utilizando criterios distintos y en algunos casos hasta se omitía la información de los gastos que conlleva la contratación del productos sobre la rentabilidad esperada.

Pero esa disparidad de criterios se ha terminado, porque desde el pasado 14 de diciembre el sector asegurador español cuenta con un método de cálculo único para poder deducir la rentabilidad esperada de todos los seguros de vida-ahorro y que se puedan comparar entre sí. Con esta homogeneidad en el cálculo se ha conseguido una tasa muy similar a la TAE (Tasa Anual Equivalente), que se aplica a los depósitos bancarios, para que los productos sean comparables entre sí y que, sin lugar a dudas, va a ayudar a los clientes para que puedan tomar sus decisiones de inversión mucho mejor informados.

Esto ha sido posible por la entrada en vigor de una Orden Ministerial de Economía y Competitividad, que se publicó en el BOE un año antes, que establece, en primer lugar, la delimitación de las modalidades de seguro de vida para las cuales “será de aplicación la obligación de informar de la rentabilidad esperada de la operación, considerando todos los costes, en aquellas modalidades de seguro de vida en las que el tomador no asuma el riesgo de la inversión”.

Así el Gobierno, a través de esta normativa, obliga a las aseguradoras a informar a los clientes de los resultados esperados al adquirir un determinado seguro de vida-ahorro, mientras que el propio Ejecutivo sigue sin informar a los ciudadanos de la previsión de su futura pensión pública, algo a lo que se comprometió el pasado año y que de momento duerme el sueño de los justos. Lo que no es precisamente “predicar con el ejemplo”.

Ese incumplimiento de informar se debió en su momento a las discrepancias entre los Ministerios de Economía y de Trabajo sobre los datos que debía contener la carta de pensiones que había que enviar a los trabajadores mayores de 50 años con la previsión de su futura pensión pública, como se comprometió el Gobierno a hacer.

Aseguradoras y bancos vienen clamando con insistencia para que se envíe la dichosa carta de una vez por todas, ya que en ambos sectores están totalmente convencidos de que conocer la estimación de la futura pensión servirá para concienciar a la mayoría de la gente sobre la necesidad de ahorrar para su jubilación. En esa toma de concienciación, también se incluye a los jóvenes, que ahora ven la jubilación como algo muy lejano y no piensan en ella hasta que no se encuentran en una edad más próxima a producirse el evento.

Sin embargo, la experiencia de otros países apunta a que lo mejor para planificar la jubilación es empezar a ahorrar desde el primer empleo, porque el esfuerzo será muchísimo menor y el ahorro más productivo.

Pero volviendo al tema de Orden Ministerial, la norma obliga a informar de la rentabilidad esperada de la operación, considerando todos los costes a todos los seguros de vida en los que el tomador no asume el riesgo de la inversión y que haya que dotar provisión matemática, con las excepciones de los contratos temporales que incluyan únicamente prestaciones en caso de fallecimiento o invalidez u otras garantías complementarias de riesgo, así como las de las rentas vitalicias y temporales sin contraseguro. Por ella se ven afectados la mayoría de seguros de vida ahorro como los Planes de Previsión Asegurados (PPA), los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS), los seguros de capital diferido, los seguros de rentas vitalicias y temporales y los Sialp o planes de ahorro 5. Por el contrario no están afectados por la norma otros seguros de vida, como los seguros de vida-riesgo, en los que solo se cubre el riesgo de muerte o invalidez, o los “unit-linked”, ya que están vinculados a activos y en los que el riesgo lo asume el tomador.

Aumenta la protección de los ahorradores y tomadores de seguros Con la nueva normativa, que ha sido muy bien acogida por el propio sector asegurador, se garantiza, según el legislador, una regulación más transparente y eficaz de los mercados de seguros y al tiempo que se aumenta la protección de los ahorradores y tomadores de seguros, ya que con ella se facilita a los inversores un elemento de comparación que pueda servirles como referencia a la hora de tomar sus decisiones de inversión entre las distintos productos disponibles en el mercado. Esto es algo muy importante, sobre todo en los momentos actuales, en los que los tipos de interés se encuentran en sus cotas más bajas y los ahorradores buscan productos sencillos, fáciles de entender, y que les ofrezcan algo de rentabilidad. Además, la Orden Ministerial desarrolla el método de cálculo de la rentabilidad esperada, “incluyendo como inputs a considerar las prestaciones, las contraprestaciones, las tablas de mortalidad y supervivencia y el periodo de cálculo”.

En el caso del cálculo de la rentabilidad esperada de los seguros a prima periódica las aseguradoras tienen que incluir las primas futuras y las prestaciones derivadas de dichas primas futuras y deben asumir la hipótesis de que el tomador asume el pago de las primas periódicas previstas en el contrato de seguro. En el caso de que el producto prevea el pago de primas extraordinarias por parte del tomador, la aseguradora deberá informar sobre la rentabilidad esperada correspondiente a dicho concepto, salvo que su importe sea similar a la rentabilidad esperada del contrato de seguro principal, en cuyo caso deberá mencionarse expresamente dicha circunstancia.

La norma incluye también una disposición transitoria que afecta a las carteras de seguros vigentes a la fecha de entrada de esta orden, según la cual la rentabilidad esperada y el detalle de cálculo deberán ser entregados por la entidad aseguradora, previa petición del tomador, en el plazo máximo de diez días.

Según los datos de ICEA, al cierre de los nueve primeros meses del año, las provisiones técnicas de los seguros de vida-ahorro alcanzaron los 159.267 millones de euros, cifra de que habría que descontar los 13.649 millones de los seguros vinculados a activos en los que el tomador asume el riesgo de la inversión. Por tanto, la norma que acaba de entrar en vigor puede afectar a una cartera que está en torno a los 145.000 millones.

jholgado1@gmail.com

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