Monitor de Latinoamérica

Honduras, el país que más avanzó en 2015 en am­paro al pe­queño ac­cio­nista

La protección al inversor minoritario, cuesta abajo en Latam

Colombia, líder re­gional en el im­pulso a unas prác­ticas que re­gis­tran un parón

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Doing Business 2015.

La pro­tec­ción al ac­cio­nista mi­no­ri­ta­rio, uno de los vec­tores clave de la buena go­ber­nanza cor­po­ra­tiva, cede po­si­ciones en Latinoamérica, des­pués de un largo pe­ríodo de re­formas em­pre­sa­riales que han me­jo­rado y mu­cho, el go­bierno y las buenas prác­ticas cor­po­ra­ti­vas. En 2015, y según el in­forme Doing Business del Banco Mundial (BM), todos los países de la re­gión em­peo­raron en este pa­rá­me­tro, con sólo dos ex­cep­cio­nes: Honduras, que re­gistró un im­pre­sio­nante desa­rro­llo, y República Dominicana, donde no se pro­du­jeron cam­bios. Colombia li­dera la cla­si­fi­ca­ción en la re­gión.

Tras años de esfuerzos y progresos, no sólo en buen gobierno corporativo, sino en implementación de buenas prácticas de RSE/RSC, se atasca en la región la protección a los inversores minoritarios, capítulo fundamental del buen gobierno corporativo y uno de los 11 parámetros que el BM mide a la hora de fijar en su Doing Business el listado de las economías que más facilitan los negocios y el entorno empresarial. En 2015, todos los países iberoamericanos incluidos en el estudio tuvieron retrocesos en el área, salvo dos.

El Gobierno Corporativo, sistema por el que las empresas se dirigen, gestionan y controlan, comprende diferentes aspectos regulatorios y organizativos cuya implementación en una empresa o corporación permite a esta atraer y retener capital financiero y humano, funcionar más eficientemente y generar valor económico para la firma y sus accionistas. En lo últimos años, instituciones internacionales como la OCDE, el BM o el BID vienen impulsando estas buenas prácticas de gobierno empresarial, que para la OCDE constituyen un ele¬mento clave para au¬mentar la efi¬cacia eco¬nó¬mica y po¬ten¬ciar el cre¬ci¬miento de un país, así como para fo¬mentar la con¬fianza de los in¬ver¬so¬res.

En este marco, la protección a los accionistas minoritarios es factor de referencia, junto a la distribución de los derechos y responsabilidades de directorio, gerentes, otros accionistas y demás agentes de una compañía. El Buen Gobierno Corporativo es un concepto que está cobrando cada vez mayor importancia en el ámbito local e internacional debido a su reconocimiento como un valioso medio para alcanzar mercados más confiables y eficientes. Y también por su relevancia económica: según Deloitte, los in¬ver¬sores están dis¬puestos a pagar entre un 10% y un 15% por las ac¬ciones de em¬presas que cum¬plen con buenas prác¬ti¬cas. Otras encuestas indican que cerca de un 80% de los inversores pagarían más por una firma con buen gobierno corporativo.

Colombia (14 en el ranking mundial), Brasil (29), Chile, (36), Argentina y Perú (49), México (57) y Panamá (66) son los países donde la protección de los derechos del minoritario son superiores en Latinoamérica, mientras que los mercados donde las compañías le hacen la vida menos fácil y donde se tiene menos en cuenta sus derechos son Nicaragua (puesto 150), El Salvador (155), Costa Rica (166), Guatemala (174) y Venezuela (178). México, Chile, Argentina y Perú, cuatro de los países estrella para la inversión española, son los que acumularon mayor retroceso en 2015 en este aspecto, cediendo tres lugares.

En las grandes economías del área, este factor, que el BM evalúa junto a otros diez parámetros para elaborar el listado de los países en los que es más fácil hacer negocios, hubo claro retroceso. En Brasil la protección a los inversores minoritarios cedió dos puestos, del 27 al 29 en el ranking mundial, mientras que México retrocedió tres, del 54 al 57. Chile, uno de los países modélicos en gobernanza corporativa, bajó tres lugares, del 33 al 36; Perú y Argentina otros tres, del 46 al 49 y el campeón regional, Colombia, acusó un descenso de dos posiciones, del 12 al 14, aunque mantiene su liderazgo en esta cuestión.

Otros países en baja en cuanto a la defensa de los intereses de los inversores minoritarios, con la pérdida de un puesto, fueron Panamá (del 64 al 66); Uruguay (del 121 al 122); Ecuador (del 114 al 115); Costa Rica (del 165 al 166); El Salvador (del 154 al 155); Bolivia (del 143 al 144); Nicaragua (del 149 al 150); Paraguay (del 143 al 144); Guatemala (del 173 al 174) y Venezuela (del 177 al 178 mundial). República Dominicana se mantuvo en el puesto 81, mientras que Honduras, gracias a una serie de importantes reformas, escaló 34 posiciones, del 177 al lugar 134 en el mundo. Y es que, según apunta el BM, a nivel mundial, Honduras fue la economía que mejoró más en el área de protección de los inversores minoritarios, al exigir una mayor divulgación de las operaciones vinculadas; prohibir el voto de las partes interesadas y permitir a los minoritarios presentar una acción directa por daños y darles derecho a inspeccionar documentos de la empresa.

Brasil, como España

Hong Kong, Nueva Zelanda y Singapur encabezaron el año pasado el listado de mayor protección a los inversores minoritarios entre las 189 economías globales examinadas por el BM, en un ranking en el que el primer país de Latinoamérica es Colombia, empatado con naciones como Noruega, Suecia, Bulgaria, Macedonia y Sudáfrica. Brasil, segundo en la región, está ubicado en el mismo puesto que España, Croacia, Francia, Mauricio y Tayikistán. Ambos se sitúan por encima de EEUU (puesto 35) e inmediatamente por delante de Chile, tercer clasificado latinoamericano, situado a la par que Italia, Austria, Japón, Malta, Montenegro o Tailandia.

Argentina y Perú se sitúan en cuarta posición regional junto a países como Alemania, Polonia o Emiratos, y México quinto, se halla a la par que mercados como República Checa y Rumanía. Panamá, sexto, se codea con Finlandia, Holanda, Kuwait, Portugal o Rusia y Dominicana, lo hace con Hungría, Serbia, Indonesia o el estado libre asociado de Puerto Rico. Ecuador, octavo en el área, comparte puesto con Kenia e Irak y Uruguay, noveno, lo hace con Luxemburgo o Qatar. Sólo una nación iberoamericana, Cuba, no figura en el examen del Doing Business, cuyo listado en protección del inversor minoritario cierran Haití, Libia y Afganistán a nivel global y Venezuela a nivel regional.

El Doing Business mide la protección de los inversores minoritarios en lo relativo a conflictos de interés, además de examinar los derechos de los accionistas en la gobernanza corporativa. El índice del grado de regulación en materia de conflicto de intereses mide la protección de los accionistas contra el mal uso por los directores de los activos corporativos para beneficio personal.

Los indicadores distinguen tres dimensiones de protección del minoritario: transparencia de las transacciones entre las partes vinculantes (índice del grado de transparencia); responsabilidad de los administradores en caso de transacciones perjudiciales (índice del grado de responsabilidad de los directores) y capacidad de los accionistas de llevar a juicio a los directores y ejecutivos por mala conducta (índice de la facilidad para juicios de accionistas).

Los derechos de los accionistas en la gobernanza corporativa se miden en base a tres parámetros: los derechos y el papel de los accionistas en las decisiones corporativas de gran importancia (índice del grado de derechos de los accionistas); las garantías de gobernanza que protegen a los accionistas del control indebido de la junta de accionistas (índice del grado de fortaleza de la estructura de la gobernanza) y la transparencia en términos de propiedad de las acciones, compensación, auditorías y perspectivas financieras (índice del grado de transparencia). El índice también mide si un subconjunto de derechos relevantes y garantías se encuentran disponibles en las sociedades anónimas.

La OCDE incluye como principios de la buena gobernanza la protección de los derechos de los accionistas; el trato equitativo a todos los accionistas, incluyendo minoritarios y extranjeros; la igualdad de oportunidad para todos los accionistas a obtener una efectiva reparación de los daños por la violación de sus derechos; el reconocimiento de derechos de terceras partes y la promoción de una cooperación activa entre ellas y las sociedades en crear riqueza, empleo y empresas sustentables.

Asegurar una información adecuada y a tiempo de todos los asuntos relevantes de la empresa, incluyendo la situación financiera, su desempeño, la tenencia accionarial y su administración; disponer de una guía estratégica de la compañía y la monitorización eficaz de equipo directivo por el consejo de administración se incluyen también en los principios que defiende la OCDE.

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