Muchas po­si­bi­li­dades de que anulen el con­curso si se con­voca antes de las elec­ciones

El AVE pierde apoyos políticos y la competencia se arruga, quizá para siempre

Bruselas fue el ver­da­dero im­pulsor del fra­ca­sado pro­yecto li­be­ra­li­zador

Trenes de Ave en España
Trenes de Ave en España

Ha arras­trado tanto los pies el Gobierno en la aper­tura a la com­pe­tencia del AVE que al final se ha que­dado sin im­pulso po­lí­tico y esa li­be­ra­li­za­ción tiene todas las pa­pe­letas para acabar dur­miendo el sueño de los justos en un cajón de un frío e im­per­sonal des­pacho del edi­ficio de Fomento en Nuevos Ministerios. Pese a que se ha se­guido una hoja de ruta legal para per­mitir que hu­biera com­pe­tencia en esta le­gis­la­tura, las pre­siones han sido ta­les, que la ela­bo­ra­ción de ese marco legal se ha ido re­tra­sando tanto que se han echado en­cima las elec­ciones ge­ne­ra­les.

Es decir, que todavía no se ha convocado el concurso para elegir al competidor de Renfe en el Corredor de Levante y por tanto ya no hay plazo para resolverlo esta legislatura. Cuando se convoque, se dará un plazo de tres meses para presentar ofertas y dos meses para resolver quién es el ganador. En el mejor escenario nos iríamos a marzo.

Será por tanto el próximo gobierno quien decida y aquí se abren una serie de hipótesis que hacen bastante improbable que el proceso liberalizador actual puede llevarse a cabo. Sólo una mayoría amplia del PP que le permitiera gobernar en solitario permitiría dar continuidad al proceso actual, pero de momento las encuestas no anticipan que ese escenario político sea factible.

La creación de un gobierno que requiriera la confluencia de voluntades de dos partidos amenazaría seriamente el esquema liberalizador actual, que ha sido muy contestado desde distintos ámbitos y grupos de interés. Dada la trascendencia política y social del asunto, será tema clave en la agenda programática del nuevo ejecutivo. Son muchas las posibilidades de que el concurso, si finalmente se convoca antes de las elecciones, sea anulado por el nuevo ejecutivo.

Realmente, el impulsor de este fracasado proyecto liberalizador fue Bruselas, dentro del paquete de exigencias que puso a España para rescatar a la banca. Dentro del Gobierno siempre ha habido dos almas sobre este asunto. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha secundado la exigencia de Bruselas, pero Fomento no ha trasmitido nunca tener una convicción clara sobre la materia. Los distintos lobbies que configuran el sector ferroviario han presionado fuertemente para mantener el status quo, en el que todos ellos están muy cómodamente asentados: altos cargos ministeriales, de Adif, de Renfe, sindicatos, suministradores, etc.

Al otro lado del campo de batalla, los grandes interesados en esta liberalización han sido las grandes constructoras de la infraestructura y algunas operadoras del bus y la aviación. Para todas ellas suponía un contrato por siete años, que si bien bajo las primeras condiciones expresadas por Fomento respecto de la cuantía de los cánones, ofrecía una rentabilidad discutible, Fomento ya ha echado marcha atrás.

Sea como fuere, y una vez más arrastrando los pies, el Ministerio de Fomento daba el pasado miércoles el penúltimo paso de este proceso para elegir a la primera empresa privada que entrará a competir con Renfe en transporte de viajeros en tren.

La Orden Ministerial publicada n el BOE, además de los plazos para concursar establece los requisitos que deben reunir las compañías interesadas en el negocio. Así, deben contar con licencia ferroviaria y certificado de seguridad, pero no están obligadas a tener dispuestos todos los medios materiales (trenes) y personales en el momento de concurrir al concurso, sino que bastará con el «compromiso de obtenerlos» en caso de adjudicación. Fomento estima que «el interés público no requiere ese exorbitante esfuerzo económico».

En cuanto a la valoración de las ofertas, el Ministerio otorgará al plan de negocio que presenten las compañías la mayor importancia (el 55% de la puntuación total de la oferta), con el fin de asegurarse de que «tiene voluntad de permanecer en el negocio de manera estable».

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