POLÍTICA NACIONAL

Vuelve a subir el temor a la corrupción política

No sólo están los casos pe­na­li­za­bles, tam­bién los de falta de sen­tido común

Protestas contra la corrupción en España
Protestas contra la corrupción en España

¿Baja la an­siedad que los es­pañoles su­fren desde hace al­gunos años por los casos de co­rrup­ción, cuando leen en las ca­be­ceras de los me­dios la de­ten­ción de al­gunos po­lí­ticos y hom­bres de ne­go­cios, y los juz­gados no dan abasto en pro­ce­sar­los? El úl­timo Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, re­fe­rido a ju­nio, nos dice que no, que la per­cep­ción de co­rrup­ción ge­ne­ra­li­zada vuelve a re­pun­tar. Si en mayo de este año, ésa era la pri­mera preo­cu­pa­ción del 35,7% de los en­cues­ta­dos, un mes des­pués ese ín­dice ha cre­cido 3,1%, hasta 38,8%.

Así se ha puesto freno a un breve periodo en que el pesimismo de los españoles sobre la moralidad media de sus gobernantes se atemperó un poco. Después de febrero, cuando los preocupados por ese mal habían sido el 44,2% de los consultados, en marzo se redujeron al 41%. Pero poco dura la dicha en casa del pobre.

El repunte de esa preocupación puede que esté estrechamente vinculado con la aparición de casos frescos de corrupción, como veremos más adelante. En sentido contrario, el descenso temporal de esas preocupaciones, aunque pasajero, pudo deberse a la convicción de que algunos casos que provocaron gran alarma social, tanto por su gravedad como por la expectación informativa por ellos causada, se hallan ya en las últimas fases de sus procesos judiciales. Serían éstos: casos como el de los EREs de Andalucía, el de Bárcenas, el del Instituto Noos, etc.

La expectativa de que pronto se puedan celebrar los juicios correspondientes puede que ayude a restaurar la confianza pública en la justicia, a que la gente se anime a pensar que la corrupción no tiene por qué quedar irremediablemente impune y a que se disipen algunas dudas sobre los valores éticos de nuestra sociedad. Aunque todo eso pueda ser verdad, el alivio será probablemente temporal. En cualquier momento saltan nuevos casos de corrupción demostrada o sospechada.

Hay áreas geográficas que casi nunca nos fallan

Pensemos en los casos todavía latentes de una serie de imputados, como Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, Carlos Fabra en Castellón, o los más avanzados judicialmente de Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid, y Rafael Blasco, quien lo fue todo en la Generalidad Valenciana, tanto con socialistas como con populares. Recientemente se unió a ellos Magdalena Álvarez, imputada a consecuencia de los EREs andaluces. Sin olvidar a Oriol Pujol, imputado por supuestos delitos de tráfico de influencias. Nueva entrada en la lista de los sospechosos habituales es el obcecado alcalde de Torredembarra, Daniel Massagué, a quien sus compañeros de partido acaban de echar a patadas de su cargo (en sentido figurado, claro; y sálvese quien pueda). Queda en cartera la revelación del milagro de la Moreneta por el que un par de solares con 9.500 metros cuadrados y valor catastral de €900 pueden convertirse en pocos años en €4.808.000, del que acabamos de tener información y que las malas lenguas atribuyen al clan de los Pujol.

Hay focos regionales de corrupción que ocupan con mayor frecuencia que otros las cabeceras de la prensa y se hallan más presentes a la atención del público; ahí se mantienen durante un tiempo para decaer después, desplazados por escándalos aún mayores, más antiguos y más inextricables, originados en cualquier otra parte de nuestra geografía política y sociológica. Aquí no las menciono todas, pues necesitaría todas las páginas de este diario.

Andalucía nunca nos defrauda. Un nuevo espécimen de imputado ‘in nuce’ acaba de juntarse con los cientos de funcionarios, sindicalistas, empresarios y paseantes distraídos, acusados en una causa u otra: el empresario/funcionario/pariente Ángel Ojeda, quien según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) instrumentó el desvío de cientos de millones de pesetas y millones de euros a raíz de que ocupase el cargo de consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1987 y 1990; tres años que fueron bien aprovechados para dejar, al parecer, montado un entramado de empresas dedicadas a las más diversas tareas, desde las de formación profesional, consultoría, educación, inspección tecnológica, etc., con el impagable apoyo de su cuñada Teresa Florido, casualmente titular del Servicio Andaluz de Empleo (los EREs, ¿recuerdan?), aunque por breve pero al parecer productivo tiempo.

El informe de la UDEF contiene, además de las acusaciones a Ojeda, uno de esos análisis que, sin dar indicios directos y personales de malversación, iluminan la realidad sociológica que late detrás de la corrupción, el despilfarro, el mangoneo, la pérdida de valores sociales y, a la postre, el atraso económico y cultural de ciertas capas de la sociedad en áreas constantes de nuestra geografía.

El análisis de la mencionada unidad policial describe el fin político-social de algunas de las actividades promovidas por Ojeda, que llegan más allá de su mero medro personal, el cual, de momento parece limitarse a €14 millones, aunque en todo este asunto han estado en juego al menos doscientos millones. La UDEF lo ve así: “Alguno de este tipo de perceptores se repite sistemáticamente año tras año, por lo que podríamos entender que éste no es más que un modo de clientelismo, de obtener el beneplácito, los votos, de un número muy extenso de la población andaluza y con un costo realmente reducido (nota: para la Junta); recordemos que el 80% de lo subvencionado lo aporta la UE”, apostilla la Unidad.

Modesta virtud moral El desvalimiento causado por esta sensación generalizada de corrupción del ámbito político se ensombrece aún más por otro tipo de motivos, distintos de los ilícitos pasibles de tratamiento penal. Se debe a la convicción de que abusar de la gente, atropellar los derechos de unos y otros, o incluso desacatar por la fuerza a la autoridad en ejercicio de sus tareas sale gratis.

El caso escandaloso más reciente es uno de este último tipo: la absolución de la serie de individuos que formaron parte de los grupos organizados que asaltaron los alrededores del parlamento catalán en junio de 2011, impidiendo la celebración normal de un acto solemne. No sólo la sentencia absolutoria deja claro que se puede coaccionar físicamente a los representantes populares e impedirles el cumplimiento de las funciones para las que fueron elegidos, sino que encima el instructor de la sentencia se permite sentar una doctrina ‘sui generis’ sobre la libertad de información. Como según él ésta está monopolizada por los medios de información privados, “resulta obligado cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación”. Entre las que al parecer está las de cortar el paso, insultar, empujar, pintarrajear las personas y abollar coches.

Esta pérdida del sentido de los límites no es exclusiva de algunos sectores de la judicatura. Ahí tenemos al Sr. ministro de Justicia recibiendo amablemente las intimaciones a que conceda el indulto a seis piqueteros violentos de esos que revientan persianas de negocios, derriban mesas, agreden a los que no quieren hacer huelga, etc. Aunque…, si se atiende a las virtudes cívicas que caracterizan a los sindicalistas suplicantes, el ministro no tendrá más remedio que acceder a sus ruegos. Además, aunque las sanciones se han aplicado a sólo a unos pocos, entrañan un agravio comparativo respecto de los que hace dos o tres años sabotearon varios días el metro y los derechos de millones de viajeros en Madrid, o los controladores aéreos, que dejaron a cientos de miles de vacacionistas en tierra en defensa de sus enormes privilegios laborales y salariales. Hasta ahora, todos toditos se han ido de rositas.

En fin, ya lo saben: unas escasas sentencias condenatorias contra algunos de los desaprensivos que nos toman por aves que desplumar harán que por unos días o semanas se nos baje el mal humor. Pero siempre estarán ahí los que parecen haber perdido el sentido de esa humilde aptitud moral, la sindéresis, para volver a amargarnos la vida y hace subir el cabreo de la gente.

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