Elpidio José Silva: el caso del pato disparando la escopeta

El TSJM cita al juez como impu­tado por fil­trar los co­rreos de Blesa

El fo­lletín en el que se ha con­ver­tido todo lo que rodea al caso ju­di­cial del hun­di­miento de Caja Madrid, ahora in­te­grada en Bankia, en los múl­ti­ples pro­cesos abiertos en los tri­bu­nales de­bido a la mayor crisis fi­nan­ciera de la his­toria es­pañola, ha dado otro paso más hacia el es­per­pento du­rante las úl­timas ho­ras. El juez Elpidio José Silva tendrá que de­clarar como impu­tado la pró­xima se­mana, en con­creto el miér­coles día 11, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, por fil­trar su­pues­ta­mente a la prensa los co­rreos de Miguel Blesa. Además Silva es de­nun­ciado ante los juz­gados por un po­sible de­lito de malos tratos psi­co­ló­gicos a una tes­tigo pro­te­gida.

No cabe ninguna duda de que el TSJM actúa obligado por las leyes. Pero si nos atenemos a la justificación de la denuncia del máximo órgano jurisdiccional de la Comunidad de Madrid, si se aplicara a todos los casos abiertos en la actualidad con presencia en los medios, previsiblemente desparecerían de las páginas de tribunales de la prensa española más del 90% de los procesos que recogen las páginas de tribunales en la prensa nacional y local. Porque si hiciéramos hoy mismo el ejercicio de los que publican en las páginas legales los mencionados diarios, constataríamos que la mayoría de las informaciones se refieren a casos a los que afecta el secreto del sumario. Hasta ahora los tribunales rara vez han actuado de forma similar. 

El hecho es que la Sala Civil y Penal del TSJM ha emitido un auto en el que llama a comparecer como testigos, a petición del fiscal, a ocho personas, varias de ellas abogados, que podrían haber sabido que el juez "tenía acceso al contenido de los correos, que estudiaron con él su posible utilidad o que le ayudaron a publicarlos". Con independencia de la moralidad que pueda suponérseles a las personas implicadas en las eventuales filtraciones, de actuarse de esta forma en todos los casos legales abiertos hoy en día, cambiaría por completo el panorama informativo de la realidad jurídica de nuestro país.  

El presidente de uno de los destacados bufetes penalistas comentaba a Capitalmadrid.com que aún admitiendo la necesidad de regular el procedimiento informativo en casos similares, una actuación de estas características podría poner en evidencia que no se aplica en nuestro país el principio de la igualdad ante la Justicia, por la sencilla razón de que no todos los casos son resueltos de la misma manera en las mismas condiciones.

Estas fuentes estiman que el caso se va a convertir en un objeto de estudio en las universidades y facultades de Derecho debido a que además, en la instrucción de la causa se requiere a la Editorial Planeta, editora de la publicación del libro de Silva "La justicia desahuciada", que le envíe todas y cada una de las versiones que el autor u otras personas por su encargo remitieron a la empresa.

La editorial deberá especificar las fechas de remisión y/o recepción de las páginas y versiones y los destinatarios o personas que entraron en conocimiento de su contenido ya que mantiene que hay indicios de que Silva pudo remitir las copias en octubre a varias personas, con datos genéricos obrantes en la causa penal, antes de la publicación en prensa de los correos.

El caso de la testigo

El resto del caso parece más comprensible por la excepcionalidad de las actuaciones. Porque la magistrada ha acordado deducir testimonio al Juzgado Decano de Madrid de las declaraciones prestadas en la investigación del caso por una testigo protegida. Está habría denunciado malos tratos psicológicos, vulneración de derechos fundamentales y falsedad documental que el juez Silva cometió presumiblemente al margen del ejercicio de su cargo como magistrado.

La magistrada ha tomado la decisión a instancias del Ministerio Público, que solicitó estas citaciones a partir de la elaboración de un informe policial con fecha de 22 de mayo que apunta que fue el juez Silva quien cometió un delito de revelación de secretos por la difusión en varios medios de comunicación de los 8.777 correos corporativos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

El informe aludía a las personas concretas, testigos en el caso, como Juan Moreno Yagüe, letrado del movimiento 15MpaRato, o Luis Suárez, de Ausbanc, que ejerció la acusación en nombre de Manos Limpias en el "caso Blesa", que pudieron ayudarle a estudiar su utilidad o publicación.

El procedimiento surge a partir de otro que tiene abierto el juez en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un delito de prevaricación continuada, dos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso de la Administración de Justicia por su investigación al exbanquero, al que encarceló en dos ocasiones, y por el que será juzgado a partir del próximo 7 de julio.

Jesús Gavilán, instructor de la causa, dedujo testimonio en enero ante los juzgados ordinarios y preguntó a la Fiscalía si la difusión de los correos podía suponer delitos de revelación de secretos y falta en la cadena de custodia de documentos.

El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, contestó que procedía abrir un procedimiento judicial para aclarar estos hechos e identificar a los responsables, puesto que son correos ilícitamente obtenidos, cuya mera difusión, con independencia en este caso de que formen o no parte de un procedimiento, ya podría dar lugar a un procedimiento penal.

El caso está siendo analizado a su vez entre medios jurídicos como una prueba para concluir si en España la Justicia es igual para todos o no. Mientras el proceso principal del caso Blesa parece encallado por las más diversas cuestiones de legalidad, todos los procedimientos contra el juez Silva, quien osó encarcelar al máximo exresponsable de la debacle de Bankia, Miguel Blesa, han cogido velocidad de crucero. Sin duda que el caso exige una reflexión.   

 

Artículos relacionados