POLÍTICA NACIONAL

Cataluña goza, casi, de dos soberanías paralelas

Eso sí, con la es­pe­ranza de que pronto una de las dos sobre

Las lla­madas a que don Felipe VI ejerza algún tipo de me­dia­ción entre el go­bierno del Estado y el de la Generalidad de Cataluña chocan con la di­fi­cultad de que frente a la so­be­ranía na­cio­nal, re­pre­sen­tada por el rey, se está al­zando de forma ra­pi­dí­sima un mo­vi­miento que ya ha to­mado en sus ma­nos, dentro de Cataluña, ji­rones de la so­be­ranía na­cional es­pañola en nombre de la ya pro­cla­mada so­be­ranía del pueblo ca­ta­lán. Según Crane Brinton, autor de "Anatomía de la re­vo­lu­ción", apa­rece una doble so­be­ranía cuando en una so­ciedad normal ya no es po­sible que dos ca­denas ins­ti­tu­cio­nales del mismo sis­tema ajusten sus di­fe­ren­cias. Es un sín­toma tí­pico de que se acerca una si­tua­ción re­vo­lu­cio­nara.

Cada una de esas soberanías toma decisiones opuestas a las de la otra, y exige obediencia a la parte de la sociedad que representa. "El gobierno - dice Brinton, encuentra... una oposición que está constituida no sólo por la hostilidad de partidos e individuos - cosa que ocurre a todo gobierno -, sino por un gobierno legal mejor organizado, con mejor personal y mejor disciplina".

A la vista de que el proceso soberanista catalán ha sido llevado por las élites que lo dirigen a un punto cercano a la ruptura institucional, sin que se le haya cortado el paso, o detenido su crecimiento, o disuadido de tomar ulteriores medidas, no queda sino reconocer la mejor competencia y aptitud de quienes lo gestionan.

Las muestras de soberanía paralela se han dado hasta ahora en varios planos de la vida política catalana. El más audaz de ellos fue sin duda la declaración  por el ‘parlament' de la soberanía del pueblo catalán, en 2012. El Tribunal Constitucional pasó por alto el significado político de tal declaración, y sentenció que debía tomarse sólo como meramente declaratoria, sin consecuencia jurídica. Pero al movimiento independentista la declaración le basta y sobra para seguir construyendo los atributos propios de una soberanía paralela a la constitucional.

La enseñanza como propedéutica de la ideología

El lugar originario y preferente de este edificio institucional con soberanía paralela es la educación, terreno en el que la Generalidad ha ganado prácticamente la hegemonía con la casi absoluta exclusión del estado, incluidos el TC, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, por supuesto, el ministerio de Educación.

Las autoridades educativas de Cataluña rechazan la aplicación de la nueva ley orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), y tampoco muestran voluntad de cumplir los mandatos del Constitucional y de los tribunales de Cataluña, de hacer del castellano lengua vehicular, sin siquiera reconocerle derecho al 25% del horario lectivo, que es el porcentaje mínimo legal. La consejera de Educación, Irene Rigau, declaró recientemente, con ocasión de una manifestación en Barcelona contra la nueva ley del estado, que en el próximo curso se seguirá aplicando la misma política de inmersión lingüística.

Otra muestra de soberanía paralela es la desobediencia de la conocida como "ley de Banderas" por parte de multitud de municipios que no exhiben la bandera nacional. También entra en esta categoría la cesión de espacio en los consistorios municipales a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para la campaña "Firma: un Voto por la Independencia".

La ANC es el movimiento social especializado en la movilización de masas para apoyar  y trazar el rumbo a los partidos gobernantes y a la Generalidad, en su trayectoria soberanista, con el horizonte puesto en la independencia.

El censo electoral que permita convocar a la gente para votar en el pretendido referéndum sobre el "derecho a decidir" se formará mediante la aportación de los censos municipales, si el estado, como es previsible, no entrega para ese fin el censo electoral oficial. Esto no es sino otra forma de obtener un atributo paralelo de soberanía, la que dan las urnas.

También en el ámbito local, se acaba de proponer un proyecto de decreto-ley para otorgar instrumentos jurídicos a los ayuntamientos con los que oponerse al "desmantelamiento" de las competencias municipales, supuestamente recortadas por la ley estatal de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El nuevo decreto-ley del ‘govern' es "una herramienta jurídica transitoria", según el consejero de Presidencia, Francesc Homs, con la que cubrir la no entrada en vigor de los preceptos de la ley estatal.

La última incorporación a la lista de atributos estatales para la "soberanía doble" catalana es la pretensión, avanzada ya por Convergencia y Unión, de determinar la independencia según un porcentaje dado del voto favorable. El secretario general de CiU, Jordi Turull, declaró el martes último ante el Nueva Economía Forum que la independencia quedará legitimada con una doble condición: 50% de participación y 55% de ‘síes'.

Que venga el rey y lo arregle

Turull se  une  a la lista de personalidades que ponen en Felipe VI los ojos para amortiguar el choque con el estado. El nuevo rey, dijo, debe contribuir a "la profundización democrática", ya que "hay un 80% de los ciudadanos  que quieren votar", y pidió que don Felipe transmitiera al estado el mensaje de  que no debe  tener "miedo" a la consulta.

La lista de otras personalidades que se unen al coro de súplicas al nuevo rey para que medie ante Rajoy ha sido ofrecida en estas páginas por una crónica de Ramón Vilaró del último miércoles (Isidro Fainé, Gay de Montella, Antón Costas, Artus Mas).

Hace no muchas semanas, uno de ellos se mostraba escéptico sobre la posibilidad o la conveniencia de la consulta.  Según La Vanguardia de 16 de marzo, Joaquim Gay de Montellá, presidente de Fomento del Trabajo, veía "poco oportuna la convocatoria de una consulta por el parlamento de Cataluña". Fundamentaba su opinión en razones superiores, las del ideal europeo: "Hay que saber elegir el momento - dijo -. Ahora no es el de la Europa de las regiones. Es la Europa de los estados. Quizás más adelante, pero ahora no... En Europa no se nos escuchará".

Tres meses después Gay de Montellá, aunque ya ha cambiado de opinión, sigue apelando a la mediación de quien hasta ahora ha representado la soberanía nacional versión "hispánica": el rey. Según el diario El Mundo, el patrono catalán habría pedido al rey Juan Carlos su mediación para que en algún momento se celebre la consulta. Un referéndum, pensaba, es la única salida al actual clima de tensión independentista. Es necesario que se produzca una distensión, sugirió, y debe producirse antes de la próxima Diada.

Si los medios citados reflejan correctamente el sentir del presidente de aquella importante patronal, entonces quedaría probado el efecto desalentador que sobre capas sociales significativas está teniendo el ascenso de una doble soberanía, que ya estaría poniendo a prueba el temple y la voluntad de mantenerse por encima del conflicto de importantes capas sociales de Cataluña.

Relato al margen

Con el sólo propósito de ilustrar la radicalidad del poder paralelo y soberano que se ha construido en Cataluña en el área de la educación, recogeré aquí algunas impresiones mías, así como frases textuales, después de leer una crónica en La Vanguardia del 17 de junio sobre la primera aplicación de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, de Cataluña, que obliga a cinco escuelas a incrementar el número de horas en las que se imparte el castellano.

Los recursos contra la orden de las escuelas concernidas han sido rechazados, dice la autora de la crónica, por lo que éstas "no tienen más opción que acatar la sentencia". La redactora se muestra sorprendida: "Es la primera vez en los treinta años de escuela en catalán que un colegio cambia su proyecto educativo por orden judicial". De resultas de ello, observa, los niños cuyos padres reclamaron sus derechos ante el TSJC, "obligan a todos sus compañeros de clase a hacer las asignaturas que marca la sentencia en esta lengua (la castellana)". Qué niños tan malos...

Parece que el shock ha sido tremendo, ya que la autora nos asegura que

"Esto ha provocado un gran disgusto entre la mayoría de los padres de las escuelas que apoyan que el catalán sea la lengua vehicular para sus hijos".

También el claustro profesoral ha quedado conmocionado.  Imagínense su disgusto: "Para Septiembre, cuatro de las cinco escuelas tendrán que impartir una asignatura en castellano, aparte de la de lengua y literatura".

El disgusto de muchos padres es manifiesto, nos hace saber la desconsolada cronista: "En la Escuela Pía, por ejemplo, hay padres que no quieren que sus hijos vayan al grupo donde se imparta más castellano... ‘Nosotros también tenemos derecho a decidir la lengua en la que estudian nuestros hijos, y es el catalán'", señalaba un padre.

Más adelante la redactora  muestra comprensión por la drástica resolución de un padre indignado que dice: "El año que viene (mi hija) hará primaria y no quiero que vaya a la clase de castellano". ¡Toma convivencia!

Al final, las voces aisladas de los traumatizados padres forman un coro de protesta: "Ayer por la tarde, las familias de este centro comentaban la nueva medida a la salida de clase. ‘Hemos dado un paso atrás'", nos traslada la cronista como testimonio del rechazo que, según asegura, está produciendo una medida que hace cumplir lo que cinco padres consideran mejor para sus cinco hijos. ¡En toda Cataluña!

Seguro que tanta intolerancia por parte de unos padres llenos de celo por la supremacía del catalán la desaprobaría Artur Mas, quien no se cansa de prometernos que una separación entre España y Cataluña no podrá ser sino "amable".

Obsérvese que esa información totalmente sesgada contra la enseñanza del castellano se ofrece al lector en un diario que se publica en castellano, y que está presidido por un "Grande de España". Y es que aparte de dobles soberanías, en Cataluña también existe un doble discurso público. También en sus dos versiones se produce el intento de uno de ellos por desplazar al otro. Elijan aquel del que más sospechen.

 

Artículos relacionados