Es verdad que en la medida en que crece el nominal del PIB, el cociente del déficit y la deuda va a disminuir. Pero esta no es una medida específica para España. El reglamento aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo es de obligado cumplimiento en todos los países de la Unión.
Que el INE calcule que el PIB aumentará entre un 2,7 y un 4,5 %, entre 27.000 y 45.000 millones en términos absolutos, debido a la incorporación de nueva información estadística y de actividades ilegales como la producción y tráfico de drogas, la prostitución o el contrabando, es lógico. Los propios patronos de las empresas dedicado el negocio del cuerpo estiman que la facturación por el negocio de la prostitución alcanza en España una media de unos 18.000 millones de euros.
Tiene una derivada importante. Esta es una actividad que a día de hoy queda al margen de la inspección de Hacienda. Según la asociación de Inspectores, si se les cargara el tipo del 30 % que les corresponde el Ejecutivo español vería aumentar sus ingresos en unos 6.000 millones. Sin que el afloramiento de estas cantidades pueda suponer la solución a los problemas de la economía española, son una ayuda.
El ejecutivo comunitario ha diseñado un modelo para aplicar en todos los países de la Unión que trata de servir de apoyo para cumplir con los objetivos del reglamento comunitario.
Así, para calcular el montante de estas actividades que hoy figuran al margen de la ley, al menos de la obligación de retratarse con Hacienda, el Instituto Nacional de Estadística usará fuentes del servicio de Sanidad, las encuestas sobre drogas, los datos correspondientes a incautaciones y alijos, y cruzará los datos de consumo de tabaco con las de venta para determinar qué porcentaje puede ser de contrabando, además de contactar con asociaciones de sectores como el de la prostitución.
Los datos de los cálculos efectuados por el INE se conocerán el próximo 25 de septiembre, día fijado por Eurostat como la fecha límite para incluir estas modificaciones en todos los países de la UE. El objetivo del reglamento comunitario es adaptar la medición del indicador que determina la actividad de un país a la realidad económica. Los nuevos elementos incorporados ya se tienen en cuenta en 6 países comunitarios, además de responder a los criterios de Naciones Unidas que ya aplican economías como la de EEUU, Japón o Canadá.
Es más. La inclusión de las actividades ilegales en el cálculo del PIB ya se contemplaba en el SEC 1995. La dificultad de recogida de los datos llevó a Eurostat a pactar con los países miembros la creación de grupos de trabajo para desarrollar procedimientos y métodos comparables. La fecha límite para publicar las conclusiones es el próximo mes de septiembre.
Por el momento no se conocer la subida del PIB español que se podrá atribuir a las diversas nuevas actividades contempladas. Pero en el Reino Unido se ha calculado una subida entre el 4 y el 5 % del PIB, sólo un 0,6 se corresponde a actividades ilegales. En cambio en Holanda llegaría al 7,6 %.
Menos sentido en cambio tiene tratar de atribuir la medida al intento del Ejecutivo de Mariano Rajoy de rebajar los porcentajes de déficit y de deuda, como vía para cumplir más fácilmente los objetivos de Bruselas.
Tampoco se comprende la solicitud del PSOE de que acuda el presidente del INE al Congreso a explicar esta modificación como si España fuera el único país que la va a aplicar.
Aplicar un reglamento comunitario, como el que obliga a actualizar los criterios para contabilizar es sencillamente de obligado cumplimiento. Como muy bien sabe la dirección del PSOE.