POLÍTICA NACIONAL

El independentismo no encuentra eco en Europa

Rajoy no cree en la ma­yoría so­be­ra­nista de Cataluña

Mariano Rajoy y Artur Mas
Mariano Rajoy y Artur Mas

El frente in­de­pen­den­tista ca­ta­lán, en­ca­be­zado por el ‘govern' de la Generalidad, en­cuentra una opo­si­ción cada vez más ce­rrada en el in­te­rior y em­pieza a re­co­nocer que no dis­pone de apoyos en el ex­te­rior. Empecemos por lo afir­mado en primer lu­gar. En la se­sión de con­trol al go­bierno, de este miér­co­les, el pre­si­dente Rajoy se mostró es­cép­tico sobre la su­puesta abru­ma­dora ma­yoría que desea de­cidir sobre el fu­turo de Cataluña: "La so­ciedad ca­ta­lana es muy plural - dijo -, y tiene mu­chas de­man­das. Pero una que les une a todos es su­perar la crisis y los pro­blemas eco­nó­micos de la Generalidad... Esa es la de­manda en que coin­cide la ma­yo­ría. Y luego hay una de­manda de al­gunos par­tidos po­lí­ti­cos, sobre la cual ya se han pro­nun­ciado el Tribunal Constitucional y esta Cámara".

Como vemos, nos acercamos a las elecciones al parlamento europeo, a las vacaciones del verano y al 11 de Septiembre catalán sin que queden ya mucho margen o huecos de agenda para que el gobierno de Rajoy revise lo que ha dicho repetidamente al presidente Mas, a su gobierno y a las otras fuerzas soberanistas catalanas y repitió este miércoles.

La carencia de resultados en este frente interior (ver el exterior más abajo)  y las escasas esperanzas de romper el punto muerto en que se encuentra el pretendido referéndum o consulta sobre "el derecho a decidir", dejan al gobierno catalán ante tres disyuntivas: 1) retroceder y no convocarla alegando que el gobierno de Madrid no va a dar autorización antes de la fecha prevista para su celebración, el 9 de noviembre próximo; 2) celebrar una consulta bajo la ley catalana de ese nombre a finales de 2014 o en 2015; 3) y en el caso de que esta última consulta también sea declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, llevar la tensión política con el gobierno a una forma más o menos intensa de desobediencia civil e institucional, que puede incluir la declaración unilateral de independencia, con o sin previas elecciones catalanas en clave plebiscitaria.

Riesgo de perder la hegemonía político-social

En el caso de la disyuntiva 1), las consecuencias naturales son la ruptura del frente nacionalista, la pérdida de apoyo de este sector de la sociedad catalana a la coalición gobernante (Convergencia i Uniò) y el auge y victoria probables en las próximas elecciones autonómicas de la Esquerra Republicana, seguramente en coalición con Iniciativa per Catalunya-Els Verds, CUP y disidentes del partido socialista catalán. Este resultado desalentaría  y debilitaría a los sectores del nacionalismo burgués catalán (que hasta ahora no había perdido la dirección estratégica del proceso soberanista), como una prueba de su derrota en su intento de conducir Cataluña a su independencia y de seguir liderándola en la necesaria fase de reconstrucción nacional. Ni siquiera cuando gobernaba el Tripartito de izquierdas CiU había perdido la hegemonía político-social. Llegados a ese escenario, la secuencia de hechos políticos sería semejante a la previsible para la disyuntiva 3).

En la disyuntiva 2), si llegara a celebrarse esa consulta según una ley del parlamento catalán, su significado institucional será escaso, no así su significado político. Ningún supuesto constitucional sería obligatorio cambiar por el mero hecho de que la mayoría de los catalanes dijeran que quieren un estado propio. La constitución española sólo ofrece la posibilidad de negociar y cambiar, dentro de su propio marco, el status de una comunidad autónoma respetando la indisoluble unidad de la nación española, tal como dejó sentado la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la declaración de soberanía del parlamento catalán, que abrió y aceleró el proceso soberanista.

Sin embargo, en el supuesto 2, es claro que los resultados de la consulta serían por sí mismos un hecho político de gran significación, el cual podría dar base a conversaciones y negociaciones más conducentes en torno a aquellas pretensiones nacionalistas que pudieran ser compatibles con el marco constitucional, incluida su reforma.  El simple "tomar nota" por el gobierno del posible resultado de la consulta daría pie al dialogo que esa parte de la sociedad civil catalana, cuando deja descansar por algunas horas su discurso soberanista, no cesa de demandar.

Aunque la disyuntiva 3) no es la preferida por un gobierno socialmente conservador, el govern lanza continuamente señales de que no va a rehuir sus consecuencias. Así, dice estar preparando (eso sí, con medidas equívocas) la creación de una agencia tributaria catalana; se propone poner el censo electoral a disposición de los ayuntamientos gobernados por los nacionalistas, aunque ésa es una facultad reservada al estado; un grupo de juristas (entre los que se incluyen algunos jueces que se prestan a realizar tareas de asesoramiento no consentidas por el estatuto del juez) está preparando una constitución para un estado catalán y, como es ya práctica habitual de las autoridades educativas catalanas, se seguirá declarando que no es este el momento apropiado para aplicar las resoluciones del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que limitan los puntos más conflictivos de la política de inmersión lingüística en catalán.

Guiños y "lenguaje verbal"

Ahora bien, ¿qué credibilidad tienen esas medidas, que técnicamente insinúan un desenlace putativamente insurreccional por parte de una sociedad compleja, avanzada en muchos sectores industriales y mercantiles, culturalmente sofisticada e integrada económicamente de forma inseparable con España y Europa? Credibilidad, poca.

Es lo que no pudo evitar que trascendiera en su discurso político el candidato de CiU al parlamento europeo, Ramón Tremosa, quien hizo su primer acto de campaña en una conferencia ante la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País (SEBAP) y el foro Barcelona Tribuna, el pasado martes. Preguntado por La Vanguardia sobre los apoyo que el proceso soberanista catalán encuentra en Europa, Tremosa sólo pudo asegurar que "hay gestos, hay guiños", y dio a entender que ha captado en Europa "un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal", que él cree que es significativo porque prueba que ningún gobierno de Europa hace suyo el discurso del miedo y las amenazas contra Cataluña por parte del gobierno español.

En conclusión, la diplomacia catalana no ha logrado hasta ahora algún resultado digno de las ambiciones de los nacionalistas, por lo que se tienen que arreglar con "gestos y guiños". La ausencia del ‘president' en el reciente sesión del Congreso, en que se presentó la petición de autorización, para una consulta sobre el derecho a decidir, no es algo que ponga a Mas en la lista de los "Profiles in Courage" catalanes, a semejanza de aquellos ocho senadores traídos a la memoria de los norteamericanos por el presidente Kennedy.

El discurso del Sr. Tremosa es interesante también por la autoimagen que proyecta de Cataluña, como país perteneciente a la Europa del éxito, en parangón con el País Vasco y la Italia del Norte (citados expresamente), así como los países del norte de Europa, que son los países de "las buenas prácticas", como Luxemburgo, más influyente que un país grande como España. "La marca España - dijo - cotiza cero en los ámbitos de poder de la Unión Europea". En fin, no se desesperen los países y regiones del sur, nos tranquiliza Tremosa: "Europa no puede perder a Cataluña porque si no (sic) el sur se descuelga y el continente se rompe". Y es que "al final Europa quiere países que funcionen y no que hagan aguas por todas partes".

Tremosa también se ocupó de señalar cómo un "país que hace aguas por todas partes"  ha contribuido, aunque él no lo reconociera,  a "la gran victoria europea de Cataluña": el famoso Corredor Mediterráneo, que da salida a los tráficos procedentes de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y naturalmente Cataluña. Eso se logró, no porque lo quisieran el PP o el PSOE, ni como un compromiso entre intereses encontrados, ni tampoco por pacificar los ánimos, sino porque las instituciones europeas lo impusieron a España, que prefería el Corredor Central.

Todo proyecto y ambición política de los gobiernos descansa sobre un cálculo geopolítico. Es evidente que el beneficio que Cataluña ha sacado de su renta de situación geopolítica ha ido, en esto del Corredor Mediterráneo, en algún menoscabo para otras regiones de España que no gozan de esa renta de situación, como todo el centro de la Península y Portugal. Pero eso es cuestión para otro día.

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