EL MONITOR DEL DÍA

La Agenda de Energía 2014-18 busca re­novar la ma­triz, re­ducir pre­cios con mayor com­pe­tencia y des­trabar in­ver­siones

Latinoamérica: la reforma energética chilena, una oportunidad para las empresas españolas

El Gobierno chi­leno de Bachelet im­pul­sará el gas na­tural y las ener­gías lim­pias

 Michelle Bachelet, presidenta de Chile
Michelle Bachelet, presidenta de Chile

La pre­si­denta de Chile, Michelle Bachelet, ha dado el pis­to­le­tazo de sa­lida a la re­forma del sector ener­gé­tico, al mismo tiempo que el Congreso aprobó su re­forma tri­bu­ta­ria. Se trata de las dos trans­for­ma­ciones clave que pro­metió para su nuevo man­dato con la meta de im­pulsar el desa­rrollo sos­te­nido y la com­pe­ti­ti­vidad del país. En ener­gía, la man­da­taria anunció in­ver­siones de 650 mi­llones de dó­lares para im­pulsar un am­bi­cioso plan que otorga al Estado un nuevo rol re­gu­la­torio y de pla­ni­fi­ca­ción y que busca re­novar la ma­triz con ener­gías lim­pias e im­pulsar el gas na­tural li­cuado y los com­bus­ti­bles no con­ven­cio­na­les; re­ducir pre­cios a par­ti­cu­lares y em­presas a través de una mayor com­pe­ten­cia; des­trabar in­ver­siones y re­cortar el dé­ficit ener­gé­tico. Para las em­presas es­paño­las, es­pe­cial­mente unas re­no­va­bles muy asen­tadas en el país, la Agenda Energética 2014-18 cons­ti­tuye una opor­tu­nidad de con­so­li­darse o en­trar en ese mer­cado. Las com­pañías chi­le­nas, de mo­mento, han cri­ti­cado más la re­forma tri­bu­taria que la ener­gé­tica.

La semana pasada, y en apenas dos días, Chile conoció la reforma energética que se avecina y su Cámara de Diputados dio el visto bueno a la reforma tributaria, dos de los cambios fundamentales de la presidenta, Michelle Bachelet, y unas transformaciones que no sólo afectarán a las empresas chilenas, sino que tendrán impacto para hispanas radicadas allí. Ambas medidas están incluidas en los 50 compromisos de los primeros cien días del nuevo Gobierno. La agenda energética presentada por Bachelet, que apuesta fuerte por el desarrollo del gas natural licuado y las energías renovables y regulará el mercado de distribución de gas natural para reducir costos en un país donde la industria gasista no está regulada, busca recuperar el papel del Estado en el sector y fijar un marco claro que brinde seguridad a inversores y ayude a bajar los altos precios de la energía en Chile.

La denominada Agenda de la Energía 2014-2018 concede, de hecho, al Estado un rol de planificador y potenciará la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), a la que se capitalizará con 400 millones de dólares. "El Estado tiene una responsabilidad, en él recae el liderazgo de las acciones que se emprendan en esa materia", destacó la mandataria, para quien la agenda tiene metas muy claras: cubrir las necesidades del país y marcar un verdadero punto de inflexión para que Chile tenga una matriz energética diversificada, equilibrada y sostenible. Para Bachelet, la falta de inversión de las generadoras en los últimos años y la baja competencia en el sector han reducido el suministro y duplicado los precios de la energía. "Chile tiene los precios de la electricidad y del gas más caros del área", dijo. Bachelet desgranó que en los últimos años el desarrollo de nuevos proyectos energéticos ha sido inferior a lo que requerían necesidades de la población y nivel de crecimiento de la economía, con un impacto negativo en la capacidad de suministro y una reducción de la llegada de nuevos actores y, por tanto, de la competencia en el mercado. Mientras, el ministro Pacheco criticaba a firmas del sector, Endesa, AES-Gener y Colbún, por no haber invertido en los últimos años los cuantiosos flujos generados.

La mandataria, que llamó a sector público y privado a trabajar de forma conjunta, señaló que la puesta en marcha de la agenda permitirá reducir los costes de generación y evitar una previsible alza del 34% en la factura de la luz en la próxima década. "La agenda concilia imperativos de crecimiento y de sustentabilidad", quien señaló que el país no se quedará sin energía, porque en la peor de las situaciones puede recurrir a sus centrales termoeléctricas de diesel, pero este combustible es muy contaminante y los precios pueden llegar a encarecerse. "No estamos hablando de apagones, eso no va ocurrir. Pero no podemos continuar en el inmovilismo porque de hacerlo en diez años el coste de la electricidad puede dispararse. Necesitamos energía más limpia, tecnología punta, fuentes de abastecimiento más seguras y más competencia en un mercado para bajar costos y reducir a la larga los precios que terminan pagando las familias y las industrias", agregó la presidenta.

Siete ejes

El proyecto refuerza al Estado como protagonista de regulación y gestión del sector energético, cuya producción está completamente en manos privadas. "El sector privado deberá esforzarse para revisar sus procedimientos e invertir en producción más limpia y eficiente", enfatizó Bachelet, que concretó que para cumplir las metas se realizará una inversión pública de 250 millones de dólares en cuatro años en energía, con financiación extra de 400 millones para capitalizar y fortalecer la estatal Enap, a la que se quiere convertir en "un actor relevante en búsqueda y suministro. Los expertos, por su parte, cifran en 1.000 millones de dólares la capitalización que precisaría Enap.

Para ampliar la competencia y reducir los precios, se modificarán las bases de licitación y se promocionará la entrada de nuevos actores al mercado. "El país necesita nuevas inversiones, mejorar la infraestructura de generación y transmisión. Sin energía no es posible crecer lo que la economía puede crecer", dijo ministro de Energía, Máximo Pacheco.

La reforma, que pretende sentar las bases del desarrollo del país en materia energética para los próximos 20 años, se basa en siete ejes principales, detallados por la presidenta. En primer lugar, la reforma marca un **nuevo **rol del Estado en el desarrollo energético, ya que se plantea fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Energía, modernizar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), dotar a Enap de un gobierno corporativo y elaborar una Política Energética de Estado.

En segundo término, se pretende una reducción de los precios de la energía, introduciendo una mayor competencia, eficiencia y diversificación en el mercado. Así, se busca mejorar la regulación de las licitaciones de suministro para clientes regulados, promover el uso del gas natural licuado en la generación eléctrica en reemplazo del diésel y generar medidas en favor de la eficiencia en distribución de gas de red a través de la regulación de tarifas. Santiago anunció ajustes en las licitaciones de bloques de clientes eléctricos para que postulen generadoras y lo hagan a precios un 25% menores a lo que se está contratando hoy. La principal innovación de esta medida será elevar el plazo de las licitaciones para que ingresen nuevos competidores.

La regulación del gas natural, clave

En este segundo punto, la reforma energética de Santiago, que juzga que la reforma del gas natural es clave para contener los precios, golpea el último bastión de un monopolio no regulado, ya que incluye la fijación tarifaria del gas natural. Para garantizar la seguridad de suministro ante la intermitencia de las renovables y bajar la contaminación y los precios del diésel, Chile apostará por el gas natural a medio plazo, del que quiere aumentar las compras y regular por primera vez la distribución, para bajar su precio. El Gobierno contempla ampliar la capacidad de la terminal de Quintero, una de las dos que tiene Chile para regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) que llega en barco, junto con la planta de Mejillones (recientemente ampliada) y la construcción de una tercera terminal en el centro-sur del país, impulsada por Enap.

En tercer lugar, la reforma persigue el desarrollo de recursos energéticos propios. Por ello, se apoyará el desarrollo hidroeléctrico con criterios de sustentabilidad; en un mayor estímulo a la integración de las energías renovables no convencionales (ERNC) en cumplimiento a la Ley 20/25; en la promoción de un mercado ERNC de autoconsumo socialmente eficiente y transversal y en el impulso a la geotermia, entre otros segmentos.

La Agenda busca, asimismo, **promover la  conectividad **para el desarrollo energético, para lo que estipula un nuevo marco regulatorio para el transporte de energía, la interconexión los sistemas eléctricos del norte (SING) y el centro-sur (SIG), unir y mejorar el sistema de trasmisión de la energía a lo largo del país; la generación de una reforma de los CDEC y la interconexión regional.

Mayor eficiencia

Lograr una mayor eficiencia en el consumo es otro punto clave. Para ello, se elaborará una nueva Ley de Eficiencia; se masificará el desarrollo de proyectos de este tipo, se apoyará la gestión de las municipalidades y se lanzarán campañas y programas educacionales. "La eficiencia energética será una política de Estado y constituirá una norma y no una excepción. Nuestra meta es que en 2025 seamos capaces de reducir en un 20% nuestro consumo eléctrico respecto del esperado para esa fecha", destacó Bachelet. Para ello se buscarán menores costes de distribución y un alza de la inversión sectorial. De momento, se cambiará la iluminación pública, se instalarán paneles solares en edificios públicos y se subsidiarán edificios con eficiencia térmica.

En sexto lugar, la Agenda pretende impulsar la inversión energética para el desarrollo del país, aspecto para el que se promoverán las capacidades de seguimiento y gestión de proyectos; se impulsarán licitaciones en coordinación con el Ministerio de Bienes Nacionales y se dará respaldo al desarrollo de proyectos de generación de base termoeléctricos que aporten energía segura al país y que cumplan con los estándares medioambientales.

En séptimo y último término, Santiago quiere promover la participación de **comunidades **en la implementación de proyectos y crear un nuevo ordenamiento territorial. La reforma prevé el desarrollo de una agenda de Ordenamiento Territorial para hidroelectricidad (la Agenda incluye la realización de un proceso de zonificación de cuencas hidrográficas donde se fijen las zonas con mayores posibilidades de realizar los proyectos); avanzar en un ordenamiento para fomentar el desarrollo energético y el diseño de estándares e institucionalidad para el desarrollo participativo de proyecto.

La participación y apoyo de las comunidades locales se juzga clave en un país donde muchas plantas sufren problemas legales, sobre todo termoeléctricas, con suspensiones debido a demandas ciudadanas por sus efectos contaminantes, o por oposición por motivos medioambientales, como el proyecto hidroeléctrico HidroAysén. Se trata, como explicó el Gobierno, de que las comunas que se vean afectadas por estos proyectos puedan verse beneficiadas a través de aportes en patentes municipales o por participación en las ventas o incluso utilidades de las empresas. "Ya no más beneficencia. El país en que la empresa podía llegar y pintar la escuela o hacer una multicancha, se acabó", dijo el ministro Pacheco.

La reforma anunciada por Bachelet ha sido bien acogida en términos generales por los grandes players privados del sector. Así, el presidente de Endesa Chile, Jorge Rosenblut  señaló que muestra "un esfuerzo y un interés de destrabar la inversión" y dijo que "no corresponde ahora hacer nuestra tarea". Por su parte, la firma Colbún indicó que "muestra la importancia del tema energético". A su vez, el gerente general de Enersis-Endesa, Ignacio  Antoñanzas, señalaba en abril  sobre la reforma energética que el tema es "francamente serio porque se está frenando la competitividad. "El diagnóstico es el correcto y ahora lo que debemos es alcanzar una solución que sea correcta", indicó, mientras que otros empresarios apuntaban que los retos de la industria energética son "la extrema judicialización de los proyectos y la carencia de una definición de una matriz energética razonable, a la par que indicaban que Chile no puede dar la espalda a la energía hidráulica.

Las empresas ajenas al sector son más críticas, ya que los precios de la energía y el impacto en sus costes es fuente de preocupación. "Para nosotros, como firma de telecomunicaciones, una de las cuentas más importantes es la energía", ha indicado Roberto Muñoz, gerente general de Telefónica Chile.

La reforma, sin embargo, tiene ganadores y perdedores. Y si la pública Enap está entre los primeros, Copec y Gasco se sitúan entre los que sufrirán mayor impacto. Los planes de introducir tarifas para aumentar competencia y diversificación y reducir costes afectarán muy directamente a Metrogás, filial de Gasco. Y no sólo en el gas sino también en el eléctrico, donde tres empresas concentran casi el 90% de la generación y son acusadas de no competir. "Buscamos disminuir los costes marginales de electricidad en 2017 en un 30% en el sistema interconectado central que provee al 90% de la población", dijo Bachelet, consciente de que "no hay recetas mágicas" y de que los problemas energéticos de Chile no se resuelven encendiendo o apagando un interruptor".

También Pacheco fue claro, al indicar que la agenda no permitirá reducir los precios de la electricidad de inmediato. "La cuenta de la luz no va a bajar. Los contratos son a 10-15 años de plazo y ese partido ya está jugado. Esto va a empezar a tener algún impacto cuando veamos que se sustituye la energía que se produce con diésel a cambio de gas, cuando se hagan nuevas licitaciones, que traerán más competencia y permitirán agregar tecnologías más limpias".

Cambiar la matriz, necesidad fundamental

Los expertos consideran que Chile debe duplicar su oferta energética en 2020 (hoy produce unos 18.000 megavatios) y diversificar su matriz para asegurar la competitividad. En un país en el que se han duplicado los precios en los últimos siete años, se necesita hallar una forma de asegurar que la industria minera (especialmente la del cobre, clave para el país) se mantenga competitiva y no pierda proyectos de inversión. "Pretendemos rebajar el precio de la energía un 30% y las cuentas de los consumidores  un 20%", apostilló Pacheco. El déficit y la incertidumbre de los últimos años en el sector han complicado la viabilidad de muchos proyectos mineros en el país, que es el mayor productor de cobre.

Para este año, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) proyecta un consumo de electricidad de parte de las mineras de 22,9 TWh, mientras que en 2025 el consumo esperado será de 41,1 TWh.

"Las industrias lo saben, en los últimos 10 años se han duplicado los precios por su consumo eléctrico. Queremos que nuevos actores entren al mercado, para eso rediseñaremos las bases de licitación para suministro en el corto y largo. Durante los últimos años Chile ha visto aumentar la demanda energética sobre todo por las inversiones en el sector minero, pero la generación no logró crecer a la par", señaló Pacheco, para quien resulta básico cambiar la matriz energética, que hoy está dominada por el carbón y el diésel, y aumentar el uso del gas natural licuado y de energías renovables no convencionales, como la solar y la eólica, que actualmente sólo tienen una participación del 6%.

El país importa el 97% del combustible fósil que utiliza, a pesar de contar con envidiables fuentes de energía: uno de los desiertos más áridos y con mayor radiación de mundo, la segunda cadena volcánica mundial, 4.000 kilómetros de costa y fuertes vientos. Por ello, Santiago quiere subir el peso de las renovables en la matriz al 20% en el horizonte de 2025 e impulsar las energías solar, eólica y mareomotriz, además de potenciar la exploración en geotermia, algo que genera grandes oportunidades a las empresas españolas del sector, que se hallan entre las más punteras del Planeta. Un 45% de la capacidad de generación eléctrica que se instalará entre 2014 y 2025 provendrá de energías renovables no convencionales.

"Chile tiene una tremenda oportunidad de convertirse en potencia regional si aprovecha los recursos renovables. Y no sólo los hídricos, sino que también de solar, eólica y mareomotriz. Vamos a incentivar tanto normativa como financieramente proyectos de esa naturaleza", dice el Gobierno en su Agenda.

Interés español

Para unas compañías españolas que ni siquiera entre 2009 y 2012, los peores años de la crisis, se replegaron en Chile, donde invirtieron en Chile más de 10.500 millones de dólares, lo que convirtió a España en el principal inversor en este país, y donde ya hay asentadas más de 1.200, con Telefónica, Repsol, BBVA, Santander, Sabadell, FCC y ACS en cabeza y Enel-Endesa, Iberdrola, **Gas Natural Fenosa **y Repsol como referentes en el sector energético, la reforma abre nuevas oportunidades, sobre todo en el negocio de renovables.

En Chile, las extraordinarias condiciones de irradiación solar y la experiencia española tanto en esta tecnología como en termosolar se han traducido en una abundante presencia de firmas del ramo, atraídas por los recursos extraordinarios en eólica, solar, hidráulica y biomasa, grandes compradores como las compañías mineras multinacionales y un convincente marco de estabilidad y seguridad jurídica. Abengoa acaba de obtener la aprobación ambiental para su proyecto termosolar, el mayor de la región, un plan de 110 MW de potencia instalada estará ubicado en el Cerro Dominador en la Región de Antofagasta, una de las zonas con mayor nivel de radiación solar en todo el mundo. **Solarpack **ya construyó en Chile la mayor planta fotovoltaica en Latinoamérica (25 MW) para la compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, la tercera mina más grande del país, además de desarrollar el proyecto Calama 3, la segunda planta fotovoltaica en Chile y la primera dedicada al autoconsumo, ubicada en la mina de Chuquicamata de Codelco.

En 2013 Acciona Energía anunciaba su primer proyecto eólico en Chile, el parque de Punta Palmeras (45 MW) tras un contrato con Colbún para vender la electricidad generada, además de levantar una planta termosolar de generación de calor para Minera El Tesoro, filial de Antofagasta Minerals. En el país también están ya instaladas y con proyectos en marcha Ibereólica, Gas Natural, Gamesa, Enerstar, Barlovento, ESA, Abantia, Elecnor, Ener, Endesa Eco (filial de Endesa), Generadores Eólicos de Navarra, Iberdrola (a través de Idener), CGS Renovables, T-Solar, Bogaris, Urbaser, Hidrolena, Nazca Energías Verdes, Gestmap, Emasesa, Fersa y muchas otras.

Futuro problemático para HidroAysén

De momento, la reforma no afecta al emblemático y controvertido proyecto hidroeléctrico de HidroAysén, capitaneado por Endesa, cuyo futuro podría estudiarse el próximo junio. Al respecto, el ministro  chileno de Energía, Máximo Pacheco, dijo que "la cuestión de HidroAysén es un caso distinto, que se abordará como un proyecto específico". "Ya hay fijado un consejo de ministros en junio, que presidirá el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, dedicado a resolver qué hacer con HidroAysén". Añadió, asimismo, que independientemente de la decisión que se adopte sobre HydroAysén, el desarrollo de planes hidráulicos para generar electricidad continuará" en Chile.

Aunque Bachelet no mencionó HidroAysén, el polémico proyecto, de 9.000 millones de dólares, fue descrito hace unos meses por la presidenta como "inviable" en su estado actual.** Y, de hecho **en el programa político de la presidenta en energía y minería, y junto a la promoción de un mayor uso de la generación eléctrica a través de gas natural, se expresaba la oposición a la construcción del proyecto. Mientras se aclara la cuestión, Endesa, que impulsa junto a la chilena Colbún (al 51% y 49% respectivamente) el proyecto de represa HidroAysén, pensado como el mayor complejo de generación eléctrica del país, ha expresado su intención de invertir 250 millones de dólares en el mayor complejo eólico de Chile, Parque Reinaco.

 

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