Alerta de que las compensaciones previstas podrían acabar considerándose ayuda de Estado

Alegato de Competencia contra Fomento: rechaza la adjudicación de 98 líneas de autobús por concesión

Cree inasumible que todo el territorio quede sujeto a la atribución de monopolios temporales en cada ruta

Rutas en Autobús
Rutas en Autobús

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) acaba de publicar todo un alegado contra la adjudicación en concesión de buena parte de las líneas de autobuses, que son titularidad del Estado y que tienen que renovarse al caducar el contrato vigente. Son un total de 98 y, a corto y medio plazo, se dilucida el futuro de 48 concesiones. Fomento ha tenido que someter, como es preceptivo, los pliegos de condiciones de los concursos al dictamen del organismo que preside Jose María Quemada y el pronunciamiento es demoledor. La Comisión, que analiza los pliegos desde el punto de vista de la regulación económica eficiente, cuestiona de forma genérica y por principios los inconvenientes que implica recurrir a un contrato de gestión de servicios públicos a la hora de prestar los servicios de transporte de viajeros por carretera.

Primero porque con­si­dera que cierra la po­si­bi­lidad de que otros ope­ra­dores puedan prestar el ser­vicio du­rante el pe­riodo de du­ra­ción del con­trato. Y au­menta así la pro­ba­bi­lidad de que el ad­ju­di­ca­tario ob­tenga rentas mo­no­po­lís­ti­cas.

Segundo, porque cree que una con­ce­sión de estas ca­rac­te­rís­ticas debe cum­plir la nor­ma­tiva de con­tratos de ser­vicio pú­blico eu­ro­pea, según la cual una con­tra­ta­ción así debe ga­ran­tizar que los ser­vi­cios serán "más fre­cuen­tes, más se­gu­ros, de mayor ca­lidad y más ba­ratos que los que el simple juego del mer­cado hu­biera per­mi­tido pres­tar". Si estas pres­ta­ciones no pueden ase­gu­rarse, lo con­ve­niente es dejar al mer­cado la pro­vi­sión de estos ser­vi­cios.

También de­nuncia que los tér­minos ge­ne­rales de los pliegos y la au­sencia de in­for­ma­ción de las rutas afec­tadas im­pide va­lorar si en las con­ce­siones se in­cluirán tra­yectos que es­ta­rían in­cluidos bajo las con­di­ciones de ser­vicio pú­blico frente a otros que po­drían ofre­cerse en ré­gimen de libre com­pe­ten­cia. No con­si­dera, a priori, asu­mible que todo el te­rri­torio deba quedar su­jeto a la atri­bu­ción de mo­no­po­lios tem­po­rales para su ex­plo­ta­ción ruta por ruta.

Finalmente, como úl­tima con­si­de­ra­ción ge­ne­ral, alerta de que los me­ca­nismos de com­pen­sa­ción a los ope­ra­dores po­drían acabar con­si­de­rán­dose po­sible ayuda de Estado en ciertos su­pues­tos.

En las ale­ga­ciones par­ti­cu­la­res, va­lora fa­vo­ra­ble­mente que se haya re­du­cido el pe­riodo má­ximo de las con­ce­siones hasta los 10 años, en com­pa­ra­ción con li­ci­ta­ciones pre­vias. No obs­tante, re­co­mienda que el ór­gano pro­po­nente va­lore si es más fa­vo­rable para la com­pe­tencia una du­ra­ción in­fe­rior de los con­tratos y que no coin­cidan ne­ce­sa­ria­mente con el má­ximo legal fi­jado.

Considera una res­tric­ción a la com­pe­tencia la obli­ga­ción de asumir el per­sonal que fa­vo­rece al con­ce­sio­nario exis­tente, en per­juicio de los po­si­bles ope­ra­dores en­tran­tes, por lo que debe jus­ti­fi­carse de­bi­da­mente y li­mi­tarse a lo es­tric­ta­mente pro­por­cio­nal.

En cuanto al nú­mero de vehículos y la an­ti­güedad de los mis­mos, señala que existen al­ter­na­tivas a la fi­ja­ción previa de los mis­mos, y se pro­pone su jus­ti­fi­ca­ción con pa­rá­me­tros ob­je­tivos que in­tro­duzcan las res­tric­ciones im­pres­cin­di­bles.

Sobre la in­tro­duc­ción de un canon que debe pagar el con­tra­tista, la CNMC re­cuerda la ca­pa­cidad que esta fi­gura tiene de al­terar sus­tan­cial­mente la di­ná­mica com­pe­ti­tiva de la li­ci­ta­ción y su re­sul­tado. Recomienda tam­bién uti­lizar de forma com­ple­men­taria y a pos­te­riori otras formas de pu­bli­cidad para atraer ofe­rentes a la li­ci­ta­ción, como re­vistas in­ter­na­cio­nales es­pe­cia­li­za­das.

Criterios ta­ri­fas

Finalmente, sobre los cri­te­rios de cuan­ti­fi­ca­ción de las ta­rifas con­si­dera que no es po­sible saber cómo se van a de­ter­minar por di­versas ra­zo­nes: porque la ta­rifa má­xima ad­mi­sible de re­fe­rencia no está de­fi­nida; y porque pre­vi­si­ble­mente se pu­bli­ca­rán, en cada li­ci­ta­ción, una serie de ele­mentos que de­ter­mi­narán la ta­rifa en cada con­ce­sión. Por ello, re­co­mienda su­primir al­gunas de estas re­fe­ren­cias, ya que res­tringen la com­pe­tencia en las li­ci­ta­ciones y pueden servir de re­fe­rencia a los li­ci­ta­dores a la hora de pre­sentar ofer­tas.

La CNMC aboga por que la re­fe­rencia para la pre­sen­ta­ción de ofertas com­pe­ti­tivas cuando se com­pite por el mer­cado esté in­te­grada por una es­truc­tura real de los costes de la con­ce­sión e in­for­ma­ción sobre la ta­rifa co­rres­pon­diente a la con­ce­sión que ha apli­cado el in­tere­sado.

Por su lado, las em­presas de au­to­buses tam­bién han de­cla­rado la guerra a esos pliegos de con­di­ciones y pre­sionan al Gobierno para que mo­di­fique sus pre­ten­siones de que la va­riable precio sea de­ci­siva en los con­cur­sos. La pa­tronal de em­presas de trans­porte en au­tobús Asintra ha en­viado una carta al Ministerio en la que ame­nazan con re­cu­rrir esos pliegos por es­timar des­pro­por­cio­nada la va­lo­ra­ción que se quiere dar a la oferta eco­nó­mica en de­tri­mento de otros puntos como la mo­der­ni­za­ción de las flotas o la ca­lidad de las mis­mas. Las em­presas de au­to­buses creen que esta de­ci­sión puede su­poner una merma en el ser­vicio para una re­duc­ción de ta­rifas que será leve o que in­cluso puede pro­vocar una guerra de ofertas te­me­ra­rias.

El Gobierno cen­tral, a través de la Secretaría General de Transporte, tiene bajo su tu­tela un total de 94 con­ce­siones de ser­vi­cios de au­tobús en todo el país. Estas mueven una fac­tu­ra­ción de unos 340 mi­llones de euros anua­les. El ne­gocio de las 48 con­ce­siones de au­to­buses ven­ci­das, cuya li­ci­ta­ción se lan­zará en las pró­ximas se­ma­nas, al­canza los 178 mi­llones al año.

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