EL MONITOR DEL DÍA

Caracas pide la coope­ra­ción de la em­presa pri­vada, a la que pro­mete ac­ceso a fondos in­ter­na­cio­nales

Latinoamérica: la gravedad de la crisis obliga a Maduro a reaccionar

Escepticismo opo­sitor ante la ofen­siva eco­nó­mica anun­ciada en Venezuela para reac­tivar pro­duc­ción, re­ducir in­fla­ción y ali­viar la es­casez

NIcolás Maduro, presidente de Venezuela
NIcolás Maduro, presidente de Venezuela

Acosado por las pro­testas ciu­da­danas y por una caó­tica si­tua­ción eco­nó­mica, el pre­si­dente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anun­ciado el lan­za­miento de otro pa­quete de me­didas eco­nó­micas que la opo­si­ción tilda de parche y que ex­pertos y eco­no­mistas juzgan es­caso, tardío e in­efi­caz, dada la in­sos­te­nible si­tua­ción eco­nó­mica de un país que, sin em­bargo, es uno de los más ricos de Latinoamérica y el prin­cipal pro­ductor y ex­por­tador de pe­tróleo de la re­gión. Venezuela afronta un ciclo de muy alta in­fla­ción y débil cre­ci­miento en medio de una ola de pro­testas contra el ré­gimen y de una grave po­la­ri­za­ción po­lí­tica. Las nuevas me­didas cons­ti­tuyen un nuevo in­tento de com­batir una es­casez que se está con­vir­tiendo en cró­nica, de re­ducir la in­fla­ción y de elevar la pro­duc­ción por parte de un Gobierno que no se plantea cam­biar el fondo de un mo­delo eco­nó­mico al que los ex­pertos con­si­deran el origen de la cri­sis. El FMI, que pro­nos­tica re­ce­sión en el país en 2014 y 2015 juzga que el país ne­ce­sita re­formas más pro­fundas que las anun­cia­das.

Ante la magnitud de la crisis, el presidente Maduro, ha anunciado una nueva ofensiva económica para reactivar la economía y llamado a la hasta ahora denostada y perseguida empresa privada a trabajar junto al Gobierno para aumentar la producción, atajar el desabastecimiento y controlar unos precios desbocados. La idea básica es fortalecer y ampliar la producción nacional y convertir a Venezuela en una potencia productiva, permitiendo al sector privado el acceso a fondos internacionales, al mismo tiempo que se agilizan los trámites de importación de alimentos y productos sanitarios.

El sucesor de Chávez, que acaba de cumplir un año en el poder, apeló a los empresarios del país a trabajar para construir una nueva economía y superar el rentismo petrolero, con el fin de atajar una inflación que ronda el 57% anual (la más alta de la región, pese a la existencia de control de precios), la caída del crecimiento y la agudización del desabastecimiento y escasez de productos básicos. Se trata de factores que, unidos al autoritarismo del régimen, la falta de libertad, la ofensiva contra la oposición, un manejo intervencionista de la economía y una asfixiante delincuencia (que sitúa al país entre las naciones con mayor tasa de criminalidad e inseguridad) han echado a la calle a decenas de miles de venezolanos, que vienen protagonizando la mayor ola de protestas en más de una década y la mayor revuelta conocida hasta ahora contra el chavismo. Las protestas han provocado en los últimos meses sangrientos altercados, con un saldo de 41 muertos y cientos de heridos y detenidos.

La protesta, agudizada tras el encarcelamiento en febrero del líder opositor Leopoldo López y la expulsión de la diputada opositora María Corina Machado del Parlamento, han exacerbado la situación en un país muy dividido entre quienes respaldan al Gobierno y quienes lo critican. Y han forzado en las últimas semanas al régimen de Maduro a establecer un diálogo político con la oposición que, por el momento, sigue sin fechas concretas, ya que el presidente ha focalizado en principio el esfuerzo de las conversaciones en la ofensiva económica junto a la empresa privada.

Momento muy difícil

La nueva ofensiva económica de Maduro se produce en un entorno crítico para el país. Los economistas llevan tiempo advirtiendo de que casi 15 años de políticas hostiles al sector privado han recortado el aparato productivo en más de la mitad de lo que era antes de que Chávez llegara al poder en 1999, que gran parte de los artículos provienen del exterior y que el país se acerca a la parálisis y al colapso. Según los expertos, la escasez de divisas para importar y exportar ha espoleado carestía y racionamiento (la falta de productos básicos llegó al 60,2% en marzo) y el IPC, que en febrero se elevó al 57,3%, uno de las mayores del mundo.

Destacan, además, que numerosas empresas cierran cada mes, víctimas de clima de inestabilidad, que el salario mínimo es ya el menor de Sudamérica (63 dólares mensuales) y que el exhaustivo control del tipo de cambio (con cuatro tipos, tres regulados por el Estado y uno paralelo o dólar lechuga) distorsiona la economía en un momento en el que caen las exportaciones de petróleo, la gran fuente de divisas, debido a la decreciente productividad de la estatal PDVSA.

Los economistas señalan, asimismo, que las medidas que viene adoptando el Gobierno para tratar de frenar lo que denomina "especulación" han deteriorado aún más una situación que juzgan que hunde su raíz en la política económica. Entre ellas, el registro único para empresas, creado para controlar las estructuras de coste de las compañías y planificar la entrega de dólares preferenciales y la creación de la Superintendencia de Precios para vigilar el cumplimiento de la nueva Ley de Precios Justos, que entró en vigor en enero y que establece para las empresas ganancias máximas de 30% e impone penas de hasta 14 años de cárcel para quienes violen los precios establecidos. La ley fue diseñada, según el presidente, para asegurar el abastecimiento y, desde su implantación, se han intensificaron las inspecciones y sanciones a los comercios para evitar el acaparamiento y combatir el contrabando.

Pero, según los expertos, este clima de control draconiano de precios, que ya dio sus primeros pasos en noviembre, cuando Maduro, ante la gran situación de desabastecimiento y una ola de saqueos, y en el contexto de la proximidad de elecciones municipales pidió al Congreso (y obtuvo) poderes legislativos especiales, ha espoleado aún más la escasez de alimentos y medicinas. Tras lograr esos poderes, Maduro empezó a instaurar leyes para fijar márgenes mínimos y máximos de ganancias en servicios y productos y "proteger al pueblo venezolano de los parásitos burgueses, especuladores y saqueadores".

En este contexto, y en un intento de rebajar la tensión, Maduro inició semanas atrás una ronda de diálogo con los empresarios privados, a quienes había venido acusando antes de impulsar una guerra económica y de aliarse con la oposición para derribarlo. En la cita, en la que pareció descubrir la pólvora ("es imposible el crecimiento sin inversión", destacó), no sólo tendió la mano al sector privado, sino que ofreció a las firmas acceso a millonarios fondos públicos para que inviertan en el aparato productivo, prometió agilizar los mecanismos de financiación y se comprometió a un diálogo con las empresas para identificar problemas estructurales y hallar soluciones conjuntas.

"Hagamos una iniciativa para tener una nueva economía, un nuevo proceso productivo que tenga tres componentes: producción, abastecimiento y precios justos", precisó el mandatario tras cerrar la primera sesión de la Conferencia Económica de Paz, convocada por Maduro en febrero y que reúne a empresarios, distribuidores y comercializadores con el fin de incluir a la empresa privada en planes de producción y sustitución de importaciones.

**Once motores **

En la conferencia, a la que asistieron cerca de 700 empresarios, el jefe de Estado enfatizó que se trata de "una oportunidad de oro para ponernos de acuerdo en el campo de la economía" e invitó a todos los sectores económicos del país a concretar una política conjunta para potenciar 11 motores de la economía, el petrolero, el petroquímico, la construcción, los sectores industrial y automotriz, el agropecuario, la agroindustria, el turismo, el textil y calzado, la minería, las comunicaciones y la tecnología".

Asimismo, prometió el pronto pago de parte de la multimillonaria deuda estatal con importadores, facilitar los trámites burocráticos para la importación de alimentos, material médico y bienes de primera necesidad y adoptar medidas para impulsar unas exportaciones hundidas. Sin dar muchos detalles, Maduro también planteó una "revolución fiscal para ensanchar la base de recaudación a los que más tienen y destacó que impulsará el turismo como palanca de crecimiento a través de un nuevo plan de expansión.

Maduro anunció que para dinamizar la producción nacional se habilitarán mecanismos de financiación a empresas privadas como el fondo China-Venezuela. "Pongo al servicio de este foro económico el fondo chino, el Fonden y el fondo Mercosur-ALBA, que contienen importantes recursos en divisas y en bolívares para dinamizar una nueva estrategia de inversión", dijo Maduro refiriéndose a unos mecanismos que manejan miles de millones de dólares. "Tenemos que reconocerlo, hoy por hoy, exportar desde Venezuela es la tarea más difícil que puede asumir cualquier sector. Es casi imposible, es como un castigo", dijo Maduro en un ataque de forzado realismo ante los empresarios de un país que importa la mayoría de bienes que consume.

"Tenemos que emprender una nueva ofensiva que permita reactivar los niveles de actividad y estimular la exportación, y con tres objetivos: impulsar la producción, garantizar el abastecimiento y defender unos precios justos.  Hay que producir más, producir mejor. Tenemos que producir en Venezuela todo, tenemos que acabar con la economía de puerto. Aquel capital internacional que esté en Venezuela y quiera trabajar, pues llegó la hora", dijo Maduro, quien también aspira a acabar con lo que denomina parasitismo rentista petrolero.

Aunque no precisó cuándo ni cómo estarán disponibles los fondos para el sector privado, el Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden), que se alimenta de los millonarios ingresos petroleros para invertirlos en obras de interés social, ha manejado desde su creación en 2005 más de 100.000 millones de dólares y es conocido como la caja negra del Gobierno. En cuanto al fondo chino, Venezuela tiene un millonario convenio con Pekín a través del que el gigante asiático le ha prestado al país más de 40.000 millones de dólares que Caracas paga con crudo. El año pasado, Maduro anunció que la inversión inicial para la creación del fondo ALBA-Mercosur fue de 1.000 millones de dólares.

Palo y zanahoria

No obstante, y mientras llamaba a la cooperación económica y anunciaba que el Estado facilitará la inversión a través de esos millonarios fondos, Maduro dejaba claro que se mantiene en guerra contra "la burguesía parasitaria y especuladora", guerra que inició en noviembre de 2013 al ordenar entre otras medidas rebajas compulsivas de precios y destacó que proseguirán los controles para frenar la inflación y las inspecciones a comercios para garantizar que se respete la ley que limita las ganancias al 30%, iniciativa que se ha saldado con masivas fiscalizaciones de comercios, expropiaciones de algunas tiendas acusadas de especular y descuentos forzados de más de 20% en el valor de algunos productos. Medidas que no frenaron el IPC y que han vaciado numerosas tiendas, al verse forzadas a vender sus existencias con los descuentos decretados y ante la escasez de divisas para importaciones.

En el ámbito monetario, y pese a que Chávez evitó a toda costa la devaluación del bolívar, Maduro ya ha practicado varias (inevitables, según los especialistas). En febrero de 2013 Venezuela devaluó casi un 50% su moneda frente al dólar (de 4,30 a 6,30 bolívares) y puso en marcha el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), un complejo dispositivo de subasta de divisas al que sólo pueden acceder empresas que demanden divisas para la importación y cumplan determinadas condiciones y requisitos. A comienzos de 2014, y en busca de dólares, el Gobierno anunció una devaluación del bolívar para ciertas transacciones como el turismo y las remesas. Se trató de la penúltima medida para debilitar la moneda y liberar dólares para un Gobierno necesitado de efectivo, ya que en marzo pasado se puso en marcha el Sicad II, calificado de "megadevaluacion" por la oposición.

De momento, los intentos de _sincerar _la cotización del bolívar no han dado grandes resultados en un país con un potente mercado negro (donde el precio del dólar suele triplicar el oficial) surgido en 2003, cuando Chávez impuso el control cambiario para tratar de evitar la fuga de capitales y de controlar el precio de los alimentos básicos y que genera graves distorsiones económicas.

Escepticismo

Pese a la oferta de** uso de dinero público para incentivar la inversión **privada, entre analistas y empresarios existen dudas de que la nueva ofensiva económica pueda ayudar a superar la crisis, en un contexto de alta incertidumbre política. La estrategia económica fue recibida con escepticismo por los analistas, que la describen como simple paliativo a una situación grave en la que los problemas económicos tienen su origen en el excesivo control estatal, la persecución del sector privado, la corrupción, el fracaso de las nacionalizaciones y la escasez de divisas extranjeras para importadores. Y que otean ya nuevas medidas como otra devaluación del bolívar, incrementar el precio de la gasolina, que en Venezuela, al ser subsidiada, genera enormes pérdidas al Estado o una cancelación progresiva de los acuerdos que Venezuela mantiene con diferentes países como Cuba y Nicaragua para intercambiar petróleo por diferentes bienes y servicios.

Los empresarios, que siguen preocupados con el mantenimiento de las fiscalizaciones de precios, juzgan que las medidas no resolverán la crisis, "ya que no atacan los factores que han generado los desajustes: una situación fiscal caracterizada por un déficit público del 15% del PIB que al ser imposible de financiar por vía ordinaria ha requerido impresión de dinero por el banco central, causando un exceso de liquidez; una pérdida significativa de reservas; un control cambiario que retrasa las importaciones y a su vez las estimula por la baja producción local; el estancamiento de la producción petrolera (fuente del 96% de las divisas) aunado a una PDVSA muy endeudada,  la política de estatización de sectores prioritarios y una mala la conducción de la economía".

En febrero, y en una entrevista con el diario El País, el presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, señalaba que la economía de Venezuela "pide a gritos un cambio" y aseguraba que el modelo chavista ha fracasado". Tras indicar que el desabastecimiento alcanza el 80%, que la inversión exterior se ha desplomado el 50% y que se sitúa en el menor nivel de Latinoamérica, ante la amenaza de expropiaciones, la inseguridad jurídica y la nacionalización de 1.200 empresas en los últimos diez años, concluía que el sector privado venezolano está siendo arrastrado aceleradamente hacia el colapso.

Por su parte, la oposición política juzga que la crisis viene propiciada por el propio modelo socialista puesto en marcha por el antecesor de Maduro, Hugo Chávez, un modelo intervencionista y fuertemente estatizado poco amigo de la iniciativa privada y de la inversión extranjera y que ha diezmado a la clase media del país. El líder de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y contendiente de Maduro en las últimas elecciones, Henrique Capriles, criticó el efecto de las medidas, que tildó de "puro reciclaje" y dijo que el Gobierno impulsa un "modelo fracasado".

Para la oposición, 14 años de modelo económico chavista han dejado una economía en ruinas. Como los empresarios, señalan que el pujante y clave sector petrolero sufre carencia de inversión y de gestión adecuada, que el tejido empresarial ha sido devastado y hay escasez de uno de cada cuatro productos básicos y denuncia la existencia de un fuerte déficit fiscal y deficiencias en el mercado cambiario. Según la MUD "ninguna de las medidas de Maduro está encaminada a la resolución de la crisis porque atacan las consecuencias y no las causas de la crisis. La oposición recuerda, además, que los mensajes de Maduro ahuyentan a los empresarios y a la inversión, que Venezuela está en el puesto 181 en el Doing Business (189 economías), que mide la facilidad para hacer negocios y que en libertad económica el país ocupa el puesto 175 entre 178 países, según Heritage Foundation.

Varapalo del FMI

Hace tan sólo unas semanas, el FMI expresó una gran inquietud por la situación económica del país, el único de la región que tendrá crecimiento negativo en 2014 y 2015, según las proyecciones del organismo. Según las nuevas previsiones de la entidad, el país registrará dos años de recesión, con una caída del PIB del 0,5% este año y del 1% en 2015, tras haber progresado un mínimo 1% en 2013, muy por debajo del 5,6% de 2012. "Venezuela está sumida en "grandes incertidumbres" y sus perspectivas a medio término "se han deteriorado", según el Fondo, que destaca los problemas de financiación externa y controles para generar una confianza que haga despegar la producción. Fuertemente estatizada, con un laxo control fiscal que contrasta con el férreo control de cambio y de precios, el país afronta un torbellino monetario e inflacionario.

Venezuela, que cerró 2013 con una inflación de 56,3%, cifra sin precedentes en 15 años del gobierno chavista y el mayor índice en Latinoamérica, podría terminar este año con una tasa de incremento del IPC del 50,7%. "Venezuela mantiene graves y persistentes desequilibrios macroeconómicos y políticas distorsionadoras" indicó el Fondo que ha recomendado al país ajuste profundos en la economía, mayor prudencia fiscal y evitar dinámicas desordenadas. En contraste, el Gobierno venezolano se fijó una meta de crecimiento de 4% para 2014 y una inflación entre 26% y el 28%.

En este contexto, la ofensiva anunciada por Chávez ha sido calificada de insuficiente por el Fondo. "Las medidas que anunció el presidente Maduro sirven para la recuperación de la economía, pero se necesita hacer más para salir de la crisis", según el director para América Latina del FMI, Alejandro Werner. El funcionario enfatizó que las medidas están encaminadas "a hacer frente a las presiones que sufre el mercado cambiario", que está bajo control estatal desde 2003. Werner evitó abundar sobre pasos concretos que debería dar el gobierno venezolano para hacer frente a la inflación y al desabastecimiento, dos problemas que repercuten directamente en la población.

El FMI, por otro lado, ha destacado en su último informe la preocupante dependencia de algunos países de la economía venezolana. "La deuda de estos países con Venezuela se eleva al 15% del PIB (Haití) y al 20% del PIB (Nicaragua)", según la entidad, para la que, algunos países de la región reciben un apoyo equivalente al 1,5% del PIB, por lo que un colapso en el país podría afectarlos seriamente. De hecho, días atrás, Moody's bajó  la nota de la deuda soberana de Cuba debido a la dependencia, sobre todo energética, de su economía con respecto de la situación en Venezuela.

 

 

 

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