TENDENCIAS DEL DINERO

La factura de la luz castiga a los consumidores domésticos por decisión política

Los costes de­ri­vados de im­pues­tos, gra­vá­menes y otras cargas que son in­tro­du­cidos por los go­biernos para fi­nan­ciar las po­lí­ticas pú­blicas re­pre­sentan más de la mitad del total del precio final de la elec­tri­cidad en España para con­su­mi­dores do­més­ti­cos, según el in­forme ela­bo­rado por David Robinson del Oxford Institute for Energy Studies sobre "Análisis com­pa­ra­tivo de los pre­cios de la elec­tri­cidad en la Unión Europea: una pers­pec­tiva es­paño­la". La di­fe­rencia entre el precio final de la elec­tri­cidad en España y los costes de­ri­vados de los mer­cados eléc­tricos li­bres o com­pe­ti­tivos (mayorista y mi­no­rista) y de las ac­ti­vi­dades re­gu­ladas de redes es lo que el autor de­no­mina la "cuña gu­ber­na­men­tal" ("wedge", según el tér­mino in­glés), que re­pre­senta los costes aña­didos a la ta­rifa como con­se­cuencia de de­ci­siones po­lí­ti­cas.

Por cada 100 euros de la factura de luz, los consumidores domésticos pagan 49,10 euros por el coste real de la electricidad (generación a precios del mercado mayorista, suministro y coste de las redes). Los 50,90 euros restantes corresponden a impuestos y a la financiación de políticas públicas.

Esta "cuña gubernamental" disminuye de forma ostensible para la mediana y gran industria, que se beneficia de la posibilidad de soportar una parte sustancialmente menor de los gravámenes y cargos gubernamentales, así como de la posibilidad de recuperar el IVA.

En comparación con la UE, España sale relativamente favorecida en cuanto a los precios para consumidores industriales. Sin embargo, el informe demuestra que los precios pagados por los consumidores domésticos españoles se encuentran entre los más altos de la UE, como consecuencia fundamentalmente de la "cuña gubernamental".

Concretamente, el primer semestre de 2013, España ocupó el decimoséptimo puesto de la UE en lo que se refiere a precios para grandes consumidores industriales (consumo anual de entre 70.000 y 150.000 MWh), es decir, que había dieciséis países, entre ellos Italia, Alemania, Reino Unido y Portugal, con precios más altos. En el mismo período, y para las industrias de tamaño medio (consumo anual de entre 500 y 2.000 MWh), España ocupó el noveno puesto.

Por el contrario,  entre el segundo semestre de 2007 y el primer semestre de 2013, los precios para los consumidores domésticos aumentaron un 59,1% en España, con el resultado de que los precios españoles pasaron de situarse ligeramente por debajo de la media de la UE en 2008, a situarse por encima de ella en 2013. En 2007, España ocupaba un puesto intermedio (concretamente, el 12) entre los países de la UE con mayores precios de la electricidad para consumidores domésticos (de entre 2.500 kWh y 5.000 kWh de consumo anual); sin embargo, ha pasado al sexto lugar en el primer semestre de 2013, lo que quiere decir que sólo cinco países comunitarios los tienen más caros.

El análisis comparativo pone de manifiesto que, como consecuencia de la "cuña gubernamental", España tiene uno de los precios eléctricos para usos domésticos más altos de la Unión Europea, a pesar de que sus costes de distribución están entre los más bajos de la UE y sus costes de generación, reflejados en el precio mayorista, están en línea con los otros grandes mercados europeos.

El informe determina que los precios finales al consumidor en España, especialmente para los consumidores más pequeños, han aumentado más rápido que la media ponderada de la UE-27 entre 2008 y 2012, mientras que el precio de los mercados mayoristas españoles (el coste de la energía puesto en la red) ha seguido en gran medida la tendencia de estabilidad de otros países de la UE.

Del dictamen se deduce que una proporción cada vez menor del precio de la electricidad en la UE está sujeta a la disciplina del mercado competitivo o a la regulación de las actividades de redes, y que una parte cada vez mayor depende de decisiones políticas. Así pues, la "cuña gubernamental" para los precios de la electricidad residencial está creciendo en toda la UE. Sin embargo, este crecimiento ha sido más acusado en España que en la mayoría del resto de países comunitarios, especialmente para los consumidores más pequeños.

En opinión del autor del informe, el primer reto requiere un mayor recurso a la competencia y al mercado para el desarrollo y despliegue de las tecnologías bajas en carbono, así como el uso de otros medios de financiación de las políticas públicas. El segundo desafío necesita de un análisis más cuidadoso y crítico, y con una mayor transparencia pública, en lo que se refiere a la asignación de costes a las diferentes categorías de consumidores, así como su impacto en la competitividad internacional de las empresas europeas y españolas.

 

  • La oferta y la demanda es Ley para unos y no para otros

La crisis económica que ha atenazado a España en los últimos años, ha tenido la virtualidad de retratar a los principales actores  de nuestra economía y señalar a quienes han sabido interpretar un principio tan básico como el de la oferta y la demanda y quienes han ignorado tan elemental norma,  buscando vías heterodoxas para resolver sus problemas.

La ley de la oferta y la demanda,  el más primario de los principios sobre el que se sustenta la economía refleja, desde que alguien se atrevió a enunciarlo, la relación entre la demanda que existe de un bien en el mercado y la cantidad del mismo que es ofrecido en base al precio que se establezca.

Aunque queda pendiente el estudio pormenorizado de qué sectores de la economía española tienen claro que la citada teoría es el eje sobre el que gravita  el correcto funcionamiento de la economía de mercado, partiendo siempre de que existe una cierta propensión de todo empresario a tratar de ignorar que dentro de un mercado de competencia perfecta, el precio de un bien se situará en un "punto de equilibrio" donde la demanda sea igual a la oferta", la crisis nos ha demostrado que mientras hay muchos sectores que se han ajustado a este principio básico, otros han buscado caminos de privilegio para resolver sus problemas recurriendo a "Papa Estado", quien solícito, ha aceptado su papel, bajo el compromiso de que no costara un duro a los ciudadanos, lo cual siempre está por ver.

Este último grupo está encabezado por el sector de concesionarias de las autopistas que han visto como sus expectativas de negocio han experimentado una espectacular caída sin que en ningún momento sus componentes hayan optado por reducir sus tarifas en un intento de buscar incrementar su clientela, prefiriendo pasar al Estado la pelota, ignorando el principio de ajustar la oferta a la demanda que, en último extremo, no les ha impedido jugar con las tarifas -siempre al alza- cuando se producen picos de demanda como es el caso de los fines de semana.

En el lado opuesto podríamos encontrar multitud de empresas que pelean por competir y encontrar su hueco en el mercado y captar clientes, aunque puestos a elegir uno representativo elegiríamos uno muy ligado a la inmigración y que en estos años pasados ha experimentado en ciertas zonas urbanas un espectacular boom: las peluquerías "de caballeros".

Oficiando de peluqueros inmigrantes magrebíes, no es difícil encontrar en muchas ciudades españolas experiencias sorprendentes en este oficio que permiten al ciudadano obtener el mismo servicio y la misma calidad por un precio que llega a ser tres veces inferior al que pueda tener un establecimiento histórico y cercano que, lejos de ajustar precios, ha ido subiéndolos año tras año. Y además, como anuncian a bombo y platillo estos nuevos establecimientos, precio especial para jubilados: 4/5 €.

 

 

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