Los bancos acree­dores no están de acuerdo en quién man­dará en la Pescanova sa­neada y a qué precio

El conflicto entre Damm-Luxempart y la banca, algo más que los 300 millones de deuda recuperable

Las apor­ta­ciones de efec­tivo ini­cial que ambas partes están dis­puestas a rea­lizar son prác­ti­ca­mente iguales

Grupo Pescanova
Grupo Pescanova

Comienza la úl­tima se­mana de in­cer­ti­dumbre en torno al fu­turo de Pescanova. El alar­ga­miento del plazo dado por el juez de lo mer­cantil para que los acree­dores fi­nan­cieros se ad­hieran o no a la pro­puesta rea­li­zada por Damm y el fondo Luxempart tras­lada la línea roja a las tres de la tarde del pró­ximo mar­tes, día 30 de abril, aunque las dis­tan­cias entre la banca y los au­tores de la pro­puesta de acuerdo pa­recen in­sal­va­bles. Esta di­fi­cultad se ve agra­vada por el hecho de que el propio juez ha ne­gado en su auto la po­si­bi­lidad de que se al­tere el con­te­nido de la pro­puesta, cuyas ci­fras no gustan a los ban­cos. Además, la di­fe­rencia no con­siste sólo en los 300 mi­llones que se­paran la deuda re­cu­pe­rable por la banca (la pro­puesta re­co­noce 700 mi­llones y la banca quiere mil), sino que es más pro­funda y tiene que ver con quién man­dará en la Pescanova sa­neada y a qué pre­cio.

En esta situación, los únicos que tienen claro que perderán hasta la camisa son los minoritarios, que después de más de un año con las acciones suspendidas de cotización, ven cómo cualquiera de las soluciones propuestas les dejan prácticamente al margen y sin muchas posibilidades de deshacer sus posiciones.

Las tres de la tarde del próximo 30 de abril son la hora H del día D en la búsqueda de una solución para Pescanova. A partir de esa hora, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra, donde se dirime el concurso de acreedores presentado por la empresa, dejará de admitir adhesiones por escrito a la única oferta formal de acuerdo, presentada por Damm y el fondo Luxempart. Después de quince días para pensárselo, en los que se han sucedido innumerables reuniones formales e informales entre los representantes de las entidades financieras atrapadas por el concurso de acreedores de Pescanova, la banca decidió agotar el plazo sin presentar el número de adhesiones necesario para refrendar el acuerdo. Hace falta el 50% más uno, pero la cifra no se ha alcanzado porque los bancos españoles, que también creen (según dicen) en la viabilidad de Pescanova, no están de acuerdo con la fórmula propuesta por los autores de la única propuesta presentada.

Oficialmente, la diferencia insalvable que distancia a los bancos de Damm y Luxempart es que, según la banca, en las conversaciones previas a la presentación de la propuesta las entidades financieras habían pactado que la quita de deuda, aunque abultada, aseguraría la posibilidad de cobrar mil millones de los algo más de 3.000 millones de deuda financiera acumulada por Pescanova. La propuesta final presentada en el Juzgado sólo prevé la recuperación de 700 millones y eso encrespó a los bancos, que en sus contactos con el administrador judicial de Pescanova (la auditora Deloitte) han acusado a Damm y Luxempart de haberles traicionado con su oferta. Las entidades financieras tampoco han hecho muy buenas migas con la propia Deloitte, ya que como administrador judicial ha respaldado la oferta de Damm y Luxempart, lo que ha dejado a los bancos como enemigos, "cuando no sólo no lo somos, sino que confiamos tanto o más que los presentadores de la oferta en el futuro de Pescanova", dicen a Capitalmadrid fuentes financieras, que añaden que "la confianza en el futuro de la sociedad no significa que vayamos a asegurarlo a cualquier precio y que nos dejen casi sin voz ni voto en el futuro inmediato de Pescanova".

En las actuales circunstancias, caben dos posibilidades. La primera, que finalmente la banca acepte formalmente el acuerdo y se adhieran al mismo el número suficiente de entidades financieras. En este caso, lo probable es que después, en el transcurso de la aplicación del acuerdo, ambas partes (Damm y Luexpart por un lado, y los acreedores financieros por otro) pactaran una modificación sobrevenida que pusiera la cifra de deuda recuperable en los mil millones. Damm y Luxempart han dicho en repetidas ocasiones que con esa cifra las cuentas no salen. Y los bancos mantienen que con una recuperación por debajo de los mil millones no entran en el acuerdo. Pero esa es sólo la punta del iceberg. Lo cierto es que las entidades financieras no les gusta nada que en la propuesta a la que tienen que adherirse para que salga adelante el acuerdo, los autores de la oferta les hayan dejado la posibilidad de quedarse con un 34,6% del capital de la Nueva Pescanova, para lo cual podrían perdonar 25 millones de euros en créditos para convertirlos en capital. Esa cifra representa únicamente el 0,8% de la deuda, que seguiría, pues, en los mismos niveles que ahora (era de 3.167 millones en la última auditoría corregida de 2012) y la quita de más de 2.000 millones que les exige el acuerdo les dejaría fuera del circuito de mando y control de la gestión de la sociedad. Las entidades financieras se plantean entonces un plan B, que es la segunda de las opciones, en el que se aseguren que sus planteamientos van a ser respetados en el futuro.

Los bancos consideran que la fórmula presentada en el Juzgado les obliga a apuntarse las pérdidas por los créditos fallidos que supone la quita de deuda, sin una contrapartida de poder. "Al final, Damm y Luxempart ponen muy poco dinero y se quedan con el control de la sociedad, cuyo saneamiento corre a cargo de los bancos", dicen las fuentes consultadas por Capitalmadrid. Pero, ¿cómo lograrlo si los plazos se agotan sin adhesiones suficientes y la empresa entra en proceso de liquidación? Pues justo ahí, en ese paso, es cuando las entidades financieras pueden acudir al Juzgado a comprar Pescanova. La liquidación es un proceso en el cual el Juzgado subasta la empresa para con lo que saque poder pagar a los acreedores (fundamentalmente bancos y proveedores en este caso, ya que no constan grandes deudas con organismos públicos como Hacienda o la Seguridad Social, que tendrían preferencia en el cobro). Si son los propios acreedores los que compran la empresa para pagarse a sí mismos, la cosa es bastante sencilla y sólo podría pararse la operación desde fuera ofreciendo en la puja más dinero del que pongan los bancos encima de la mesa, que entre otras cosas pueden poner el perdón de una parte de la deuda, lo cual obligaría a los otros oferentes a fuertes desembolsos.

Aunque el proceso pueda parecer algo más lioso que si se aplica directamente la propuesta de acuerdo presentada en el Juzgado, lo cierto es que si hay un número suficiente de bancos dispuestos a llevarlo a cabo, tampoco sería muy difícil hacerse con el control de Pescanova. La legislación española juega a favor, ya que el decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 7 de marzo sobre refinanciación de deudas empresariales podría incluso parar la liquidación una vez que la actual oferta haya sido rechazada, si es que al final los bancos la rechazan. Con esta nueva norma en la mano, un grupo de acreedores financieros que sumen el 60% de la deuda pueden parar la liquidación de la sociedad sólo con presentar en el Juzgado un plan de viabilidad y convertir deuda en capital por el importe suficiente para asegurar la actividad empresarial de Pescanova. De momento, la oferta presentada debe seguir su curso, porque estaba admitida a trámite antes de que el Gobierno aprobara el decreto-ley, pero una vez cumplidos los plazos, el proceso podría dar un giro.

En caso de que la banca optara por su plan B, cuyas líneas generales fueron puestas ya hace semanas en conocimiento del administrador concursal, la quita efectiva de deuda financiera aseguraría a las entidades financieras la posibilidad de cobrar mil millones de euros y les otorgaría una mayoría superior al 90% del capital de Pescanova si finalmente convierten el capital los 2.000 millones de euros de deuda que le dijeron al administrador judicial. Con la nueva ley en la mano, los bancos no tendrían que hacer una OPA por la parte restante ni siquiera aunque acuerden por escrito, mediante un pacto parasocial, ejercer sus derechos de voto de forma concertada. Y por otra parte, los mil millones de deuda recuperable saldrían automáticamente de la línea de préstamos morosos para ser considerados créditos normales, lo que les daría la posibilidad de anotar como beneficio las provisiones realizadas por los mismos en ejercicios anteriores.

En su plan B, las entidades financieras le dijeron al administrador judicial que están dispuestas a poner 115 millones de euros para garantizar en el corto plazo la viabilidad empresarial de Pescanova. Esta cifra es inferior a los 150 millones de euros que ponen Damm y Luxempart, según la propuesta de acuerdo, pero en el fondo son prácticamente iguales si se miran con un poco más de profundidad. Los 150 millones de la oferta de acuerdo vienen de sumar 35 millones para fondo de maniobra a los 26 millones para financiar a las filiales nacionales, los 54 millones necesarios para las filiales internacionales, los 13 millones de coste de la deuda, los cinco millones para costes del proceso judicial y los 18 millones que debe devolver a la banca por el adelanto que hizo para poder continuar su actividad. Estos últimos 18 millones vencen el día 28 de abril, justo un día antes del final del plazo judicial para la adhesión al acuerdo, y la banca puede perfectamente refinanciarlos, con lo que la cifra bajaría. Del mismo modo, la financiación de las filiales podría salir más barata si los bancos refinancian sus deudas, tal y como tienen previsto en su plan B, en lugar de llevar a las nacionales a un proceso de concursos de acreedores rápidos a los que se han opuesto las entidades financieras. Así pues, el dinero que ponen ambas partes encima de la mesa no es tan diferente.

Préstamos a alto tipo de interés

Además (ver Capitalmadrid del pasado 9 de marzo de 2014), de los 150 millones que propone el acuerdo, un total de 112,5 millones provendrían de un préstamo al 15% de interés, del que Damm y Luxempart pondrían el 30%. Por otra parte, con el fin de salvar la viabilidad contable, la propuesta de acuerdo prevé la creación de otra nueva empresa (Nueva Pescanova), en la que los actuales accionistas de Pescanova (excluidos Damm y Luxempart) tendrían menos del 5% del capital. Si triunfara el plan B de los bancos, los 2.000 millones de capital nuevo que entraría a formar parte de los recursos propios de la sociedad mediante la conversión de deuda en acciones volvería a poner en positivo el patrimonio neto de Pescanova (actualmente es de 1.500 millones negativos) y evitaría la necesidad de tener que crear una nueva sociedad que absorba a la primera y ajuste los saldos contables mediante la cuantificación de los activos que aporta a la fusión.

Sea cual sea la solución que al final se adopte para Pescanova, los que sí perderán seguro serán los minoritarios, que ven cómo los 5,9 euros a los que cotizaba la sociedad en día en que su cotización quedó suspendida (el 1 de marzo de 2013) se ven como una quimera. Sobre cuál sería el valor al que cotizaría la Nueva Pescanova no existen ni siquiera conjeturas. Además, los actuales poseedores de acciones de Pescanova deberían recibir títulos de la nueva sociedad absorbente en un canje que aún es ciencia-ficción. Si se realizase el plan B de la banca, los 2.000 millones de nuevo capital se sumarían al actual produciendo una importantísima dilución.

En concreto, el valor nominal de las acciones de Pescanova es de 6 euros. Si se mantuviera inalterado, la sociedad tendría que emitir 333,3 millones de acciones nuevas para dárselas a las entidades financieras a cambio de su perdón de la deuda. Esto produciría una dilución de tal calibre que dejaría en manos de los bancos el 92% del capital de la sociedad. Aquí sí es posible realizar un cálculo, al menos teórico, de cuál sería la nueva cotización de salida de Pescanova tras esta macroampliación de capital, y según las fórmulas utilizadas para este tipo de operaciones, el valor en Bolsa de los títulos no superaría los cincuenta céntimos de euro.

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